El Gobierno no usará la información aportada por Aldo Ducler en su pulseada contra otro fondo buitre. Si bien desde Casa Rosada no quieren restarle valor a la denuncia del financista, una acusación que mancha a los Kirchner por el manejo irregular de los fondos de Santa Cruz en la reestatización de YPF, por ahora no la incluirá en su estrategia judicial contra el fondo que reclama unos US$ 3 mil millones. Mientras tanto, la Unidad de Información Financiera se prepara para investigar en detalle los datos aportados por Ducler antes de morir.
Así, el macrismo hace equilibrio entre el pragmatismo leguleyo en la causa del fondo Burford contra la Argentina (la primera audiencia se hará el próximo jueves en la Cámara de Apelaciones de Nueva York), y la búsqueda de que la acusación de Ducler no se diluya ni pierda impacto.
La intrincada demanda de Burford Capital contra YPF y Argentina es una derivación de la reestatización de la petrolera, realizada en 2012. En realidad la trama empezó en 2007, cuando el Grupo Petersen-Eskenazi compró el 15% de YPF, por entonces en manos de Repsol. Esa operación se hizo con el apoyo del entonces presidente Néstor Kirchner.
Después de la nacionalización de 2012, las empresas españolas Petersen Energía y Peterson Inversora dejaron créditos sin pagar, no afrontaron deudas y cayeron en quiebra. Un síndico remató esa quiebra, cediendo el derecho de hacerle juicio al Estado argentino. El comprador fue Burford, un fondo buitre especializado en ese tipo de maniobras. Pagó US$ 14 millones y ahora exige unos US$ 3 mil millones. “Es otro de los regalitos que nos dejaron”, protestó un asesor de Mauricio Macri. El fondo buitre plantea que la reestatización violó un estatuto de YPF, según el cual se omitió hacer una oferta a los accionistas minoritarios. Es decir, a las dos empresas del Grupo Petersen.
Antes de desplomarse y morir de un infarto en el centro porteño, Ducler había dejado un escrito en la sede de la unidad antilavado. Firmado con sus iniciales, el texto afirmaba que la entrada del Grupo Petersen y la estatización de YPF habían sido fraudulentas. Y prometía ampliar la información.
Desde la Rosada reconocen que el apuro de Ducler tenía un interés material: convertirse en informante, a cambio de cobrar una parte de lo que el Estado se podría ahorrar frente al reclamo del fondo buitre.
Sin restarle verosimilitud a los datos de Ducler, el macrismo no los utilizará en la primera etapa del juicio que comenzará el jueves. La estrategia del Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y de los abogados del Ministerio de Finanzas se sostiene sobre dos argumentos.
Según el macrismo, la Argentina tiene “inmunidad soberana”: por lo tanto, la demanda no debería tratarse en tribunales estadounidenses. Así, apunta a mudar la jurisdicción del caso, antes de empezar a discutir el tema de fondo. El otro punto es que “la expropiación es una actividad soberana y prevalece sobre las disposiciones del estatuto de YPF”, según revelaron. En paralelo, la UIF ya está en condiciones de investigar la denuncia de Ducler. Hasta el viernes pasado no podía hacerlo por una restricción formal: la presentación era anónima. Una limitación ya subsanada por el hijo de Aldo, Juan Manuel Ducler. Con la asistencia del director de la UIF, el funcionario Mariano Federici, esa unidad pondrá la lupa sobre la acusación contra los Kirchner.
