De 1990 a 2001 el precio de la tonelada que se pagaba a los productores por la yerba verde disminuyó de $202,94 a $42, y el valor de la yerba canchada pasó de $930,62 a $349,38. Esta baja coincidió con el decreto que disolvió la Comisión Reguladora de la Producción y el Comercio de la Yerba Mate (Crym), que había sido creada en 1935. Los datos, que se desprenden de un informe del Centro de Economía Política Argentina, son los que preocupan a los productores tras la quita de la potestad del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) para fijar precios mínimos de referencia a partir de este mes, una medida que se enmarca en la aplicación del DNU 70/2023.
Durante la década mencionada, según comentó a PERFIL Marcelo Hacklander, presidente de la Unión de Agricultores de Misiones (Udam) y miembro del Inym, la mitad de los 8000 pequeños productores que había en Argentina desaparecieron. Sobrevivieron solamente 4000, que fueron los que pudieron comprar las hectáreas a quienes se habían fundido en el camino. La caída fue gradual, pero constante.
“Esta desregulación ya la vivimos y sabemos hacia dónde vamos con esto”, opinó Hacklander. “En el año 2001 salieron los ‘tractorazos’ que fueron noticia en diferentes puntos del país. Se pedía que se vuelva a constituir una entidad con poder nacional para dar amparo al pequeño productor”.
Durante la década de desregulación, continuó Hacklander, algunos productores pararon de cosechar durante cuatro años. “Los precios fueron tan miserables que no cubrían los costos productivos. Los productores desaparecieron de todas las formas posibles: vendiendo sus chacras o por problemas de salud debido a esta situación; fue catastrófico”.
Después de la creación del Inym en 2002, explicó, el sector logró recuperarse. “Hoy volvimos a ser 12.400 productores. Esos 4000 productores grandes siguen existiendo y aparecimos 8400 pequeños”.
Desde entonces el Inym calcula un precio de referencia para los productores, que tiene en cuenta los costos y un margen de ganancia. El monto quedó chico después de la devaluación: hoy se paga $370 pesos el kilo, cuando un paquete de yerba puede costar $5000.
Por eso, y ante la falta de poder de negociación de los pequeños productores –que en su mayoría tienen terrenos de 25 hectáreas y destinan una mínima parte a la yerba– “va a ser complicado subsistir”.
El otro problema, agregó Hacklander, es el de las facilidades para la importación anunciadas por el Gobierno, que también incluyen a la yerba mate. “Los tres únicos países que producen son Argentina, Paraguay y Brasil. Paraguay tiene una ley que prohíbe la importación de yerba de países limítrofes. Brasil tiene una barrera pararancelaria por la que cualquier yerba nacional nuestra se vende al doble que cualquiera de la de ellos”, explicó.
Por otro lado, está la cuestión de la calidad. Entre 2021 y 2022 entraron 1200 cargas importadas, y menos del 2% estaba apta para el consumo. “Está contaminada con metales pesados. Va a terminar afectando la salud de los consumidores y también podría ser un problema si se exporta”.
El sector está en crecimiento. Según el Inym el primer bimestre de 2024 cerró con ventas por más de 48 millones de kilos, lo que representa un crecimiento del 6,2% respecto al mismo periodo de 2023, y en un contexto en el que la mayoría del consumo cae.
Los productores chicos no serían los únicos perjudicados si la situación se repite, advirtió el titular de Udam. “Hay más de 15 mil personas involucradas en la producción”. Además del precio, los productores advierten que el Gobierno está disolviendo el organismo en la práctica. “Supuestamente habían designado una autoridad de Nación. Se presentó un día, le pedimos la resolución, nos dijo que le faltaban unas firmas y no volvió más”. Para tomar algunas decisiones el organismo necesita de la asistencia de los 12 miembros del directorio, y uno de esos es el que aún esperan como representante del Gobierno.
“Creo que es una irresponsabilidad del presidente Milei liberar la actividad yerbatera. No existe ninguna necesidad y no existe ninguna urgencia para haber hecho esto”, agregó a este medio Hugo Sand, productor yerbatero y miembro de la Asociación de productores agropecuarios de Misiones. “Nos ha arrojado a que los grandes molineros paguen como quieran y cuando quieran la materia prima”, señaló.
“Lo que están buscando es que el colono malvenda su tierra y se vaya a las villas miserias como ya ocurrió a fines del 90, principios del 2000”, agregó.
La competencia con la yerba importada también complicaría el panorama, explicó. “Las importaciones de yerba mate de Brasil y de Paraguay pagan entre un 20% y un 35% menos de impuestos nacionales, es mucho más barata esa yerba, así que el futuro nuestro es bastante sombrío. Hay 15.000 familias de obreros rurales que van a quedar a la deriva”.
Si las funciones del Inym se reducen, también podría perderse la trazabilidad de los productos que ingresan con las facilidades económicas anunciadas por el Gobierno. “Si no hay más inspectores los consumidores no tendrán la certeza de que el producto sea bromatológicamente apto. Tenemos estudios que señalan que la yerba que proviene de Brasil tiene altos contenidos de metales pesados, cadmio fundamentalmente”, sintetizó.
