Si no hubiera jueces en los países desarrollados que les den la razón, los fondos buitre no existirían. Para esto, hay que considerar la existencia de un principio republicano: el concepto de independencia republicana a nivel mundial del Poder Judicial, del Ejecutivo o del Legislativo. En general, los procesos de reestructuración de deuda en los Estados en crisis vienen acompañados por el apoyo de los organismos financieros internacionales y los Estados líderes. Sin embargo, el criterio en los poderes judiciales de estos mismos Estados es diferente, basado en la jurisprudencia local del Primer Mundo sobre que los contratos deben cumplirse si fueron firmados de buena fe y con plena conciencia. Se entra así en una especie de “gris” jurídico-político mundial que aún perdura, sobre el choque del interés de un gobierno central para que un país pueda salir de una crisis terminal reestructurando su deuda con quitas de capital e intereses y los jueces de esos mismos países, que reclaman que los contratos originales de la emisión de esa deuda con respaldo del sistema financiero de esos Estados desarrollados se cumplan en tiempo y forma; y si esto no ocurre, que se aplique el castigo correspondiente. El argumento básico que reclaman los fondos buitre al litigar en un juzgado es la aplicación de la norma pari passu, del latín “tratamiento igualitario”. Explica el abogado Eugenio Bruno, del estudio Garrido, especialista en derecho de inversores en procesos de reestructuración de deuda, que se trata de una “cláusula que se viene utilizando desde hace más de 150 años” y que “genera distintas opiniones legales y en un litigio puede generar diferentes sentencias”.
La cláusula implicaría que todos los acreedores deben tener un trato igualitario, por lo cual bajo la interpretación minoritaria (pero aceptada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York) se impide pagarle a un acreedor que acordó una liquidación menor de una deuda luego de un proceso de reestructuración, sin tener en cuenta los reclamos de los otros acreedores que no aceptaron esa oferta. Por lo tanto, si no hay dinero para pagarles a todos por igual, los acreedores reciben, todos, una parte proporcional y los deudores no pueden liquidar a los que acordaron una quita. El efecto de la aplicación de esta cláusula es hacer fracasar un plan de reestructuración de bonos que no tenga las cláusulas de mayorías (que existen a partir de 2003), ya que los que aceptan las quitas finalmente no podrán cobrar el restante (salvo que el país deudor acepte pagar) ya que la aplicación del pari passu exige el mismo tratamiento para los acreedores que no ingresaron en un canje de deuda. Estos, los fondos buitre, luego continuarán litigando, a la espera de un fallo que les reconozca el 100% de la deuda, pero mientras tanto habrá fracasado el plan de reestructuración de un país, aun cuando cuente con el apoyo de los organismos y de la comunidad financiera internacional.
De la forma en que los tribunales mundiales fallen a favor o no de este pari passu, en caso de que el país deudor no quiera negociar directamente con los fondos buitre y éstos retiren la demanda, dependerá luego el avance de una reestructuración de deuda exitosa. Estos operadores, en general, teniendo en sus carteras una parte hasta simbólica del pasivo total en default (no más de 5%), son los actores capaces de jaquear la salida de una crisis económica terminal en los Estados en desarrollo. La especulación de los fondos buitre es que en algún momento del conflicto, y ante la posibilidad de liberarse del problema, retomar el crecimiento y terminar con una situación de default, terminarán cobrando el 100% de sus títulos más intereses, con la aceptación incluso de los bonistas que sí aceptaron el canje. Puede pasar también que éstos no avalen la situación y el proceso de reestructuración fracase. Como sea, para los gobiernos que negocian su salida de una crisis de deuda, la estrategia consiste en llevarlos a una situación de pesadilla, con tenedores que no pasan del 5% del problema de la deuda en default.
Los embargos, siempre a mano. Mientras tanto, y a medida que el juicio se multiplica y complica, los fondos buitre van aplicando otro instrumento de presión directa. Para garantizar los pagos de sus bonos al finalizar el proceso judicial, piden el embargo preventivo de todos los activos posibles de los Estados deudores, en cualquier lugar del mundo. Como se trata de una actividad prácticamente sin jurisprudencia internacional, dependerá luego de la visión de cada juez local la decisión de avalar el reclamo o rechazarlo. Embajadas, oficinas consulares, aviones, buques y automóviles oficiales, cuentas para pagar capital e intereses de deudas, cuentas para pagar salarios diplomáticos o servicios a proveedores de cualquier tipo, emprendimientos científicos, edificios históricos y hasta los trajes de los funcionarios están en la mira de los fondos buitre. Estos embargos, de prosperar, no sólo consiguen una garantía de un eventual pago futuro, sino que se arroja al país que lo sufre a una especie de humillación mundial por tener ese activo vistoso y periodísticamente atractivo para comunicar embargado en algún lugar del mundo. En general, los tribunales terminan liberando el activo, en segundas o terceras instancias judiciales. Sin embargo, el objetivo del fondo buitre se había logrado: poner la atención en la deuda impaga y llevar a un gobierno testarudo a la primera plana mundial en un hecho desagradable y negativo para la imagen de un país, generándole al presidente de ese Estado embargado un serio problema político interno.
