Tras el acuerdo con los principales acreedores por la reestructuración de la deuda, el Gobierno comenzó a estudiar un esquema de descongelamiento paulatino de las tarifas de servicios públicos, las cuales están sin cambios desde el año pasado, con el fin de iniciar un camino de reducción del déficit fiscal –proyectado en 9% para este año– que dejará la pandemia del coronavirus y como uno de los elementos para captar el ingreso de inversiones en el país.
Tanto fuentes de Casa de Gobierno como del gabinete económico admitieron que la reducción paulatina de los subsidios económicos formará parte del debate parlamentario sobre el Presupuesto para el próximo año y, esencialmente, de las negociaciones para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Estamos trabajando en un esquema que nos permita tener tarifas razonables y que sean asumibles en los hogares”, señaló el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en declaraciones a AM 750, donde marcó la necesidad de capitalizar inversiones.
En este momento, los subsidios económicos, que se implementan sobre los servicios de agua, electricidad, gas y transporte, se ubican en un nivel del 3,7% del PBI, aunque entre 2013 y 2015 llegaron a ser un 5%. En la gestión de Cambiemos, los subsidios se redujeron en un momento hasta el 1,8% del PBI, pero luego se incrementó, especialmente el año pasado, al 2,2% del PBI. El plan sería ir hacia una reducción de un punto o algo más de un punto del PBI en el próximo año.
El Gobierno pone en duda el posible aumento de la nafta
“Ahora, el objetivo es ir bajando gradualmente, porque es algo que formará parte de la discusión con el FMI. Sin dudas que el Fondo va a poner una condición esencial para el nuevo acuerdo, que será reducir en forma paulatina y consistente el déficit de las cuentas públicas”, sostienen en el Ejecutivo.
El ajuste de tarifas comenzará entre fines de este año o en el primer trimestre de 2021, antes de las elecciones parlamentarias. Los subsidios económicos superan los $ 250 mil millones anuales y en función de estos números, los incrementos de las tarifas, en una primera parte, se ubicarían en torno al 10%, según calculan funcionarios técnicos del Ministerio de Economía.
Naftas. Un primer paso ya se está dando con el valor de los combustibles, el cual tendría esta semana un ajuste en sus precios del 7% –para el sector debería ser del 12%– y el próximo mes seguiría con la telefonía celular y el servicio de internet. Para los economistas, el atraso tarifario es del 30%.
De hecho, se estima que el FMI podría exigirle al Gobierno en las negociaciones para un nuevo acuerdo una reducción progresiva que lleve el déficit primario, estimado entre 8 y 9% en 2020, a un 7 o 6,5% en el próximo año, para llegar un desequilibrio reducido del 2% o 1,5 hacia final del mandato del presidente Alberto Fernández.
Para el economista Aldo Abram “indudablemente los subsidios van a tener que empezar a disminuir, porque si bien se podrá observar algún rebote positivo en la economía que implique mayor recaudación fiscal, lo real es que ante la pandemia el gasto público se ha incrementado en forma insostenible”.
Bolsillo. “El problema es que las tarifas se van a corregir algo con un país mucho más empobrecido, tras la debacle de este año, pero también hay que considerar que si no se corrigen, menores inversiones van a venir”, agregó Abram.
Para Raúl Ochoa, economista y consultor, “indudablemente el FMI va a pedir una reducción del déficit, y le va a decir a la Argentina que ahora que ustedes cerraron el acuerdo con los bonistas, tienen que trabajar muy firme para reducir su déficit y lograr en un futuro un superávit para pagar los intereses de la deuda”.
“Entonces, hay que ir modificando el esquema fiscal. Una cosa son los subsidios para salir de la pandemia y otra es el esquema de subsidio a los servicios, que es difícil mantenerlos en el tiempo. Un subsidio generalizado sobre los servicios no atrae inversiones”, acotó.
El Ministerio de Desarrollo Productivo presentó en la última semana ante empresarios del sector hidrocarburífero los principales lineamientos el Esquema de Gas 2020-2024, que según definió la propia cartera es una iniciativa para potenciar la producción de gas, que consistirá en un sistema de contratos directos para garantizar el abastecimiento en los próximos cuatro años. Busca “proyectar hacia adelante una oferta vigorosa que sea compatible con los ciclos económicos, que nos permita ahorrar importaciones y, por lo tanto, recursos fiscales”, según remarcó Kulfas.
