La Cámara de Diputados de la Nación avanzó este miércoles con el proyecto de ley que apunta a aliviar la situación de los deudores de créditos hipotecarios UVA. Al no lograrse una síntesis, se firmaron dos dictámenes a raíz de diferencias en Juntos por el Cambio.
El texto de mayoría consensuado previamente entre el Frente de Todos y la UCR consiguió 50 firmas en el de las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda, aunque algunos radicales suscribieron con disidencias parciales.
Por su parte, Martín Tetaz (Evolución) encabezó un dictamen de minoría que fue acompañado por sus pares del PRO y de la Coalición Cívica, algunos de los cuales también lo hicieron con disidencias parciales.
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El proyecto de la mayoría consensuado entre el Frente de Todos y la UCR crea el nuevo "Régimen de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios UVA y UVI", el cual garantiza que la cuota a pagar por el deudor hipotecario tomará en cuenta el índice mensual que de más bajo entre el coeficiente de variación salarial basado en la "Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y el IPC que mide la inflación promedio.
Por otra parte, se dispone que la cuota a pagar no podrá exceder el 30% de los ingresos acreditados por los deudores. En tanto, para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023.
A su vez, se establece que aquellos deudores que estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos.
La iniciativa crea un "Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)" que tendrá como finalidad compensar los descalces entre la cuota calculada en base a salarios y la estimada en base a la tasa UVA/UVI. El deudor deberá adherir de forma voluntaria al régimen para poder acceder a los beneficios del Fondo.
En caso de que el deudor esté desempleado, este fondo especial se hará cargo de hasta tres cuotas.
En parte, dicho fondo compensador será financiado "con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera", detalla el dictamen de mayoría.
Tras una introducción sobre los puntos centrales del proyecto a cargo de la presidenta de la comisión de Finanzas, Alicia Aparicio (Frente de Todos), tomó la palabra uno de los impulsores principales de la iniciativa, el mendocino Julio Cobos (UCR), quien celebró la reunión "después de tanta búsqueda de consenso".
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El radical criticó a quienes dicen que "hasta que no solucionemos el tema de los alquileres no vamos a tratar otra ley", y reclamó que los bancos "hagan el esfuerzo" de contribuir al fondo compensador.
Cobos detalló que el proyecto plantea que se tome agosto de 2019 como fecha de retroactividad para la aplicación de la ley, ya que fue entonces cuando se dio el primer congelamiento.
Según dijo, esto "implicaría una erogación de 390 millones de pesos y la ley establece una generación de recursos de aproximadamente 500 millones de pesos, así que creo que económicamente se podía afrontar o al menos establecer como una opción para el que quiera".
Además propuso que "no sea obligatorio" que la cuota no supere el 30% de los ingresos del deudor, "hay gente que ya se lo quiere sacar de encima y está dispuesta a poder pagar más".
A continuación, Tetaz aclaró que "la voluntad de llegar a un acuerdo permanece", pero cuestionó que "no hubo chance de modificar ni una coma" del proyecto consensuado.
El economista cuestionó la existencia de un fondo compensador, ya que a su juicio funciona como un "subsidio permanente" para que los tomadores de créditos UVA hagan buenos negocios en dólares con los recursos públicos.
La reacción de los bancos
La Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) mostraron su preocupación acerca de diversos proyectos de ley que se tramitan en el Congreso nacional para paliar la mora en los créditos UVA y que podrían comprometer la continuidad de los préstamos hipotecarios.
Las entidades argumentaron que “en todo el mundo el Estado fija las normas generales para los créditos hipotecarios, pero el grueso de los recursos los aporta el sector privado”.
En este sentido, destacaron que hay tres elementos esenciales para el desarrollo de un mercado de crédito hipotecario: seguridad jurídica, es decir, confianza en la permanencia y estabilidad de los contratos; un marco normativo estable; y cierta estabilidad macroeconómica.
“Estas son condiciones necesarias que deben mantenerse en el tiempo para, progresivamente, incrementar el volumen de créditos hipotecarios”, subrayaron ABA y Adeba.
LM
