ECOLOGíA
Especial residuos

La Federación de Cartoneros denuncia que se está importando basura de otros países

Presentaron al Ministerio de Ambiente un pedido de informe sobre la la llegada al país de toneladas de cartones, por parte de una empresa privada.

Cartoneros
En el país, hay entre 150.000 a 200.000 personas dedicadas al cartoneo, una actividad poco reconocida. | Agustina Grasso

La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) presentó ante el Ministerio de Desarrollo Productivo y al Ministerio de Ambiente un pedido de informes sobre importación de basura, “a raíz de la compra de una empresa privada de toneladas de cartones, a otro país”.

“Los cartoneros, carreros y recicladores queremos saber cuántos dólares se fugaron para traer la basura que ningún país del mundo quiere recibir. Exigimos respuestas sobre quiénes importaron; si quienes lo hicieron recibieron subsidios del Estado; cuántos dólares se fugaron; y, por último, cuál fue el procedimiento de control sobre el material que ingresó. ¿Por qué el Estado prioriza sacar dólares que faltan para traer basura, en vez de apoyar políticas de inclusión que mejoren la gestión de residuos sólidos urbanos?”, expresaron en un comunicado de FACCyR.

Plan de reciclado. En septiembre de este año, el gobierno nacional presentó un plan de políticas ambientales, que planteaba la idea de erradicar los más de 5000 basurales a cielo abierto y lo hizo en presencia de sectores recicladores y de movimientos ambientalistas.  “Sentimos que nos están tomando el pelo. Venimos impulsando la ley de envases hace cinco años y no nos muestran buena disposición. Nuestro sector ya no puede más hacer si no nos acompañan. Las empresas privadas importan cartón y eso está prohibido. Deben abastecerse de cartón nacional”, le expresó a PERFIL  Jaqueline Flores, referente nacional de la Confederación de Trabajadores de la Economía (CTEP). 

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Además, en febrero de este año, el Gobierno nacional derogó una medida de la gestión anterior que permitía que se importen residuos de otros países sin certificado de inocuidad y que sean utilizados con diferentes finalidades o para los que existe un mercado o demanda específica.

La referente aclaró: “tienen que tener en cuenta el trabajo preexistente de compañeros y compañeras, mesas de trabajo donde las cooperativas tengamos poder de decisión. No puede ser ellos toman una política pública sin el sector.  Exigimos que nuestros compañeros tenga el espacio que corresponde”.