En 2024, solamente seis provincias gastaron más de lo que recaudaron. Un año después, el número había ascendido a catorce sobre las veintitrés que publicaron sus cuentas. La mejora fiscal provincial duró poco: apenas se recuperaron los ingresos, también volvió a crecer el gasto.
En 2023, las provincias gastaban en conjunto $ 101,7 por cada $ 100 que recibían. En 2024 redujeron esa relación a $ 98,9 y alcanzaron un superávit. Pero en 2025 volvieron a gastar $ 102,1. No sólo deshicieron el ajuste, sino que terminaron con un desequilibrio mayor que antes del cambio de gobierno.
La comparación con la Nación es inevitable. El Gobierno redujo su gasto de 19,3% del PBI en 2023 a 14,5% en 2025. Esa baja permitió equilibrar las cuentas y comenzar a reducir impuestos: la carga tributaria nacional ya disminuyó cerca de tres puntos del producto y, según Iaraf, el alivio llegaría a 4,7 puntos en 2027. En las provincias ocurrió algo diferente: el ordenamiento de 2024 fue transitorio y no se utilizó para bajar impuestos.
La explicación está en la composición del ajuste. Entre 2023 y 2024, los gastos de capital cayeron de 12,5% a 9,5% de los ingresos. Allí se concentró casi toda la mejora. El gasto corriente pasó de 89,2% a 89,4% y luego saltó a 92,4% en 2025. El gasto en personal bajó de 43,8% de los ingresos a 43%, pero al año siguiente subió a 44,6%. Las provincias postergaron obras, pero no modificaron de manera permanente su estructura de gastos.
El superávit de 2024 tampoco estuvo acompañado por un alivio tributario provincial. La recaudación propia pasó de representar 30% de los ingresos totales en 2023 a 31,9%. Parte de ese aumento se explica por la menor participación de los recursos enviados por la Nación, pero el dato muestra que los gobernadores no utilizaron la mejora fiscal para reducir la carga impositiva. El equilibrio se apoyó principalmente en la postergación de gastos de capital y en un mayor peso relativo de la recaudación propia. Cuando el gasto corriente volvió a crecer en 2025, el déficit reapareció.
Hay razones que ayudan a entender la rigidez presupuestaria. Cerca de la mitad del gasto corresponde a salarios, trece jurisdicciones administran cajas previsionales no transferidas y la Nación redujo transferencias discrecionales y obra pública. Pero esto no explica todo. Entre 2005 y 2019, las provincias gastaron en promedio $102,5 por cada $100 que recibieron. El gasto se contiene cuando escasean los recursos y vuelve a crecer cuando mejora la recaudación.
No existe un destino inevitable. Tierra del Fuego cerró 2025 gastando $ 116,3 por cada $ 100 de ingresos; Chubut, $ 108,2; Santa Cruz, $ 106,3; y Buenos Aires, $ 105,9. El caso bonaerense es clave porque reúne una cuarta parte de los recursos provinciales. CABA pasó de 91,7% en 2023 a 101,5% en 2025. Salta y San Luis, en cambio, lograron mantenerse por debajo de $ 100.
Aquí aparece la discusión pendiente. Para bajar impuestos provinciales de forma permanente, primero hay que generar espacio reduciendo gastos. La nación siguió esa secuencia. Las provincias todavía no lo hicieron.
El principal candidato es Ingresos Brutos. Es la mayor fuente de recaudación propia, pero también uno de los impuestos más distorsivos. Como grava las ventas en cada etapa de producción, se acumula a lo largo de la cadena. Un mismo bien puede pagarlo varias veces antes de llegar al consumidor. El resultado es un mayor costo para las empresas, precios más altos y un castigo para las actividades con redes extensas de proveedores.
Una reducción de Ingresos Brutos tendría efectos que van más allá del alivio tributario. Liberaría capital de trabajo, mejoraría la rentabilidad de nuevos proyectos y reduciría el costo de operar formalmente. También favorecería a las exportaciones, que incorporan en sus insumos una carga provincial difícil de recuperar. En una economía que busca volver a crecer, bajar esa distorsión ayudaría a transformar la estabilidad en más inversión, empleo y actividad.
El margen no es insignificante. Si las provincias regresaran a la relación entre gastos e ingresos de 2024, liberarían recursos equivalentes a 3,2 puntos de sus ingresos. Ese ahorro permitiría financiar una reducción cercana al 10% de toda la recaudación tributaria propia. No hace falta esperar una reforma integral de la coparticipación ni un crecimiento extraordinario. Se trata de recuperar el esfuerzo y convertirlo en una mejora permanente.
La Nación ya redujo el gasto, alcanzó el equilibrio y comenzó a bajar impuestos. Para que ese alivio se traduzca en una economía más dinámica, las provincias deben avanzar en la misma dirección.
*Economista jefe de Libertad y Progreso.
