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El juez en lo Civil y Comercial Federal, Horacio Alfonso dictó ayer una medida precautelar por la cual suspendió la adecuación de oficio a la Ley de Medios del Grupo Clarín, hasta tanto resuelva la cautelar que presentó el multimedios.
Fuentes judiciales informaron a DyN, propiedad del holding, que el magistrado le corrió el traslado de la demanda al Estado Nacional para que en cinco días éste la conteste, lo que le permitrá entonces resolver el planteo.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) había rechazado el día 8 el plan de adecuación que presentó Clarín y ordenó que se haga de oficio, por lo que el Grupo recurrió a la Justicia.
En su presentación, sostuvo que la Resolución del organismo es “arbitraria y nula” porque la AFSCA no le dio “derecho de defensa”, ya que, a su juicio, “primero debió intimarlo para subsanar el error objetado”.
También planteó que la Resolución de la AFSCA no sigue los parámetros que marcó la Corte Suprema de 2013, cuando falló sobre la Ley de Medios. En ese momento, el Alto Tribunal le solicitó al organismo “igualdad de trato” y “no discriminación”.
Desde lo técnico, el Grupo Clarín señaló que su plan se ajusta rigurosamente a la Ley de Medios y que “no exhibe ningún tipo de incompatibilidad”.
El juez Alfonso señaló que avanzaba con la medida, “dada la importancia del tema a tratar, como así también el estado de los hechos en la causa” y le “ordenó” a la AFSCA y a otros organismos que “se abstengan” de avanzar en la transferencia de oficio.
El mismo magistrado había declarado en diciembre de 2013 la constitucionalidad de los cuatro artículos de la Ley de Medios objetados por el Grupo Clarín al considerar entonces que no advertía “la existencia de un interés superior que autorice a prohibir lisa y llanamente que el sistema de licencias múltiples de radiodifusión sea objeto de un nuevo tratamiento, regulación y distribución”.
Ahora, dictó esta precautelar (figura que se aplica a partir de la sanción de la nueva Ley de cautelares contra el Estado) y le pidió al Gobierno que en cinco días conteste la demanda, para luego expedirse sobre el pedido. Al cierre de la edición no habían respondido.
