La transición entre el gobierno saliente y el que debe asumir ha sido larga, muy larga. En ese interregno, el futuro gobierno ya perdió una buena cantidad de los dólares que pretendía recaudar subiendo las retenciones a las exportaciones del campo. Cerca de US$ 500 millones se le han escurrido de entre los dedos, porque cerca del 25% de la cosecha por venir ya fue declarada. Pero podrían ser muchos más hasta el 10 de diciembre.
Esta situación se produce porque los productores –a los que suele acusarse de “retener” sus granos en momentos de incertidumbre– esta vez han acelerado como nunca antes sus ventas, advertidos con mucha antelación sobre el nuevo manotazo sobre sus ingresos que vendría con el cambio de gestión. Alberto Fernández, el presidente electo, avisó que los sectores exportadores serán nuevamente convocados a aportar recursos, por vía de una suba de los derechos de exportación. “Todos tenemos que hacer un esfuerzo, lo tendrán que hacer el sector del petróleo, el minero y el campo”, blanqueó el presidente electo.
En este contexto, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) conocido este viernes precisó que, al 10 de noviembre, las cerealeras y aceiteras ya habían compraron a los productores 29,4 millones de toneladas de la nueva cosecha 2019/20. “Es el 23% de la producción estimada para los principales seis cultivos (soja, maíz, trigo, cebada, girasol y sorgo). No solo constituye un récord histórico sino que prácticamente triplica el volumen de los últimos cinco años”, definieron los economistas Julio Calzada y Emilce Terré.
“Nunca he visto tanto vendido forward (anticipado) previo a la cosecha como este año”, confirmó sorprendido Enrique Erize, de la consultora Novitas. Para el veterano analista las razones de este alud de ventas están muy claros: “El productor sabe que se viene un aumento de retenciones”, explicó. Por eso el sector se desprende de los granos que en muchos casos ni siquiera ha sembrado. Ya colocó casi todo el saldo exportable disponible de trigo, el único grano que se cosecha en este momento. Pero además vendió 13,2 millones de toneladas de maíz (casi 40% del saldo exportable que quedaría a partir de marzo de 2020) y 8,2 millones de toneladas de soja, una sexta parte de la cosecha esperada a partir de mayo.
Recursos. Por otra parte, con las tasas de interés por las nubes, sin acceso al financiamiento bancario, vender con tanta antelación es el modo que encuentran muchos productores para fondearse. Eso explica también que las ventas sean mucho más elevadas en trigo y maíz (donde se espera el mayor manotazo impositivo) y no tanto en la soja, finalmente la moneda más fuerte que tienen los chacareros.
El campo aporta entre 55 y 60% de las exportaciones totales, pero el mayor filón de recursos proviene de la soja, pues ella solita aporta 1 US$ de cada 3 US$ de los que ingresan como divisas. La oleaginosa es también clave para la recaudación tributaria, pues es el único grano que siguió pagando retenciones elevadas a lo largo de todo el gobierno de Mauricio Macri.
La soja y sus derivados pagan cerca del 25%, fruto de la suma entre un 18% fijo y las neorretenciones de $ 4 por dólar exportado, que equivalen hoy a casi 7%. ¿A cuánto podría subir Alberto las retenciones? ¿De nuevo al 30%? ¿O hasta el 35% que regía en tiempos de Cristina?
Los productores ya vendieron ocho millones de toneladas y las exportadoras ya declararon ventas de soja y subproductos por un volumen bastante parecido. El hecho de haber presentado las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) ante el Ministerio de Agricultura les permite a las cerealeras, por imperio de la vieja Ley 21.453, congelar tanto los valores de cada embarque como el nivel de retenciones. Es decir, esa soja seguirá tributando en los niveles actuales.
En la actualidad, el resto de los granos soporta un nivel de retenciones de $ 4 por dólar, lo que equivale a casi 7%. Los altos volúmenes de trigo y maíz comprados por los exportadores y ya declarados ante Agricultura implican que ese porcentaje tampoco se modificará en caso de que, al asumir, Alberto decida elevar las retenciones al 12%, como especulan muchos, o todavía más arriba, hasta el 20% que regía en tiempos de Cristina.
Esta semana, el Ministerio de Agricultura dio a conocer sus estimaciones sobre la campaña agrícola 2019/20, la primera de la gestión de Alberto. Confirmó que habrá más de 17 millones de hectáreas implantadas con soja, de la cual se espera una producción de 51 millones de toneladas. El organismo pronosticó además, 54 millones de toneladas de maíz y 19,6 millones de toneladas de trigo.
Casi récord. Si el tiempo acompaña, el gobierno de Fernández debutará con una abundante cosecha. No será el récord de 147 millones de toneladas con que se despide el macrismo, pero se acercaría bastante.
El analista Gustavo López, de la firma Agritrend, estimó que la cosecha por venir será de unas 137 millones de toneladas, de las que por lo menos cien millones serán el saldo exportable. Alberto caminará sobre un ingreso seguro de divisas que rondará los US$ 29 mil millones. Si no se tocaran las retenciones, el fisco se apropiaría de generosos US$ 6.700 millones. Pero si se tocan, como suponen todos, el agro cedería de US$ 9 mil a 10 mil millones.
La última maniobra que denunció Raúl Alfonsín
Pocos recuerdan que el 15 de noviembre de 2007, en la última columna que llevó su firma, el ex presidente Raúl Alfonsín denunció que las grandes exportadoras de cereales habían realizado una maniobra similar a la actual. En las semanas previas los exportadores de granos habían declarado ventas por 20 millones de toneladas (menos de las que se declararon ahora), para así congelar su precio de compra y esquivar una suba de retenciones preanunciada.
En octubre de ese año, Cristina Fernández de Kirchner había ganado su primera presidencial y se disponía a suceder a Néstor Kirchner. Las retenciones a la soja estaban en el 27,5% y en el mercado se comenzó a especular con una suba de las retenciones, ya que los precios internacionales estaban subiendo rápidamente. La suba del impuesto al 35% llegó recién 6 de noviembre. Las exportadoras habían anotado tantos negocios que se habían ahorrado la friolera de unos US$ 2.000 millones que descontaron al productor pero nunca pagaron al Estado.
Frente a la denuncia de Alfonsín, el Congreso nacional discutió este supuesto fraude y aprobó la llamada Ley Martínez Raymonda, que habilitó al Estado a tratar de recuperar parte del dinero: los exportadores serían obligadas a pagar “retenciones retroactivas” cuando se demostrara que habían anotado DJVA sin tener previamente la mercadería. Pero ese proceso demoró muchos años y tuvo resultado inciertos. Alfonsín falleció en marzo de 2009 sin haber visto los resultados. Néstor y Cristina volvieron a la carga el 11 de marzo de 2008, con las retenciones móviles.
