El negocio más redituable de Cristóbal López es, al mismo tiempo, el que engendra las mayores polémicas y el que lo convirtió, para la opinión pública, en «el zar del juego». Su empresa, Casino Club, tiene una red de casinos y máquinas tragamonedas (los denominados slots) que cubren prácticamente todo el país. El primer ladrillo del imperio lo colocó en su tierra. En 1992, desembarcó en la actividad mediante el casino de Comodoro Rivadavia, que recibía a un público compuesto por apostadores con sueldos de la poderosa industria petrolera. Esa fue la primera de 27 salas de juego que administraba a mediados de 2013.
López nunca paró de crecer en un negocio si el primer disparo fue certero. Luego, sumó casinos en la provincia del ex presidente Kirchner: Río Gallegos y Caleta Olivia en 2003 y El Calafate en 2008, todos por adjudicación directa. Su empresa también posee en esa provincia otras seis salas de juegos en donde hay máquinas tragamonedas o ruletas electrónicas. El germen patagónico de Casino Club derivó en un gigante nacional. A principios de 2013, se podía apostar en las ruletas o los slots de esa empresa en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Mendoza, La Rioja y Misiones. A fines de 2012, el emprendimiento que había nacido dos décadas antes se había convertido en la cadena más grande de casinos y salas de máquinas tragamonedas de Latinoamérica, con más de 2.200 empleados y la firme intención de extender el negocio hasta Estados Unidos.
Las empresas de López no tienen números fácilmente accesibles. Hasta 2009, Casino Club le reportaba una ganancia anual de 500 millones de pesos, mientras que el Hipódromo tenía un ingreso de 1.000 millones de pesos. Los casinos flotantes aportaban otros 600 millones de pesos, con lo que sus negocios relacionados con el juego redondeaban unos 3.600 millones de pesos. Tres años más tarde, en 2012, las empresas en las que López tiene participación facturaron casi 5.500 millones de pesos. De acuerdo con información oficial, sólo los negocios en los que Casino Club tenía el control tuvieron ventas por aproximadamente 1.000 millones de pesos a partir de sus operaciones en ocho provincias; es decir, el doble que en 2009, si bien hay que descontar los efectos de la devaluación del peso durante ese lapso. A eso hay que sumarle otros emprendimientos en los que la empresa de López trabaja en sociedad. En el casino flotante de Puerto Madero, donde tiene una participación del 25% según la empresa (otro 25% está en manos de HAPSA y el 50% a cargo de Cirsa) la facturación del mismo año fue de 1.500 millones de pesos, mientras que en el hipódromo —de acuerdo con los números de López, Casino Club tiene el 27,5%— la facturación fue de 1.500 millones de pesos. El emprendimiento de Rosario, dividido en partes iguales entre Casino Club y Cirsa registró ventas por 1.000 millones de pesos en 2012, mientras que en Magic, el casino de Neuquén (el 50% es de Casino Club y el mismo porcentaje está en manos de HAPSA), la facturación fue de 300 millones de pesos. Finalmente, en el Bingo Polvorines, la principal iniciativa del empresario en la provincia de Buenos Aires (tiene un 33% de acuerdo con la información oficial), la facturación fue de 150 millones en 2012.
Cada vez que se lo menciona como el dueño del juego, el empresario se golpea el pecho. Es que tiene un 30% de Casino Club. Porciones idénticas están en manos de Ricardo Benedicto, el hombre que le trajo el negocio, y Juan Castellanos Bonillo. El restante 10% lo tiene Héctor Cruz, un ex militar que fue interventor del Casino de Neuquén, que llegó a la sociedad con el argumento de que entendía del tema. Aunque las ganancias se reparten, el estigma a la imagen que ocasionó el negocio del juego golpeó entero sobre la figura del amigo de Kirchner. López comenzó en el interior del país, pero no se detuvo a las puertas de la Ciudad de Buenos Aires. El desembarco en la metrópolis tuvo ribetes cuanto menos polémicos. En 2007, un conjunto de circunstancias facilitaron su ingreso a la Capital. En marzo, Casino Club se asoció con Federico de Achával, titular de la empresa Hipódromo Argentino de Palermo SA (HAPSA), en el fructífero negocio de las tragamonedas. De acuerdo con el empresario, él no es dueño de la concesión, sino que «sólo» provee las máquinas, que le permiten llevarse un 20% de las ganancias.
