“Milani debe jurar lealtad a la Constitución, no a una facción”

Si, cuando celebrábamos jubilosamente el retorno de la democracia, nos hubieran dicho que el jefe del Ejército Argentino se vería envuelto en una discusión sobre desaparición de personas, seguramente habríamos pensado que este hecho inconcebible no era parte de la realidad.
Sin embargo, lamentablemente, esta semana el caso Milani ha sido llevado a la Secretaría de Derechos Humanos por el senador Gerardo Morales, el ex fiscal Strassera, Ricardo Gil Lavedra y otros legisladores.
Un tema terrible e impensable del cual hablamos largamente con el senador Gerardo Morales.
—Usted subrayaba, senador, que la gravedad está dada también por el rol que le toca al Ejército…
—Yo diría que –explica Morales–, aun cuando el caso Milani es naturalmente preocupante por los antecedentes que cada vez reciben más confirmación acerca de su directa participación en violaciones a los derechos humanos, lo más grave es el franco retroceso que impone este gobierno a lo que ha sido la columna vertebral de la recuperación de la democracia. Y me refiero a la definición que se dio en 1983, ’84 y ’85 al rol de las Fuerzas Armadas fuera de la política, alejadas de la política y alejadas de los asuntos internos. Lo que está haciendo entonces el Gobierno nacional es volver y desandar ese camino involucrando nuevamente a las Fuerzas no sólo en la política sino también en los partidos políticos. Y, repito, éste es un tema muy grave. Milani entonces, como jefe del Ejército, consuma un proyecto político que se viene desarrollando desde hace años. Incluso lo planteé en el año 2010, cuando señalé que él era el verdadero jefe del Ejército en cuanto al reparto de responsabilidades y al crecimiento de espías en la propia estructura del Ejército. Yo señalé entonces la existencia de caza de brujas entre sus propios camaradas y persecuciones ideológicas. Lo he planteado, decía, en la impugnación que hicimos cuando fue el momento del ascenso de Milani de general de brigada a general de división. Incluso en aquel momento señalamos que había que investigar a Milani por su participación en los hechos de La Rioja y de Tucumán. Esto dio motivo para que en 2011 hiciéramos un pedido de informes de acuerdo al Decreto 1172 de acceso a la información pública y, en 2012, una demanda en los Tribunales de Tucumán.
—Resulta entonces todavía más increíble la insistencia presidencial en nombrar y ascender a Milani…
—Así es. Sin embargo, los últimos hechos son todavía más increíbles. Pero volviendo a la gravedad de la situación, no sólo Milani jura por el proyecto nacional sino que, en una entrevista que le hace Página/12, él afirma adherir al “proyecto nacional y popular” de la presidenta Cristina Kirchner. Esto es muy grave porque las Fuerzas Armadas tienen que jurarle lealtad a la Constitución Nacional y no a un proyecto político ni a una facción. Y esto es, entonces, convertir el Ejército en una “facción”. Cabe preguntarse: ¿qué va a pasar cuando haya un cambio de gobierno (cosa que va a ocurrir) en 2015 y al Ejército no le parezca que el nuevo gobierno es “nacional y popular”? Repito, entonces, que éste es el tema más grave porque de allí se desprende algo que también han planteado el ex ministro de Defensa Jaunarena y otros analistas. Y me refiero al rol del Ejército como espía. Estoy hablando de espionaje, de inteligencia interna. Y también hablamos del Ejército como aparato clientelar del Gobierno, cosa que se desprende de esta concepción. Me parece, entonces, que éste es el tema más grave por lo vivido en Argentina y nuestras propias experiencias. No se trata sólo de Venezuela, aun cuando ése es, obviamente, el “modelo”, sino de las características de un país que ha vivido la desaparición de miles de personas. Creo también que a esta altura es vergonzoso e inaceptable que mantengan al general Milani en su puesto. Han aparecido pruebas contundentes. Por eso también la presentación que hago junto al ex fiscal Strassera y al doctor Gil Lavedra en la Secretaría de DD.HH. pues esa secretaría le ha dado cobertura y ha intentado garantizar su impunidad.
—Exactamente, ¿cómo ha actuado la Secretaría de DD.HH. en este caso?
