La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 76/300 que reconoce el derecho a un ambiente limpio y saludable como un derecho humano universal, con 161 votos a favor, ocho abstenciones y ningún voto en contra.Ello significa un avance de enorme trascendencia para garantizar el derecho a proteger la única casa común que alberga a todas las personas y especies que habitamos este planeta y que se expresa en la necesidad de acceder a un agua segura, contar con una alimentación adecuada, ecosistemas saludables, entornos libres de tóxicos.
Esta decisión, tomada el 28 de julio último, es histórica y surge en un momento crítico, en un planeta atravesado por una multiplicidad de crisis que convergen en conjunto, y a la que no es ajena la cuestión ambiental. Principalmente la pandemia del COVID 19, que produjo una crisis sanitaria global y que generó enormes dificultades en las economías de los países. A esto se suman las graves consecuencias que trajo la invasión de Rusia a Ucrania y que generó otro cimbronazo en la economía internacional. Todo esto transcurre mientras la crisis climática que atraviesa nuestro planeta no se detiene.
Miles de millones de personas sufren hoy la triple crisis planetaria que conforman el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y la contaminación. Esta crisis impacta en la calidad de vida, especialmente, de quienes viven en condiciones de mayor vulnerabilidad, y pone en riesgo a las generaciones presentes y futuras.
Ambiente y derechos humanos
Por ello, la decisión de la ONU apunta a vincular dos conceptos fundamentales como ambiente y derechos humanos que en los hechos siempre han estado vinculadas, pero no así en materia de reconocimiento de derechos.
El derecho a un ambiente sano está íntimamente asociado a una mejor calidad de vida y a alcanzar un desarrollo humano justo y responsable. Esta resolución reafirma que no puede ser un privilegio de quienes tienen la posibilidad de acceder a ciertos recursos. Además, ayudará a reducir las injusticias ambientales, cerrar las brechas de protección y empoderar a las personas, especialmente a aquellas que se encuentran en situaciones vulnerables, incluidos los defensores de los derechos humanos ambientales, los niños, los jóvenes, las mujeres y los pueblos indígenas.
El caso de Argentina
Hoy, cada país tiene abordajes diferentes sobre cómo y dónde está garantizado el derecho a un ambiente sano. Tal es el caso de Argentina que lo incluye en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Sin embargo, y más allá de su recepción en el derecho interno de cada país, el mandato de la ONU impone a cada Estado la realización de acciones concretas destinadas a su protección que deben necesariamente traducirse en medidas, programas y políticas y también normativas destinadas a lograr la más amplia protección del derecho a un ambiente sano limpio y saludable.
Un ejemplo en el país es el proyecto de Ley de Humedales consensuado por especialistas técnicos, científicos y de organizaciones de la sociedad civil, en el marco de un reclamo de años por una norma que proteja estos ecosistemas fundamentales para la vida. Este texto reconoce expresamente el vínculo entre protección de humedales, derecho a un ambiente sano y derechos de las comunidades más vulneradas.
Otro ejemplo es el fallo Mendoza, el cual reclama que se garantice el derecho a un ambiente sano en la Cuenca Matanza Riachuelo. Aunque aún se lucha por su efectiva implementación, la apelación a este derecho fue clave en la sentencia.
Sin dudas, esta declaración transformará lo que se entiende por derecho ambiental y por derecho a la protección ambiental para que sea reconocido como un instrumento en defensa de los derechos humanos.
Pero, es solo el comienzo. Si bien ayudará a los Estados a acelerar la implementación de sus obligaciones y compromisos ambientales es necesario que la crisis socioecológica esté también en la agenda del corto plazo de los gobiernos, que se construyan los consensos políticos necesarios y se comiencen a delinear políticas de Estado para proteger nuestro bien común.
*Andrés Nápoli es director ejecutivo de FARN