La Argentina puede ser el caso más emblemático en la historia de los embargos, al sufrir no menos de 24 sentencias desfavorables, la más llamativa la de la fragata Libertad, capturada en Ghana en octubre de 2012.
Un buitre reconvertido en socio K
Hay “traidores a la causa” entre los propios fondos. Son los que cambiaron de bando y se pusieron del lado de la Argentina. Uno de ellos, el Fintech Advisory, del mexicano David Martínez Guzmán, incluso se convirtió en un curioso aliado en las dos embestidas más importantes que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner encaró en 2002: contra los fondos buitre y contra el Grupo Clarín. La casa de inversión calificada de buitre, sin mayores problemas entre 2002 y 2005, pasó, con los años, a ser un ejemplo para el capitalismo oficial argentino, al punto de aparecer en las carteleras de la agencia oficial de noticias Télam como una figura de bien. Como todo en el capitalismo de los márgenes, la conversión tiene sus bemoles, no es tan lineal y, en definitiva, se trata finalmente de un negocio o de elegir lo que a la larga dejará más dinero.
(...) Fintech tiene tres divisiones: Advisory, Media y Mobile, además de Fimex International Limited. La primera se dedica a las operaciones de riesgo y es, obviamente, la que se relaciona con la Argentina. Para acceder a cualquiera de las casas de inversión de Fintech, hay que ser conocido y muy recomendado. Sin página de internet ni oficinas abiertas al público, sólo después de un análisis muy exhaustivo y donde las preguntas exceden largamente los aspectos económicos, los agentes financieros del fondo acceden a una entrevista con el potencial inversor. Esto no quiere decir que se lo acepte como cliente, sino que sería la primera aproximación seria. Fintech no quiere sorpresas ni que se lo acuse de lavar dinero, algo que los fondos buitre clásicos no tienen quizá tan en cuenta.
Fintech Advisory se especializa, según su propia definición, en buscar oportunidades de negocios bajo la fórmula de ingresar en países y empresas en crisis y buscar luego corporativamente solucionar los problemas económicos y financieros de esa situación. La ventaja de Martínez es que conoce Latinoamérica como pocos, y su país de origen como nadie. Este último es un dato central: Martínez es un especialista en encontrar y rescatar conglomerados en crisis (un clásico mexicano) y dividirlos para su venta.
La otra especialidad de Fintech, cómo no, es comprar deuda de países en desarrollo casi en default y, luego de declarada la imposibilidad de pago, esperar una reestructuración y elegir la mejor opción posible: iniciar el camino legal para recuperar el 100% del valor nominal de esos bonos o negociar con los gobiernos opciones paralelas. En Perú, optó por la primera opción y en Brasil, por la segunda (incluso colaboró acercando posiciones con otros acreedores). En la Argentina, eligió una tercera vía.
Martínez compró bonos en todas las etapas del default y las ofertas de reestructuración de deuda que lanzó el gobierno argentino. Fue de los que aparecieron, aunque tímidamente, en aquel noviembre de 2001. Luego fue de los que más protestaron ante la oferta de canje de 2005. En el medio, ofrecía comprar títulos en default a precio de remate (más remate que el que había generado el default). Entre 2005 y 2009, fecha del segundo canje, fue cambiando su actitud ante el país, virando de buitre a colaborador. Mientras tanto, continuó comprando títulos, en este caso a ahorristas que no habían aceptado el canje que propuso Roberto Lavagna en 2005 pero que ya estaban cansados de esperar nuevas oportunidades.
Llegó entonces el año 2010. Allí Martínez cambió radicalmente su estrategia con la Argentina y viró de ser uno de los buitres clásicos de 2001 a ser un colaborador estrecho, más bien aliado (quizás el más fanático dentro de los inversores privados) de la posición oficial ante la Justicia norteamericana. Y lo que es aun más curioso: el fondo de Martínez se convirtió luego en un aliado clave en la lucha más sonada y terminal del gobierno kirchnerista: la embestida final contra el Grupo Clarín.
¿Por qué Fintech pasó de buitre a aliado fundamental del kirchnerismo? (...) Alguien le dijo a alguien cercano al inversor oriundo de Monterrey que los Kirchner no eran lo que parecían por sus declaraciones y que, con los contactos adecuados, la Argentina de los patagónicos era un lugar donde se podían hacer buenos negocios. Mucho mejores que insistir en el 100% del pago de los bonos en default en los tribunales neoyorquinos.