A fin de año, López le devolvió la gentileza a su socio a través de uno de los más polémicos decretos firmados por Néstor Kirchner. El 5 de diciembre de 2007, sólo cinco días antes de entregar la presidencia a su esposa, el ex presidente prorrogó la concesión del Hipódromo hasta 2032. Había sido otorgada en 1992 por 25 años, de manera que vencía en 2017. En otros términos: uno de los últimos actos de gobierno de Kirchner fue extender el negocio de López una década antes de que concluyera su concesión. Además, le «exigió» al empresario que aumentará en 1.500 la cantidad de máquinas tragamonedas (hasta ese momento había 3.000) para estar a la altura de la demanda lúdica. Las rarezas no terminan allí. El decreto vio la luz el 31 de diciembre de ese año, con las firmas del Presidente, su hermana Alicia, la ministra de Desarrollo Social, y del jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Un año más tarde, en diciembre de 2008, la ayuda que le había prestado Kirchner contó con el respaldo del opositor Mauricio Macri. El viernes 12, el jefe de Gobierno porteño envió a la Legislatura un convenio suscripto entre el presidente de Lotería Nacional, Roberto López, y el del Instituto de Juegos de Apuestas de la ciudad, Néstor García Lira. Entre otras cosas, estableció que ambos organismos «se obligan a respetar los términos y condiciones de las concesiones y permisos que amparen a los juegos existentes a la fecha, con sus ampliaciones y prórrogas…». Daniel Amoroso, el ex secretario general de Aleara, el sindicato que reúne a los trabajadores del juego, tiene una muy buena consideración de López como empleador. Sostiene, por ejemplo, que «las leoneras» —así se denomina a los lugares de descanso de los croupiers— de los casinos del empresario son «verdaderos lugares de descanso. Parecen hoteles cinco estrellas». El sindicalista, que suele compartir cafés, cenas o almuerzos con el empresario y lo conoce desde antes de que se hiciera famoso, cree que la extensión de la concesión que hizo Kirchner fue una de sus dos mayores equivocaciones en la última década. La otra fue permanecer inhallable para la prensa cuando sus negocios comenzaron a crecer. El empresario sabía que se sometería al escarnio público —como ocurrió— cuando se difundiera el decreto presidencial. Sin embargo, la pasión por extender concesiones antes de tiempo parece estar en su sangre. En noviembre de 2007, López le hizo el mismo pedido al gobernador de Chubut, Mario Das Neves. El mandatario provincial, en proceso de separación del kirchnerismo, no sólo rechazó su pedido, sino que le aumentó los impuestos. López nunca se lo perdonará.
En mayo de 2007, un conflicto gremial en el casino flotante de Puerto Madero, que tuvo la participación del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), encabezado por el kirchnerista Omar Suárez, favoreció a López. El gremio reclamaba que el personal del juego pasara a su gremio, por lo que declaró una huelga por tiempo indeterminado. Como el establecimiento funcionaba en un barco, requería de una guardia marina, pero Prefectura Naval le retiró los certificados de navegabilidad y la empresa cerró sus puertas por más de 40 días. La española Cirsa, dueña hasta ese momento del emprendimiento, perdió unos 40 millones de pesos. El monto era muy significativo para sus finanzas, ya que los buques representaban un 30% de los ingresos de la empresa a nivel internacional. Cirsa había desarrollado un vínculo aceitado con el menemismo, pero le había resultado imposible repetir la receta con Néstor Kirchner. La empresa, además, venía golpeada. El año anterior, en diciembre, una inspección que se había realizado en el aeroparque Jorge Newbery halló en el equipaje de su presidente, Manuel Lao, 500.000 euros sin declarar, por lo que se le abrió una investigación por presunto lavado de dinero. En el entorno del español sospechaban que alguien había pasado el dato a propósito.El golpe combinado llevó a la empresa a comprar el escudo político que, sin necesidad de decirlo expresamente, ofrecía López. El 30 de mayo de 2007 se formalizó el ingreso del empresario al Casino de Puerto Madero, para encarnar una administración conjunta con Cirsa. De acuerdo con la información oficial que se difundió en el momento, el convenio implicó un desembolso de 100 millones de dólares por parte del patagónico, que le permitió controlar la mitad del negocio. Lao, por su parte, aportaría otros 20 millones de dólares para ingresar al Casino de Rosario, que había sido adjudicado a López y estaba en construcción. Se inauguró en 2009 y registró una facturación estimada de 1.100 millones de pesos al año.
