Declarar a internet como servicio público traerá mayor concentración y menor competencia
La Cámara Argentina de Internet (CABASE) alertó la norma pone en riesgo de subsistencia a más de 1.200 pequeños y medianos actores del ecosistema de internet, que son PyMEs y prestan el servicio en localidades del interior.
La declaración de la conectividad a Internet como servicio público esencial a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 continuó este lunes dividiendo las aguas, y generó discrepancias entre la cámara empresaria y la asociación de usuarios del sector.
Por un lado, los prestadores asociados a la Cámara Argentina de Internet (CABASE) cuestionaron la norma y advirtieron que esa decisión "solo traerá mayor concentración y menor competencia" en el sector, y alertó que pone en riesgo de subsistencia a más de 1.200 pequeños y medianos actores del ecosistema de internet, que son PyMEs y cooperativas de capitales nacionales que prestan servicios principalmente en la gran mayoría de pequeñas y medianas localidades del interior del país.
En contraposición, el presidente de Asociación Argentina de Usuarios de Internet, Sergio Salinas Porto, aseguró que el DNU “garantiza la libertad de expresión” y "democratiza el acceso" a la comunicación.
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CABASE lamentó que que “el DNU 690/20 ha sido dictado de manera inconsulta, sin tener en cuenta el camino recorrido y sin considerar las características particulares de los prestadores pymes y cooperativos".
Para la cámara empresaria, el mercado argentino "tiene ya un altísimo nivel de concentración, que no hará más que agravarse si la reglamentación del DNU no contempla un esquema específico para pymes y cooperativas, diferenciado del que se establecerá para los grandes operadores".
“La continuidad de estos servicios de conectividad en condiciones de calidad requiere de la permanente realización de inversiones en redes y equipos, en más de un 80% dolarizadas, que se solventan con capital propio, sin acceso a fuentes nacionales o internacionales de financiación y que se repagan a partir de los precios en pesos cobrados a los usuarios que utilizan los servicios .Este escenario hace que sea muy difícil para las PyMES y Cooperativas hacer frente a una competencia muy agresiva por parte de los operadores dominantes, situación que se agrava con la regulación de precios contenida en el DNU”, planteó la institución.
En ese sentido, consideró que "se necesita una regulación inteligente, que discrimine a los grandes operadores del resto a través de regulaciones asimétricas, para que se generen en todo el país las condiciones que permitan nivelar la cancha impulsando activamente una mayor participación de las pymes y cooperativas en el mercado,".
Por último, reclamó al Gobierno "abrir una instancia de diálogo que permita revertir los efectos nocivos de ese DNU, y atender nuestras legítimas preocupaciones, generando las condiciones necesarias para que podamos continuar brindando el servicio y realizando las inversiones que requiere la extensión de la conectividad".
A Favor. Salinas Porto señaló en declaraciones radiales que “veníamos planteando hace un tiempo, más de 80 organizaciones, que fueran declarados servicios públicos esenciales para generar tarifas justas y el desarrollo en infraestructura en todo el país".
"Este decreto democratiza el acceso y genera la posibilidad de tener tarifas más justas al tiempo que amplía la injerencia del Estado en cuanto a infraestructura", avaló el dirigente, y acotó que "tenemos que estar atentos que no cambien la discusión, esto genera mayor libertad de expresión porque más gente va a estar conectada, más gente va a tener celular, y va acceder a contenidos educativos, a lograr un empleo porque lo van a convocar con un mensaje de whatsApp, van a tener mayor posibilidad de acceder a las noticias", justificó.
Salinas Porto comentó que en "lugares menos poblados donde hay casas bajas, terrenos baldíos, el servicio de la empresa empieza a flaquear, (las empresas) no pone teléfonos, no pone módems y menos aún fibra óptica" por lo que argumentó lo que se está planteando en el decreto es “una tarifa que tenga en cuenta a los sectores más vulnerables".
En esa línea, el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini, afirmó este lunes que la decisión de declarar telefonía celular y fija a los servicios de internet y a la TV paga como servicios públicos "no se hizo en contra de nadie" sino "a favor del usuario".
El funcionario dijo que el Gobierno venía trabajando con las empresas, por lo que a principio de la pandemia se logró "retrotraer y congelar precios y las empresas pudieron seguir facturando, y contó que en las últimas semanas se les pidió un "esfuerzo" en cuanto al aumento que pretendían para sus tarifas a partir de septiembre, pero no se llegó a un acuerdo, por lo cual se tomó la decisión de avanzar con el DNU.
"No hubo un consenso con las empresas para la prórroga de los incrementos. Había algunos números excesivamente altos y que no acompañaban el proceso de Argentina, que no soporta un aumento alto en un rubro tan usado como este. Hoy todos manejamos la conectividad: trabajo, educación, todo", fundamentó Ambrosini.
