El Gobierno denunció ante la Justicia de Estados Unidos por "fraudulenta" la venta del 25% de las acciones de la petrolera YPF que se dio durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio iniciado por un fondo buitre que pretende cobrar US$ 3.000 millones por la "expropiación" de la principal compañía argentina.
El estudio que defiende a la Argentina señaló que se permitió la firma de "acuerdos falsos", por lo que consideró que un fondo buitre "carece de derechos a cobrar indemnización alguna". De esta forma, desde el Gobierno sostienen que la compra del 25% de las acciones de YPF-Repsol por parte del Grupo Petersen en el 2008 se hizo "bajo un procedimiento fraudulento".
Mediante un escrito presentado el lunes 8 de julio por la noche ante la jueza de Nueva York Loretta Preska, la administración de Mauricio Macri sostuvo que la operación fue de "legalidad nula", según detalló NA. La presentación incluye la versión taquigráfica de un discurso del ex ministro de Economía y actual precandidato por la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof, en el cual sostiene que no se iban a "respetar los estatutos de YPF ante los reclamos de los accionistas", uno de los ejes del debate judicial.
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Los abogados de Argentina sentaron posición ante la audiencia de este jueves en que se verán, por primera vez, con los demandantes del fondo buitre Burford. Ese fondo compró el "derecho de litigio" de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora, creadas en España.
En tanto, el fondo Burford Capital presentará hoy un escrito, en el que se referirá a que el Grupo Petersen ya no era el propietario de las acciones de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora y que la operación de compra de YPF nada tiene que ver con el reclamo por la manera de reestatizar YPF, según detalló ámbito.com.
Si bien la disputa clave se da en Estados Unidos, en la Argentina el juez federal Ariel Lijo espera el resultado de un peritaje para decidir si esa compra de acciones del 2008 fue ilegal en una causa iniciada por una denuncia de la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió.
En la audiencia en Nueva York se espera que Burford pida el "juicio sumario", con el argumento de que se trata de "cosa juzgada" y decidir la cuantificación de los daños y los montos a pagar por la Argentina.
El Gobierno argentino, en cambio, buscará ir a juicio para debatir el fondo del conflicto y por eso denunció la compra "fraudulenta". Además, buscará demostrar que "Petersen España, empresa ficticia formada y controlada por ciudadanos argentinos, hizo muy dudosos acuerdos que también eran evidentemente falsos para adquirir sus acciones de YPF", durante la gestión del kirchnerismo.
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Las empresas del grupo Petersen compraron en 2008 a Repsol 15% de las acciones de la compañía y luego un 10% adicional en 2011, por US$ 3.500 millones. Pero la Argentina sostiene que lo hicieron "sin desembolsar un centavo", ya que se le permitía "hacer uso de los futuros dividendos de YPF para comprar sus propias acciones", según el escrito presentado.
En 2012, el Gobierno de Cristina Kirchner estatizó el 51% de YPF que estaba en manos de Repsol. Dos empresas del grupo Petersen, controlado por la familia Eskenazi, eran dueños de otro 25% de YPF. Estas dos compañías fueron a la quiebra en 2015 y los derechos de litigio contra el Estado argentino fueron adquiridos por el fondo buitre Burford por US$ 15 millones.
A.G./ EA
