El Gobierno de Javier Milei profundiza la reorganización del patrimonio y la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, con ventas de inmuebles, traslados de unidades y concentración de recursos en distintas bases del país. Este viernes 21, el Ejecutivo autorizó la enajenación de cuatro nuevos terrenos estatales, entre ellos un predio de 382.594,79 metros cuadrados en Ushuaia vinculado a la Armada Argentina, en una zona de particular sensibilidad por su ubicación en el extremo sur del país.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 764/2026, que autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado a disponer y vender los terrenos. El de Ushuaia está delimitado por Yaganes, 44 Héroes ARA San Juan, avenida Héroes de Malvinas y Horeb. El Gobierno justificó la decisión al considerar que los inmuebles presentan falta de afectación específica, subutilización o un estado de innecesariedad y sostuvo que su venta permitirá reducir costos y generar ingresos para el Tesoro.
El movimiento se inscribe en una política iniciada previamente con el Decreto 950/2024, que reactivó los procesos de venta y transferencia de numerosos inmuebles del Estado, y que alcanzó también propiedades ligadas al sistema de Defensa. Entre los antecedentes aparece el edificio donde funcionaba el Comando Conjunto de Ciberdefensa en Puerto Madero, vendido por US$34 millones, y el terreno de más de 42.000 metros cuadrados lindero al Regimiento de Patricios, en Palermo, adquirido por Eduardo Costantini por US$127 millones.
En mayo, el Ejecutivo dio otro paso con el Decreto 314/2026 y la creación del Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, conocido como Plan ARMA. La normativa no dispone por sí misma la venta de bases militares, pero establece un mecanismo para financiar a Defensa mediante activos estatales. El 10% de los ingresos provenientes de bienes públicos y privatizaciones debe destinarse al área, porcentaje que se eleva al 70% cuando el inmueble vendido estaba afectado al Ministerio de Defensa.
Desde el Gobierno sostienen que esos fondos permitirán financiar reequipamiento, modernización e infraestructura estratégica de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, dentro del ámbito militar persisten interrogantes sobre el impacto de desprenderse de propiedades y concentrar estructuras para obtener recursos destinados posteriormente al mismo sistema de Defensa.
De Mar del Plata a Punta Indio, las bases bajo la lupa
El esquema ya había provocado ruido en Mar del Plata, cuando en mayo y junio crecieron las versiones sobre una eventual desafectación de sectores de la Base Naval ubicada frente a Playa Grande. Allí funcionan estructuras estratégicas como el Comando de la Fuerza de Submarinos, la Escuela de Submarinos, el Área Naval Atlántica, la División de Patrullado Marítimo y la Agrupación de Buzos Tácticos.
La preocupación llegó al Concejo Deliberante, donde Acción Marplatense impulsó un pedido de informes al Ministerio de Defensa y reclamó al Ejecutivo que no adoptara decisiones sobre la Base Naval sin participación de la ciudad. La reacción llevó al Ministerio a desmentir categóricamente que existiera un proyecto para vender o desafectar el predio y asegurar que su continuidad operativa estaba garantizada.
El episodio adquirió ahora una nueva dimensión ante la autorización para desprenderse del terreno de Ushuaia y por los cambios anunciados esta semana en la Base Aeronaval Punta Indio, uno de los principales centros históricos de la Aviación Naval. Allí, la Armada comunicó que trasladará la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima y la Escuela de Aviación Naval a la Base Comandante Espora, en Bahía Blanca, a partir de enero de 2027.
La decisión forma parte del Plan Dédalo, un programa de reorganización de la Aviación Naval con un horizonte de cinco años, que incluye cambios en el despliegue territorial, la infraestructura y los medios disponibles. En ese mismo marco, la Armada anunció el retiro definitivo de los históricos aviones Super Étendard, vinculados a la Guerra de Malvinas.
El impacto en Punta Indio excede la estructura militar. Según los datos difundidos por la Provincia, la base involucra a 185 trabajadores civiles y alrededor de 300 militares, parte de los cuales deberán ser trasladados. Además, se trata de uno de los principales motores económicos del distrito. Organizaciones sindicales estiman que la masa salarial vinculada al establecimiento ronda los $600 millones mensuales, con fuerte incidencia sobre los comercios de Verónica y localidades cercanas.
El gobierno de Axel Kicillof rechazó la reducción de las actividades de Punta Indio y acompañó al intendente David Angueira en la conformación de una Mesa de Defensa de la base junto con trabajadores, sindicatos, representantes políticos e instituciones locales. La Provincia también reclamó al ministro Carlos Presti que responda a los pedidos de audiencia enviados desde el municipio.
El malestar salarial detrás de la reorganización
Los movimientos patrimoniales y operativos encuentran además a las Fuerzas Armadas atravesadas por un fuerte deterioro salarial y reclamos internos por la brecha con las fuerzas de seguridad. Un informe difundido en mayo estimó que, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, los haberes militares aumentaron 139,03% frente a una inflación acumulada de 219,14%, una diferencia de unos 80 puntos porcentuales.
Luego de los reclamos, el Gobierno prepara un aumento para las Fuerzas Armadas y de Seguridad
Otros relevamientos estimaron que los militares cobran entre un 25% y un 30% menos que sus pares de las fuerzas federales de seguridad. Como ejemplo, en mayo un coronel, comodoro o capitán de fragata percibía alrededor de $2.249.000, una cifra incluso inferior al salario inicial informado para un trabajador bancario. Desde julio, Economía y Defensa actualizaron nuevamente la escala de haberes para junio, julio y agosto.
El escenario expone así dos caras de la política de Defensa del Gobierno. Mientras la Casa Rosada presenta el Plan ARMA y el Plan Dédalo como herramientas para modernizar capacidades y concentrar recursos, la venta de activos y la reducción o traslado de estructuras comenzaron a generar resistencias en ciudades donde las bases tienen peso estratégico, histórico y económico. Ushuaia, Mar del Plata y Punta Indio aparecen ahora como tres expresiones distintas de una reorganización que empieza a modificar el mapa militar argentino.
MSS