—Yo soy vicepresidente de la Comisión de Acuerdos del Senado y estoy allí desde 2001. Le explico entonces que, en el caso de los ascensos militares, la comisión estila buscar dos antecedentes centrales. Uno es el informe de la Secretaría de DD.HH. del gobierno nacional, que posee los antecedentes de todos los militares, y el otro, un informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). También cuenta con los aportes de otros organismos de DD.HH. pero centralmente se guía por los dos primeros informes que le mencionaba. Los dos informes no llegaron hasta el lunes pasado, afirmando que Milani no tenía antecedentes de participación en delitos de lesa humanidad o de violación de DD.HH.
—Si mal no recuerdo, la afirmación oficial era que “estos dos organismos no tienen ‘nada’”…
—Sí, es decir que no tenían antecedentes sobre Milani en este sentido. Son textos parecidos. Pero nosotros no sólo preguntamos acerca del tema de violaciones a los DD.HH. sino también sobre la alteración del “orden constitucional”. Y en esto, de entrada, hay una falacia tanto en el informe del CELS como en el de la Secretaría de DD.HH. porque Milani fue preso con ocho días de arresto en 1988 cuando, en el alzamiento militar de Villa Martelli con Seineldín, sin que nadie se lo pidiera, le dice a su jefe inmediato que él no iba a acatar ninguna orden de detención o de arresto de sus camaradas. Por esa actitud, tiene entonces ocho días de arresto. Y esto es una alteración del orden constitucional porque vivíamos entonces un clima bastante difícil con las Fuerzas Armadas. Y lo menos que puede decirse es que la participación de la Secretaría de DD.HH. y el CELS ha sido sospechosa porque yo dudo de que Verbitsky (y por consiguiente el CELS) no tuviera la información que recién nos hacen llegar el lunes 22. Recordemos que allí llega información que nosotros, hasta ese momento, no habíamos tenido. Me refiero a la información acerca de la participación de Milani en el expediente administrativo de la “deserción” del soldado Ledo, el conscripto que desaparece. Y esto figura en el informe de la Conadep y en otros libros. Incluso nos agregan una publicación del CELS con un análisis acerca de cómo se desarrollaba un procedimiento habitual para legitimar la desaparición forzada de personas y falsear actas de deserción. Esto significa, entonces, que Milani falsea… Es el instructor del “falseamiento” de un acta de deserción del soldado Ledo. Le repito que esto nos llega recién el lunes 22 de julio. Hace pocos días… Y el lunes también añade la denuncia de Alfredo Olivera que ya habíamos agregado a los informes de la comisión y que había llegado por otros conductos porque los envía el fiscal Aguad desde el juzgado de La Rioja y no a través de la Secretaría de DD.HH. Como le decía, nosotros ya teníamos la denuncia de Olivera y el secretario de DD.HH. la envía al Senado recién el lunes 22 al mediodía.
—¿Esto fortalece, entonces, la sensación de que en un primer momento aquí “no había pasado nada”?
—Se ocultó información y el martes, en el discurso de la Presidenta por cadena oficial, ella señaló que esa información ya existía y que todos la conocían. ¡La conocía el Ejecutivo! Nosotros, en el Senado, teníamos alguna información pero nunca habíamos podido llegar.
—Si el Ejecutivo la conocía, es aun más inexplicable…
—¡Peor! Lo que dice la Presidenta es peor… se autoincrimina más. Con esto el Ejecutivo tiene aun más responsabilidad. Por eso, esta denuncia que le mencionaba y que estamos haciendo con Julio Strassera, Ricardo Gil Lavedra y otros legisladores imputando la responsabilidad de la Secretaría de DD.HH. en negar, en esconder y en ocultar información a la Comisión de Acuerdos. Esto, por una parte. Pero la publicación del expediente de la “deserción” de Ledo es muy importante. Lo presenta el CELS y está en Tucumán, en el expediente judicial de la causa Ledo. De allí lo sacan. Nosotros, hace ya un año, se lo habíamos pedido al fiscal Camuña. Le habíamos pedido que investigara, ¡y el fiscal Camuña no nos da cuenta de ese expediente y archiva nuestro pedido de investigación de la participación de Milani en el caso Ledo! Por eso es que vamos a denunciar al fiscal por “prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Esto lo hicimos el día jueves ante el Ministerio Público Fiscal porque en ese expediente obtiene el CELS la copia del expediente administrativo que desnuda varias falsedades y mentiras de Milani.
—¿Por ejemplo?
—En la entrevista de Página/12, Milani asegura no conocer a Ledo y que se entera del caso porque en Famaillá corre la voz de su “deserción”. Y, a continuación, dice: “Eso no es así”, aseverando que las “deserciones” no eran sino “desapariciones”. Lo cual lo complica todavía mucho más porque justamente Milani es firmante del trámite administrativo de la “deserción”. Y también hay otra mentira en esa declaración. Como hacen todos los genocidas, que niegan los hechos y nunca estuvieron donde dicen que estaban.
