El Gobierno nacional avanza en un programa de "reconfiguración logística" de las Fuerzas Armadas que contempla modificaciones en el despliegue territorial de las estructuras de Defensa, mediante la enajenación de inmuebles militares a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). En ese marco, se puso en marcha un proceso para ceder a consorcios privados el control operativo y las líneas de producción de Fabricaciones Militares (FM) por los próximos 35 años. El mecanismo elegido es un “Concurso Público Nacional e Internacional”, un expediente que busca asociar al Estado con empresas privadas a través de la creación de Uniones Transitorias (UT).
Como Fabricaciones Militares quedó fuera de la lista de empresas privatizables de la Ley Bases que aprobó el Congreso, el diseño de los contratos utiliza la figura asociativa de la Unión Transitoria para que el Estado retenga la titularidad formal de los galpones y la tierra. De esa manera, el oficialismo esquiva tener que pedir permiso al Congreso, bajo el argumento técnico de que no se produce una transferencia de acciones ni una venta directa de la firma. Se trata de una asociación “transitoria”. Pero esa ingeniería legal que armó el Poder Ejecutivo disparó un conflicto político.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), planteó su rechazo a la iniciativa del gobierno de Javier Milei mediante un informe técnico en el que denunció que el pliego es un atajo jurídico que esconde una privatización “de hecho” en el funcionamiento diario de las plantas.
El proceso de selección de ofertas para el pliego ya está en su etapa definitoria. Luego de modificar las condiciones originales para extender los plazos de presentación, el Estado se prepara para recibir las propuestas de los competidores locales y extranjeros, lo que expuso una disputa de fondo sobre la autonomía de la producción militar en el país, el futuro de los trabajadores estatales bajo mandos privados y el impacto territorial de los predios afectados.
Fabricaciones Militares: flexibilización y riesgo de desguace
A mitad de camino de la licitación, el Gobierno decidió modificar las exigencias financieras que les pedía a las empresas para ingresar al negocio. A través de la Circular Modificatoria N° 02, el Ministerio de Defensa prorrogó el calendario y estableció que "el PLAZO para la presentación de las OFERTAS se extenderá hasta el día 03 de noviembre de 2026", fijando el acto oficial de apertura de los sobres económicos para el 4 de noviembre.
Pero el cambio de mayor impacto estuvo en el patrimonio neto mínimo que se les exige a los oferentes. En el inicio, para quedarse con el Área de Explosivos se necesitaba una corporación con 70 millones de dólares de respaldo, y para el Área de Defensa se pedían 40 millones.
La Circular N° 02 fragmentó esos pisos al habilitar ofertas sueltas por subcategorías. Con este cambio, un privado puede competir solo por el ítem “Químicos” demostrando "un patrimonio neto mínimo de DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTICINCO MILLONES (USD 25.000.000)" o entrar a la planta de Santa Fe anotándose en el pliego únicamente en la subcategoría de chalecos antibalas con un respaldo de sólo 5 millones de dólares.
Esta adecuación de los requisitos económicos encendió las alertas de la representación gremial. En su informe, ATE advierte que dejar que las empresas oferten por partes aisladas permite que los privados elijan únicamente las divisiones con rentabilidad inmediata. Según el análisis del sindicato, la nueva redacción de la normativa oficial "habilita el 'cherry picking': un operador puede quedarse con la línea rentable (por ejemplo, munición de alto calibre para exportación) y dejar al Estado con las líneas deficitarias, sin obligación de integralidad".
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El mapa de Fabricaciones Militares
El complejo industrial de Fabricaciones Militares S.A.U. quedó estructurado en el pliego de condiciones en cuatro áreas específicas de producción, denominadas formalmente "renglones". Estas divisiones abarcan la totalidad de las actividades de defensa y química que administra la empresa pública. El concurso permite que las compañías privadas compitan por una sola de estas líneas de negocio, por varias o por el paquete completo.
La primera es el Área Química, enfocada en la elaboración de ácido sulfúrico, ácido nítrico y nitrato de amonio en solución para la fabricación de fertilizantes. Esta unidad opera en la Fábrica Militar Río Tercero, en la provincia de Córdoba. En ese mismo predio cordobés funciona el Área Metalmecánica, dedicada a las tareas de fundición, maquinarias y desarrollo de material rodante ferroviario, cañones y vainas.
El sector de los suministros energéticos se reparte en dos provincias. El Área de Explosivos regula la fabricación de pólvoras, explosivos industriales y trinitrotolueno (TNT) para abastecer a la minería, la actividad petrolera y el sector de defensa. Esta línea productiva tiene su base en la Fábrica Militar Villa María, en Córdoba, y en la Fábrica Militar Azul (Fanazul), en la provincia de Buenos Aires.
Por último, el Área de Defensa contiene las instalaciones encargadas de proveer directamente equipamiento de seguridad. Esta división incluye la fabricación de municiones de bajo y alto calibre, armamento y chalecos balísticos. Toda la cadena de producción, suministros y licencias de esta rama estratégica se localiza en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe.
La complejidad del mando diario en FM
El futuro de los empleados civiles de las fábricas es el punto de mayor conflicto entre la letra chica del pliego del Gobierno y los representantes sindicales. El modelo de contrato fija un esquema donde los operarios actuales seguirán siendo formalmente empleados de Fabricaciones Militares S.A.U. y el Estado continuará pagando sus salarios, pero las órdenes de trabajo diarias pasarán a estar bajo la dirección exclusiva de las firmas privadas.