Hay, sin embargo, una polémica mayor que une al kirchnerismo, al macrismo y a López. De acuerdo con el artículo 50 de la Constitución porteña, Mauricio Macri podría reclamar la exclusividad de los ingresos que deja el juego en su distrito. Sin embargo, el titular del PRO mantuvo un convenio con Lotería Nacional por el cual sólo recibe un canon. De acuerdo con un informe elaborado por la Coalición Cívica, las transferencias de Lotería Nacional al gobierno porteño fueron de 32 millones de pesos a 75 millones de pesos entre 2004 y 2007. En el mejor de los años, la Ciudad recibió un 14% de los ingresos estimados de las empresas. El temor de Macri es que si levanta la voz sobre ese punto, no sólo no cobre todo lo que la Constitución le permite, sino que sus ingresos caigan. «Si denunciáramos al convenio, los 150 millones de pesos que cobra la Ciudad por el juego se transformarían en cero, sería poco prudente y no un acto de buen administrador», sostuvo José Torello, asesor de Macri en la materia. Es cierto, sin embargo, que el jefe de Gobierno porteño intentó modificar los porcentajes. De hecho, el incremento en las percepciones de la Ciudad fue el principal argumento con el que Macri defendió la extensión anticipada de la concesión del Hipódromo a López. Ese convenio estipuló que el distrito metropolitano comenzaría a recibir no 24%, sino 50% de las utilidades de las apuestas. En términos de ingresos reales, es un número muy difícil de determinar, ya que los tragamonedas y el casino flotante no están conectadas a un sistema de control online. «[Aníbal] Ibarra firmó un convenio, [Jorge] Telerman lo ratificó. Nosotros intentamos, por lo menos, lograr que lo que genera el juego a estos concesionarios quede en la ciudad, porque hasta la fecha se cobra el 24%. Mi objetivo es conseguir la mayor cantidad de recursos para que la gente viva mejor», intentó deslindarse el funcionario.
Las polémicas siguieron a López en otros distritos donde el kirchnerismo no hizo pie electoral con comodidad en la última década. Por ejemplo, el cordobés Luis Juez acusó al empresario de haberle ofrecido pagarle sus próximas 10 campañas políticas a cambio de permitirle instalar máquinas tragamonedas en la capital provincial. La versión de López es distinta. Sostuvo que empresarios que lo conocen le contaron que el cordobés estaba buscando a una compañía para que se hiciera cargo de la gestión de las líneas de colectivo de Córdoba. López se enteró, por el diario, que Zannini iba a encontrarse con Juez, y le dijo: “Carlos, ¿vos lo conocés a Juez? Pasale mi teléfono que me dijeron que quiere hablar conmigo”. Poco después, el funcionario visitó a López en sus oficinas de Diagonal Norte. Ante de terminar la charla, le dijo que si abría una licitación para instalar un casino en Córdoba, le interesaría participar. Días más tarde, Juez le dijo que no iba a permitir casinos, pero que lo pensaría. “Ni le ofrecí plata, ni me pidió. Todo mentira. Y si fuese verdad, él habría cometido un delito, por no haber denunciado a alguien que le ofrecía plata”, dijo López.
