La jueza Loretta Preska, que lleva el juicio del fondo Burford contra la Argentina por la expropiación de YPF, le negó una apelación a Petersen Energía. De esta forma, ratificó su decisión del último 23 de diciembre de citar a la familia Eskenazi a aclarar su posición en ese litigio.
Los Eskenazi, en la mira: una familia pendiente de los tribunales
La medida forma parte del proceso de discovery que lleva a cabo su juzgado respecto de la demanda por hasta u$s 9.000 millones que Burford reclama por la estatización de YPF. En su momento, los abogados de Petersen habían pedido que los Eskenazi no tengan que ser parte del juicio. En su opinión, la familia no tenía relación con Burford, que es la que litiga.
De hecho, en su última presentación, el fondo Burford adujo no tener relación con los Eskenazi. Además, Petersen Energía, creada por los Eskenazi, aseveró que se desvinculó. Incluso, los Eskenazi emitieron un comunicado en el cual aseguraron que "el Grupo Petersen es totalmente ajeno a cualquier demanda contra YPF y/o el Estado Nacional en la Argentina o en el exterior. No inició el juicio ni tampoco le vendió los derechos al fondo Burford, con el que el Grupo Petersen no tiene ninguna relación, ni comercial ni de ningún otro tipo".
Sin embargo, para la jueza Preska, "los Eskenazi han consultado con Burford sobre las estrategias de litigio en este caso y se encontraron en múltiples ocasiones con representantes de Burford para hacerlo".
El juicio por la expropiación de YPF
El pleito, que puede costarle al país entre u$s 2.500 millones y u$s 14.000 millones, se originó por la expropiación de YPF de 2012. El Estado se quedó con el 51% de la compañía. Petersen era el segundo accionista más importante, después de la española Repsol. El fondo Burford compró los derechos para litigar de Petersen en la quiebra de esa firma, que se declaró en bancarrota en la justicia española.
El fondo siempre dijo que cobraría un 70% del resultante de ese juicio, pero no identificaba quién podía percibir el 30% restante, si salía un fallo contra el Estado argentino. Ante esta situación, el Gobierno, a través del Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pidió aclarar quién es la otra parte involucrada en el juicio. La jueza hizo lugar al pedido argentino. Por lo tanto, Petersen y Burford, deben proveer toda la documentación relacionada con este reclamo
