La crisis cambiaria de mayo marcó el final de la “fase financiera dulce” del gobierno nacional, y puso patas para arriba su estrategia política de cara a 2019. Esta estaba, hasta esa crisis, basada en que la economía, si bien por su desempeño más bien mediocre no sería un pilar político para la reelección presidencial y de las figuras oficialistas en los principales distritos que gobiernan, tampoco sería fuente de muy malas noticias. Dando así amplio margen al probadamente efectivo marketing político electoral de Cambiemos, y a la obra pública, como herramientas para lograr otro triunfo electoral a pesar de los aumentos de tarifas y la inflación (que venía estirando las metas del 28-D pero sin galopar).
Reelección. Pero la crisis cambiaria le mostró al Gobierno dos claras amenazas a sus pretensiones de reelección. Se insinuaron riesgos de ingobernabilidad a causa de la crisis cambiaria en ciernes, con el consecuente desmadre económico que implicaría, por un lado, y de “la calle” (por combinación de problemáticas sociales, laborales, sindicales), por otro lado. Ambos fenómenos no están desconectados, pero a efectos de estas líneas conviene considerarlos por separado.
En cuanto a lo cambiario, claramente, el importantísimo blindaje financiero anunciado por el FMI, así como el contundente apoyo de la comunidad financiera internacional, tienen un efecto balsámico sobre el riesgo severo de ingobernabilidad originada en la dinámica de los mercados cambiario y financiero. Los mercados no olvidan que el dólar ha malogrado varios gobiernos argentinos, y deberán acusar en algún punto el mensaje del blindaje logrado.
Aunque debe notarse que las medidas incluidas en el acuerdo, de ninguna manera garantizan que la cotización del dólar abandone las primeras planas en lo inmediato ni –por supuesto– que eso deje de impactar en la inflación, insistimos en que la magnitud del blindaje en principio diluye sustancialmente, anestesia poderosamente al modo de la morfina, la amenaza verde que enfrentaba el Gobierno en la segunda fase de su mandato. Además, la aparición del FMI en escena ha obligado al Gobierno a corregir o pulir ciertos errores groseros de gestión económica, lo que también es positivo para los mercados.
Pero es muy distinto el panorama que surge de considerar la información disponible al momento sobre el acuerdo con el FMI, en relación con el desafío de gobernabilidad que emerge desde “la calle”. Al respecto, conviene considerar la situación de partida de la economía real al momento del acuerdo con el FMI. Los gráficos que se presentan a continuación muestran, de dos formas distintas y complementarias, que la economía argentina, que prácticamente no crece desde 2010, y que en términos de PBI per cápita presenta una leve caída en el período, ha venido siendo impulsada fundamentalme por el consumo público.
El contenido del acuerdo con el FMI impacta desde lo inmediato y con fuerte alcance en 2019, en los gastos de capital, incluso limitando las prácticas del tipo “contabilidad creativa” para disfrazar rubros de obra pública como PPPs.
Esto, sin entrar a valorar la sustentabilidad o racionalidad de dicha política de consumo público como impulsor principal de la economía, equivale a desactivar el principal “motor” de actividad económica que funcionó en los últimos años, cuando aún no han logrado encenderse con suficiente fuerza los motores alternativos que persigue encender el Gobierno (ver IBIF en los dos últimos años, en los gráficos de curvas).
Obras públicas. Además, Cambiemos pierde de esta forma, de cara a 2019, gran parte de su único caballito de batalla en el campo de la economía real, que impactó hasta ahora positivamente en el empleo y el bienestar concreto de los beneficiarios de las obras públicas y consumo público en general. En síntesis, en el plano de lo laboral y ocupacional, social, productivo, pymes, economía familiar, clima sindical y pobreza en general, redundando en lo que denominamos “la calle”, los distintos elementos conocidos al momento acerca del acuerdo con el FMI no presagian una dinámica positiva.
La menor incertidumbre en los mercados y la mejor organización de gestión económica, que redundarían en menor tasa de interés, junto a la previsión –novedosa para el FMI– de la posibilidad de desplegar políticas de emergencia social in extremis en caso necesario, aparecen como elementos alentadores y consistentes con un menor clima de conflictividad. Sin embargo, estos elementos positivos aparecen muy insuficientes para neutralizar los efectos de la política restrictiva de ingresos en general y sobre el empleo público en particular, las tarifas, la inflación, el recorte de la obra pública. Esto, en un escenario en el que se busca equilibrio fiscal en niveles asfixiantemente elevados de presión impositiva y gasto público, que limitan la posibilidad de la economía de ingresar en una fase de crecimiento vigoroso y sostenido, requisito necesario para aspirar a diluir “la calle” como foco de ingobernabilidad.
En consecuencia, con el alcance que define lo informado hasta el momento sobre el acuerdo con el FMI, se estaría definiendo para la economía argentina una suerte de “plan morfina”, un blindaje que tendría la capacidad de evitar catástrofes en los mercados cambiario y financiero, pero que no resuelve prácticamente ninguno de los problemas de fondo de la economía. El acuerdo con el FMI transcurre exclusivamente en el plano de lo financiero, cuando precisamente hoy Donald Trump empieza la reunión del G7, con una agenda muy distinta: apertura de mercados de exportación para los sectores productivos americanos.
En síntesis, pese al importante alivio cambiario y financiero recibido, que en principio –y si el acuerdo transcurre dentro de los monitoreos de rigor por parte del FMI– reduce drásticamente la probabilidad de que el dólar se descontrole de forma que termine sentenciando al oficialismo, aún persiste y se complejiza en perspectiva “la calle”, como serio desafío de gobernabilidad, y límite a la estrategia electoral de Cambiemos, en la medida en que vuelva a hacer eje primordial en el marketing político a tal efecto.
Finalmente, recuperando la visión interactiva entre ambos focos de ingobernabilidad presentados al comienzo, el riesgo de un desborde en dinámica dólar-canasta alimentaria podría tener efectos muy negativos sobre la pobreza, con todo lo que ello implica.