Y ése fue justamente el problema: la clandestinidad. La única herramienta formal que tenían para justificarse era el falseamiento de las “deserciones”. Después… todo era clandestino. También dice que, cuando fue a Tucumán “vestido de mameluco”, nunca usaba uniforme y que, como estaba en el Batallón de Ingeniería, lo que hacía, en Tucumán, era abrir caminos… ¡Mentira! Porque está claro que, en el mismo Tucumán, el expediente de la “deserción” de Ledo está firmado en Famaillá, donde Milani era instructor sumariante. Pero esto no es todo. También produjo allanamientos en La Rioja.
—Es lo que dice el testigo Olivera…
—Desde ya. Entonces, es muy grave la situación del general Milani porque tampoco puede decir que era joven. Y allí ubico el ejemplo del teniente Braga, cuyo pliego impugno en 2002, cuando hubiera ascendido a teniente coronel. El Senado le rechaza el ascenso y Braga pasa a retiro porque en aquel momento de 2002 sólo estaba mencionado como teniente Braga en la causa de la desaparición de Rolando Alvarez García. Yo llevo entonces a los familiares de la víctima, a Normando Alvarez García, que reconocen a Braga por una cicatriz que tiene en la cara. Luego, pasaron 11 años y recién el 2 de julio de este 2013 se logró sentencia en el juicio por violación de los DD.HH. en Jujuy y condenar a Braga a cadena perpetua. Braga también era joven: como Milani.
Y se demostró su participación y responsabilidad en el secuestro y desaparición de Rolando Alvarez García. Entonces, el argumento de que “era joven”… Mire, los jóvenes oficiales y suboficiales eran los ejecutores de los grupos de tareas. Y estaban al mando de esos grupos. Producían allanamientos, secuestros. Como Milani, instruían los expedientes de “deserción” para justificar la desaparición de personas. Entonces, ésta es una situación muy clara en cuanto a la participación de Milani. Y volviendo al tema de Tucumán, el fiscal Camuña archiva nuestra presentación, que señalaba la participación de Milani en el Operativo Independencia. El Operativo Independencia termina en 1983 pero, en verdad, deja de llamarse Operativo Independencia cuando asume Bussi, en 1975, dicta una instrucción militar y le cambia el nombre. Pasa entonces a llamarse Operación Lamadrid. Pero es el mismo Operativo Independencia. Por una cuestión de administración de causas judiciales, la Justicia está organizada de la siguiente manera: tomaron la ruta de la muerte y hay causas por centros clandestinos. Recordemos que el centro más importante es Arsenal. Luego, tienen la megacausa Operativo Independencia, que no termina en 1975 sino el 24 de marzo de 1976, con fechas que ha puesto el juzgado. Y como Milani está desde mayo a julio de 1976 (no está en marzo), el fiscal dice: “… como estuvo en mayo, junio y julio y el Operativo Independencia termina, a los efectos judiciales, el 24 de marzo de 1976, el tipo ése no participó del Operativo Independencia…”. ¡Y me archiva la causa! Cuando lo que debería haber hecho es meter el planteo nuestro en lo que es otra megacausa, que son las causas “incoadas”. Son 400 y allí está la causa Ledo. Y a este fiscal Camuña lo puso la doctora Gils Carbó (procuradora general de la Nación) para proteger a Milani y terminar con el tema. Entonces, puedo decir que aquí están jugando todos los resortes del poder político para darle cobertura y garantizarle la impunidad a Milani. Esto me parece vergonzoso. Tan es así que, además de la presentación en la Secretaría de Derechos Humanos, voy a ampliar la denuncia ante el juez Bejas y el fiscal Brito, que es el fiscal natural de la causa Ledo. Le reitero que amplío la denuncia contra el fiscal Camuña por no habernos advertido ni enviado el expediente administrativo de la “deserción” de Ledo y la firma de Milani, que corrobora su participación en el caso. Por eso viajo a Tucumán, hago la presentación en Comodoro Py (junto a Strassera y Gil Lavedra) por el tema de la Secretaría de DD.HH. y ahora con el agregado de este “autoincriminatorio” de la Presidenta cuando dice que “esto es información conocida” y, siendo así, no se comprende por qué el Ejecutivo nunca la envía a la Comisión de Acuerdos del Senado. Es decir, reiteremos, que la actitud del Gobierno nacional ha sido de ocultamiento y de garantizar la impunidad a un genocida como Milani… Y yo lo llamo genocida –insiste el senador Morales– porque, con estos elementos que hemos mencionado, hay varios que ya tienen cadena perpetua. Todo esto que dice Milani es la lógica común de los genocidas que, insisto, niegan los hechos y haber estado donde estaban. Braga, por ejemplo, que allana y secuestra a Rolando Alvarez García en Jujuy el 21 de agosto de 1976, dice que volvió el 25 de agosto a Jujuy por haber estado en Buenos Aires. Trajo incluso testimonios pero se demostró que estaba nomás en Jujuy. La conducta del genocida es la mentira, y creo que con estos elementos… y me preocupan Estela de Carlotto, las Madres de Plaza de Mayo… me parecen que tienen que reaccionar. Aquí hay una lucha que excede… La búsqueda del poder por cualquier medio no justifica darle cobertura a un genocida y mirar para el costado en un tema de violación de derechos humanos donde aparece la participación de Milani.