Si el opositor al kirchnerismo Mauricio Macri le allanó el camino a López en la Ciudad, el oficialista gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, le puso piedras en el camino mientras pudo soportar la presión política del gobierno nacional. En su distrito, el negocio del juego generó ingresos estimados en 14.000 millones de pesos en 2012. López intentó en múltiples oportunidades quedarse con una porción de ese número, algo que logró muy parcialmente. Es que cuando él comenzó a crecer y mejoró su vínculo con la política a través de Kirchner, ese territorio ya estaba ocupado por otros jugadores de fuste. El más fuerte es Boldt, dueña de ruletas y del sistema para levantar quiniela. La compañía de Antonio Tabanelli, que prestó el servicio de apuestas online desde 1993 y logró dos renovaciones de contrato sin llamado a licitación desde ese año hasta 2012, fue ama y señora durante años, pero sufrió la sombra de López. En 2007 el patagónico empezó a competir en el negocio. Con TecnoAction llegó a captar el 11% de las apuestas. Pero tres cuartas partes de la actividad siguieron en manos de Boldt, que también maneja Trilenium, el gigantesco casino ubicado en el partido de Tigre, y tiene la explotación de máquinas tragamonedas de los casinos de la costa atlántica. El 27 de noviembre de 2009, Scioli le prorrogó por tres años la concesión de las apuestas online. Pero en junio de 2012, año en que venció la extensión, el gobernador decidió licitar el servicio, algo que hasta ese momento nunca había hecho. ¿Qué lo motivó? Nada menos que el trasfondo del caso de la imprenta Ciccone, que salpicó con sospechas de corrupción al vicepresidente Amado Boudou. El hombre elegido por Cristina Kirchner para acompañarla en la fórmula presidencial de 2011 acusó a Boldt de «armar» la causa Ciccone en su contra. En marzo de 2012, en una conferencia de prensa que dio en el Congreso y en entrevistas a los diarios Página/12 y Ámbito Financiero, el vicepresidente sostuvo: «Muchas veces peleamos contra poderes ocultos, poderes que se esconden atrás de sectores de la prensa, del trabajo que hace el grupo Clarín y el diario La Nación utilizándolos a veces para hacer trastadas políticas —por ejemplo, el duhaldismo y el duhaldismo residual—, a veces para hacer negocios y negociados. Y me estoy refiriendo al grupo Boldt, que está detrás de todo esto». Aunque Boldt se reparte el negocio del juego en Buenos Aires con el grupo español Codere y tiene presencia en otras provincias, también pisa fuerte en el negocio imprentero. Es, por ejemplo, la encargada de imprimir boletas electorales y alquilaba la planta impresora de la ex Ciccone hasta que caducó su contrato por decisión de la Secretaría de Defensa de la Competencia. Se sospecha que el negocio quedó en manos de un amigo del vicepresidente. Con la denuncia de Boudou como trasfondo, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó a fines de marzo de 2012 un pedido de informes a Scioli impulsado por los kirchneristas Juan de Jesús y José Ottavis en el que indagaba sobre los contratos que el gobernador mantenía con la empresa de los Tabanelli. El negocio de Boldt en la provincia de Buenos Aires es multimillonario. Pese al freno de la economía que se registró en 2012, a través de Boldt Gaming, la empresa encargada de las comunicaciones, el procesamiento de datos, la sistematización de apuestas y el desarrollo e instalación de sistemas informáticos, ese año registró ventas por 662,28 millones de pesos, un 14% más que el año anterior. Las ganancias, sin embargo, crecieron todavía más: 197,86 millones de pesos contra 155.35 millones de pesos de 2011, un 27% por encima.18 Pero las acusaciones de Boudou y las molestias de los legisladores kirchneristas con respecto a Boldt dejaron una huella profunda en los números de la compañía.
En 2012, mientras la administración socialista de Antonio Bonfatti le facilitó la prórroga automática del contrato con Lotería de la Provincia de Santa Fe por medio de la Caja de Asistencia Social por otro año, Scioli debió poner en suspenso la relación comercial de la empresa con la provincia. El 29 de noviembre de ese año venció el contrato para manejar el negocio de la Quiniela en Buenos Aires, que representaba a octubre de ese año un 54% de los ingresos de la sociedad. En medio de las presiones, la gobernación diseñó una estrategia para cambiar de modelo, luego de fracasar en un cuestionado proceso licitatorio. Para evitar la caída del servicio, el mismo día del vencimiento comenzó a funcionar un acuerdo entre Boldt y Bapro Medios de Pago SA (una sociedad del grupo Banco Provincia de Buenos Aires) para mantener la prestación hasta lograr la transferencia del sistema a favor de la empresa provincial. El contrato fue por 10 meses a partir del 30 de noviembre de 2012, con opción a una prórroga de hasta 6 meses adicionales. Pero prevé alternativas de continuidad de la relación en caso de que la provincia no estuviese en condiciones de prestar el servicio de Quiniela.
El cambio en la relación contractual que planteó Scioli con Boldt marcó un contraste con la extensión de concesiones que dispuso Kirchner en 2008 a favor de Cristóbal López. Para la competidora del patagónico, fue una herida profunda. En una de las cartas a sus accionistas, la empresa sostuvo que el «principal desafío» para el año 2013 sería llevar a cabo un «cumplimiento estricto del nuevo contrato con Bapro Medios de Pago, con el objetivo de poder obtener, a su finalización, algunas de las alternativas previstas para su continuidad».