El documento oficial estipula de forma taxativa en el artículo 9.8 del contrato modelo que la conducción operativa cambia de manos. El texto determina que "las remuneraciones, horas de trabajo, turnos y demás condiciones serán determinadas exclusivamente por el OPERADOR", y suma una restricción al aclarar que la firma pública "no podrá destinar otras personas a las OPERACIONES CONJUNTAS, salvo acuerdo con el OPERADOR". De esta manera, el pliego traslada al operador privado la facultad de fijar los horarios, turnos y dinámicas cotidianas, manteniendo la masa salarial con cargo a una cuenta común.
ATE impugnó este mecanismo al señalarlo como un perjuicio directo a los derechos de los trabajadores. El informe del sindicato denuncia que es "una figura jurídicamente aberrante: el trabajador sigue siendo empleado del Estado, el Estado sigue pagando su salario y sus cargas sociales, pero quien organiza su trabajo, fija sus horarios, define sus turnos y determina sus condiciones es un operador privado extranjero que no es su empleador". Para el gremio, esta división genera un fraude laboral estructural que colisiona con las normativas vigentes de la Ley de Contrato de Trabajo.
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El filtro del Tesoro norteamericano en Fabricaciones Militares
La apertura internacional de la licitación incluyó condiciones regulatorias que dependen directamente de resoluciones tomadas por agencias gubernamentales extranjeras. En el artículo 12.2 del pliego de bases y condiciones generales, la administración nacional sumó un filtro ligado a dependencias de los Estados Unidos. El inciso “m” de esa cláusula fija que "no serán aceptados como OFERENTES o como INTEGRANTES de una OFERTA quienes se encuentren incluidos en las listas elaboradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica".
ATE señala que esta cláusula entrega parte de la soberanía regulatoria argentina a un organismo externo. El gremio critica en su informe que "se está delegando en un organismo de otro Estado —sin tratado, sin reciprocidad, sin control judicial argentino— la determinación de quién puede y quién no puede asociarse a la industria de defensa nacional". Según su postura, este filtro corre del mapa a potenciales oferentes y direcciona el negocio hacia corporaciones privadas transnacionales de Occidente.
A este escenario se agrega que el canon que los privados deben abonar al país se actualizará mediante el Producer Price Index (PPI), un índice de inflación mayorista del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos.
Además, el pliego instaló una traba económica para el futuro: si una próxima administración decide cancelar el contrato antes de los 35 años por razones de emergencia o conveniencia estratégica, el contrato lo obliga a pagarle al privado toda la inversión que no haya llegado a amortizar más una penalidad del 10%. Para ATE, esta cláusula funciona como un “candado financiero” que condiciona las decisiones de los futuros gobiernos.
El tablero del reordenamiento militar de LLA
Tal como contó la periodista Regina Giannasi para PERFIL el pasado 21 de agosto, el programa gubernamental de venta de inmuebles y reestructuración de las Fuerzas Armadas ya tiene antecedentes de conflicto político.
Entre mayo y junio surgieron en Mar del Plata versiones sobre una eventual desafectación de sectores de la Base Naval ubicada frente a Playa Grande. En esas instalaciones funcionan dependencias estratégicas como el Comando de la Fuerza de Submarinos, el Área Naval Atlántica, la División de Patrullado Marítimo y la Agrupación de Buzos Tácticos.
La preocupación de la comunidad marplatense llegó al Concejo Deliberante, donde el partido Acción Marplatense presentó un pedido de informes al Ministerio de Defensa. Además, exigió al Ejecutivo nacional que no tomara decisiones sobre ese predio militar sin la participación de la ciudad.
La reacción institucional forzó a la cartera de Defensa a publicar una desmentida en la que aseguró que la continuidad de la Base Naval frente a Playa Grande estaba garantizada.
También aparece la reciente autorización de la AABE para desprenderse de campos de la Base Naval Ushuaia, que pertenece a la Armada, y por los traslados anunciados en la Base Aeronaval Punta Indio, un centro histórico de la Aviación Naval. La Armada comunicó que mudará la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y la Escuela de Aviación Naval hacia la Base Comandante Espora, en Bahía Blanca, a partir de enero de 2027.
El impacto del cambio de tareas en Punta Indio afecta a 185 trabajadores civiles y unos 300 militares que deberán ser trasladados de jurisdicción. Los sindicatos del distrito calculan que la masa de sueldos inyecta unos 600 millones de pesos mensuales en los comercios locales, de Verónica y otras localidades cercanas.
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Ante el desarme de la base, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, rechazó el recorte de actividades y respaldó al intendente puntaindiense, David Angueira, en el armado de una “Mesa de Defensa”.
La autoinhibición estatal en FM
El esquema asociativo propuesto para las plantas de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires choca con la lógica histórica con la que nació la empresa. Fabricaciones Militares fue creada en 1941, bajo la presidencia de Roberto M. Ortiz. Su estructura autárquica fue pensada para asegurar el autoabastecimiento de insumos estratégicos y evitar quedar a expensas de los vaivenes de los mercados internacionales o de eventuales bloqueos externos.
La licitación actual invierte ese principio fundacional mediante el artículo 36, que impone una cláusula de no competencia territorial estricta. Al firmar el contrato asociativo con el operador privado por los próximos 35 años, el Estado argentino asume el compromiso formal de autoinhibirse de fabricar, diseñar, desarrollar o comercializar de forma independiente cualquier producto similar o idéntico a los de la UT en todo el territorio nacional.
De este modo, aunque las fábricas de Río Tercero, Villa María, Azul y Fray Luis Beltrán sigan figurando a nombre del patrimonio del Estado nacional para mantener la legalidad de las formas, el sector público se desprende de la capacidad material de fabricar sus propias armas.
Esta renuncia de competencias inédita, que se proyecta hasta el año 2061, deja la producción militar de la Argentina sujeta a las mayorías automáticas de comités ejecutivos controlados por empresas privadas y a un esquema de ingresos fiscales indexado por la inflación de los Estados Unidos.
NG