—Me permito pensar en voz alta, senador, y la pregunta es: ¿por qué hace esto la presidenta de la República?
—Yo creo que es porque no tiene límites. Y esto marca que, en la construcción del poder, no hay límites. Por eso vuelvo al principio de la conversación: frente a la gravedad de volver a involucrar en la política a las Fuerzas Armadas, la cuestión de Milani es casi secundaria. Resulta importante porque se trata del jefe del Ejército y es una vergüenza para nuestro país que lo siga siendo. Una vergüenza para el Gobierno nacional. Pero, insisto, lo más grave es que el Ejército participe de la vida interna. Por ejemplo, en el municipio de Cariglino (que es un opositor) las obras de cooperativas y planes sociales bajan a través de una institución que es el Ejército. Lo van a hacer en todos los municipios opositores. Ya tienen la herramienta institucional (no bajar a través de los municipios) para bajar a través del Ejército. En el Ejército, obviamente, roban menos que los punteros kirchneristas. Son menos corruptos. Los otros son más verticales, no cuestionan nada ni hacen asambleísmo permanente… En fin, éste es el objetivo de control político, de “partidización”: contar con un Ejército para el Frente para la Victoria que, para la Presidenta, me parece que justifica bancar a un genocida como Milani.
— Pero también hay otra cosa: aun cuando no se probara que Milani es un genocida, hay todo un tema de bienes y dinero que debe ser aclarado…
—En el año 2010 yo denuncio un par de operaciones en las que Milani está involucrado –explica el senador Morales–. Tienen causas abiertas. La más importante es la compraventa... (digo esto porque primero hubo una operación de compra y luego de venta a precio vil de un bien del Ejército que está ubicado en la calle Basualdo). Y allí están directamente involucrados militares funcionarios del Ejército pero también Milani. Y luego está el tema de la declaración jurada patrimonial de Milani, que termina comprándose una casa en San Isidro. ¡Sale de un departamento de 140 m2 a una casa de 500 m2 cubiertos con todos los chiches! Y esto es lo que no cierra. Su patrimonio personal no daba para eso. Nosotros tenemos una demanda penal sobre esto y también otra por enriquecimiento ilícito.
Para terminar, insisto en que los organismos de DD.HH. no tienen que bajar banderas en este tema y creo que la sociedad argentina debe llegar al fondo de la cuestión. La conclusión de esto tiene que ser la remoción de Milani y su puesta a disposición de la Justicia. Que allí rinda cuentas. El Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel da la voz de alarma sobre esta situación y Nora Cortiñas, de Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, también ha hecho un planteo, y yo espero la reacción de los organismos de derechos humanos que están vinculados al Gobierno. Lo que ocurre aquí es que ha habido una cooptación del Gobierno y una desnaturalización de organismos de DD.HH. Algunos, no todos, terminan por ser instrumentos del Gobierno para difamar, forman parte de esa estructura difamatoria del Gobierno. Aquí hay una decisión del Gobierno de sostener a Milani, y es lamentable que los organismos de DD.HH. vinculados al Gobierno, reitero, no denuncien esta situación. La lucha de ellos va más allá de un gobierno. Nosotros, como toda la sociedad argentina, les reconocemos esa lucha, que es inclaudicable y que tiene como eje la búsqueda de la justicia y la verdad. Por eso nosotros vamos a insistir en el pedido de remoción del general Milani y nos negamos a postergar el tema a diciembre.