Es probable que el escándalo que se despertó en torno a Boldt y la pérdida de su contrato más importante haya obligado al Directorio a tomar la decisión de retirar sus acciones del régimen de oferta pública, como anunció la empresa. Uno de los pocos guiños que la empresa consiguió del gobernador en 2012 fue la extensión, sólo por un año, de la concesión del casino de Tandil. Aunque Scioli puso un signo de interrogación en la relación comercial con Boldt, los pasos que había tomado hasta el cierre de este trabajo indicaban que no le quería dejar el negocio servido en bandeja a López. Boldt lo expresó con claridad en sus estados contables: sostiene que el gobernador quiere recuperar la gestión, la administración y la operación de servicios del juego, en especial la quiniela para la provincia. López también merodeó el casino Trilenium, en Tigre, otro de los negocios jugosos de la empresa de los Tabanelli. El vínculo con la provincia data de 1999. Tras varias prórrogas, el 17 de junio de 2011 el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) de la Provincia de Buenos Aires extendió la concesión hasta el primer día de 2013 o hasta que se perfeccionara el contrato administrativo resultante del proceso licitatorio, algo que no había ocurrido al final de esta investigación. De manera que la competidora de López corría riesgo de perder otra de sus trincheras comerciales. La española Codere, la reina de los bingos en la provincia, no la pasó mucho mejor. En Buenos Aires tenía, en 2013, 14 de las 46 salas habilitadas, lo que la convertía en la mayor jugadora de ese segmento. El resto se repartía entre Daniel Angelici, el presidente de Boca y hombre de Mauricio Macri; David Mautone, dueño del Casino Victoria, en Entre Ríos, y Alejandro Gravier, esposo de la modelo Valeria Mazza. Aunque es una transnacional, la Argentina no es un destino más para Codere. En el país obtuvo en 2011 ingresos por 98 millones de euros,19 que le sirvieron para morigerar los efectos de la crisis española sobre sus cuentas. Mientras veía las dificultades de Boldt, Codere redefinió su estrategia. A mitad de 2012 inició un proceso de cambio de su cúpula en el país. Designó a Héctor Luna al frente de la filial local en reemplazo del CEO Alberto González del Solar, vinculado al radicalismo. E intentó acercarse a algunas de las figuras camporistas del kirchnerismo en la provincia. El golpe de timón no le alcanzó para evitar daños en sus cuentas. En mayo de 2013, Codere les comunicó a los inversores la renuncia de Luna. Sus negocios en el país estaban en crisis. La Argentina le reportaba a la empresa un 54% de sus ingresos, pero chocaba con la imposibilidad de girar divisas al exterior en medio de la crisis cambiaria y una fuerte caída en la facturación por la prohibición de fumar en lugares cerrados de la provincia, algo que hizo caer el número de jugadores. Aunque la empresa lo negó, había versiones de que había puesto en venta su negocio en el país. En medio de la crisis, obtuvo una venia de Scioli, que a fines de ese mes le renovó las licencias en cinco bingos de la provincia de Buenos Aires que vencían en 2016 (uno) y 2021 (cuatro). Seguirán hasta 2022 (dos), 2024 (dos) y 2031 (una). A cambio, se comprometió a pagarle a la gobernación 87 millones de pesos adicionales hasta mediados de 2014. Entre enero y marzo de 2013, Codere había registrado ingresos en las salas de juego de la provincia por 147 millones de euros. Sin mencionar nombres propios, López hizo referencia a la disputa encarnizada por el juego en Buenos Aires. El empresario ganó una licitación en el hipódromo de San Isidro, pero nunca obtuvo la habilitación. De todas maneras, sostuvo que había dejado de interesarle, porque «hay intereses en la industria del juego que me están haciendo una guerra muy fuerte para que no nos movamos». Y en otra ocasión señaló ante versiones de una supuesta venta de Casino Club: “¿Quién dice eso? ¡Un competidor, seguro! Si es para publicar algo, ¿por qué no ponés que yo estoy comprando Codere y Boldt? O, si querés, podés decir que soy homosexual… Total, los porteños siempre ponen lo que quieren sin siquiera llamarme. Y después dicen que soy un empresario misterioso”.
