Hoy se realizó una reunión informativa conjunta entre las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano para comenzar a debatir el proyecto y dar los dictámenes necesarios para su posterior tratamiento en Diputados del Acuerdo de Escazú. Si el tratado se aprueba también en la Cámara baja, Argentina se convertirá en el décimo país en adoptarlo y el acuerdo quedará a solo un paso de materializarse.
Durante la reunión quedó asentado que la ratificación del tratado es una prioridad transversal para todos los bloques. En este sentido, la Diputada Josefina Mendoza afirmó: “me parece que es importante remarcar que cuando hablamos de que lo ambiental es social, Escazú significa una puerta de entrada a construir esa Argentina sostenible de la que estamos hablando permanentemente y que necesitamos pensar y construir en conjunto”. Su par por el Frente de Todos, Daniela Vilar, complementó en la misma línea: “la justicia ambiental ya no es solo una demanda, sino una consigna de construcción política transversal.”
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Gracias al amplio consenso y luego de un intercambio de aproximadamente una hora de duración, se lograron los dictámenes necesarios y se espera que, en la próxima sesión, cuando se vote en recinto, el resultado sea similar al obtenido en la Cámara alta.
El pasado 14 de agosto, de manera unánime y con 70 votos afirmativos, la Cámara alta le dio media sanción al proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú. En aquella oportunidad y una vez conocido el resultado de la votación, se solicitó su constatación atendiendo a que el mencionado tratado es materia de Derechos Humanos y obtuvo una mayoría superior a los 2/3 del total del cuerpo de Senadores. Con este pedido, en caso que en Diputados se repitan las mismas circunstancias, el acuerdo de Escazú podría adquirir jerarquía constitucional.
El Acuerdo de Escazú, es un tratado regional cuyo objetivo principal es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales” (Art. 1). El mismo, fue firmado por 22 países y ratificado por 9. Estos números cobran especial relevancia ya que para su entrada en vigor se necesitan 11 ratificaciones y Argentina se encuentra hoy ante una oportunidad única.
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En el contexto regional, el Acuerdo resulta de suma importancia ya que constituye el primer tratado de carácter vinculante a nivel mundial que establece claras garantías para la protección de las y los defensores de DDHH en temas ambientales, en una región que cuenta con un elevado riesgo frente a la seguridad y la vida de estas personas.
Una oportunidad única. Para entender la magnitud del riesgo que las y los defensores ambientales enfrentan, basta solo con revisar los datos del año pasado. Durante 2019, 212 personas en el mundo perdieron la vida de manera violenta por su actividad en la defensa de los DDHH en temas ambientales; muchas otras sufrieron hostigamiento, criminalización o desplazamientos forzados. En este contexto, América Latina y el Caribe poseen un récord alarmante: casi el 70% de estos asesinatos sucedieron en su territorio (Global Witness, 2020).
Argentina no es la excepción. Son numerosos los casos de desalojos, represión, criminalización y avance de causas penales contra dirigentes indígenas, mecanismos utilizados para silenciar muchos de sus reclamos. La actual ausencia de instrumentos normativos vinculantes a nivel internacional incluso contribuyen al incremento de los riesgos a los que se enfrentan las y los defensores ambientales desde hace décadas.
Por esta razón, desde las organizaciones de la sociedad civil celebramos el consenso que hay sobre el Acuerdo de Escazú, ya que no solo resulta vital para la Argentina si no para la región entera. Sin embargo, y teniendo en cuenta que varios países de la región no se encuentran tan abiertos a su firma y adopción, vale la pena remarcar que una vez que el Acuerdo sea ratificado por Argentina, el trabajo no concluye. Desde los estados y la sociedad civil nos enfrentaremos a un nuevo desafío: trabajar a nivel regional para la plena adopción e implementación de Escazú.