Martínez analizó durante varios meses alternativas de inversiones en la Argentina, hasta que le llegó una de esas ofertas imposibles de rechazar: sumarse a uno de los negocios más rentables del país, operado por uno de los socios estratégicos clave del kirchnerismo. Fintech se interesó, preguntó, analizó en privado, volvió a preguntar, afinó vínculos políticos y empresariales con la Argentina y, finalmente, aceptó comprar parte de Cablevisión. Exactamente el 40%.
(...) El momento más difícil para el grupo fue ese 2002 post devaluación. Ayudado por el sector público y esa ley que le prohibía a un extranjero acreedor hacerse del dominio de empresas culturales argentinas, Clarín presionó a sus acreedores para solucionar su problema de pasivo. Lo mismo hizo Cablevisión con sus propios acreedores, entre los que se encontraba el grupo Liberty. Este abrió la puerta a Fintech, que compró la deuda de US$ 769 millones de Cablevisión y pasó a controlar el 50% de la empresa. El fondo de Martínez, en esos años sólo un buitre más a la vista del kirchnerismo, fue uno de los argumentos para acelerar la fusión de Cablevisión con Clarín.
(...) La fusión propiamente dicha se concretó en septiembre de 2006. Allí, el Grupo Clarín y Fintech le compraron el 25% de las acciones de Cablevisión que aún detentaba otro fondo de inversión, el HMT&F (donde alguna vez tuvo que ver Raúl Moneta), con lo que Clarín quedó con el 60% de la empresa de cables fusionada y Fintech con el 40% de las acciones. Faltaba la bendición final, la más importante, la oficial, la de Néstor Kirchner. Esta llegó a través del dictamen 637 de la Secretaría de Defensa de la Competencia, el 7 de diciembre de 2007 con la firma del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Tres días después, Néstor Kirchner dejaría la presidencia de la Nación en manos de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, y ya sería una realidad que Clarín y Fintech manejarían con una relación de 60% y 40% de las acciones más del 60% de los abonados de cable del país.
Podría decirse que oficialmente ése fue el día en que Fintech pasó definitivamente de fondo buitre, algo devaluado, a inversor amigo de la era K.
(...) La alianza con el oficialismo se volvió finalmente carne y uña en noviembre-diciembre de 2012. Ese mes, Martínez ordenó los tres movimientos más firmes a favor del gobierno argentino que haya tenido quizá ningún inversor extranjero en todos los años K. Dos se vinculan con su posición a favor del país en el juicio en los tribunales de Nueva York contra los fondos buitre y uno contra Clarín.
Griesa ya había emitido su polémico fallo de primera instancia, por el que obligaba a la Argentina a pagarles el 100% de la deuda a los fondos NML Elliott, Aurelius, Blue Angel y Olifant, entre otros. Fintech puso el hombro en la pelea y se presentó ante el juzgado de Griesa un día después del fallo, en su condición de acreedor del país por unos US$ 300 millones (llegó a tener en total más de US$ 1.200 millones pero ingresó en el canje de 2010), pidiendo al juez que revise su decisión como interesado en que la causa sobre la deuda argentina se racionalice sobre la base de los canjes de deudas que el país ya había cerrado y al que los fondos buitre no quisieron acceder. Griesa, para todos los que se presentaran, tenía preparado un escueto escrito de dos párrafos con una frase que se haría famosa en esos días: a toda presentación de un tercero que quisiera hablar a favor del país contestaba con un denied (rechazado), sin mayores explicaciones.
El alma volvió al cuerpo de los abogados argentinos cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York dio marcha atrás con el fallo de Griesa, dictó un stay, dejar sin efecto la obligación que dictó Griesa de pagar, al contado, los US$ 1.300 millones que exigían los fondos buitre, permitirle pagar los 3.502 millones del cupón PBI el 15 de diciembre (sin caer en default técnico) y darle al país la chance de un eventual tercer canje. No pudo ser, como se verá más adelante.
(...) Con el tiempo, el apoyo al canje de 2010 y el haberse transformado en un “buitre bueno” le traería sus beneficios al fondo Gramercy. Siguiendo a rajatabla el manual buitre, y con muy buena información, compraron parte del juicio que algunas empresas norteamericanas mantenían contra la Argentina ante el Ciadi, a precios tan bajos como secretos (se habla de una inversión de no más de 150 millones). El fondo formó dos sociedades para la ocasión, el CC-WB Holdings LLC, y NG-UN Holdings, que cerraron con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en octubre de 2013 un acuerdo con una quita de 15% del capital y 45% de los intereses (aproximadamente 35% de la deuda total), de unos US$ 300 millones, que se le debían a Vivendi Universal (Aguas de Aconquija) y Azurix (agua potable de la provincia de Buenos Aires). El pago sería en dos años y en títulos públicos, pero para 2016 Gramercy recibiría una ganancia potencial de casi US$ 150 millones.
Gramercy Funds Management demostró, así, que ser fondo buitre puede ser un tremendo negocio, siendo incluso amigo del gobierno que los combate.
