El Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) acumula una deuda de $213.902.225.670 (doscientos trece mil novecientos dos millones doscientos veinticinco mil seiscientos setenta pesos), según el último documento de relevamiento al que accedió PERFIL. Son aproximadamente 145 millones de dólares. Frente a esa situación, el gobierno de Javier Milei decidió en febrero de este año disolver la obra social mediante el decreto 88/2026 y crear, en su reemplazo, la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
La primera quedó bajo la órbita del Ministerio de Defensa y brinda cobertura al personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La segunda depende del Ministerio de Seguridad y se ocupa de Gendarmería y Prefectura. El decreto también estableció un plazo de 365 días para liquidar los activos y pasivos del IOSFA y ordenar el traspaso de sus recursos humanos y materiales a las dos nuevas entidades. Es decir, en febrero de 2027 el instituto dejará de existir.
Detrás de esa decisión hay un problema que excede al propio IOSFA y alcanza a gran parte del sistema de salud argentino. Los costos de las prestaciones médicas y de los medicamentos crecieron por encima de los ingresos de las obras sociales y las prepagas. Mientras estas últimas pueden trasladar esos aumentos a la cuota de sus afiliados, las obras sociales dependen exclusivamente de los aportes salariales.
Cuando esos ingresos dejan de acompañar la evolución de los costos, comienzan los atrasos con clínicas, sanatorios, médicos y farmacias. La consecuencia suele ser la misma: se acumulan deudas y, tarde o temprano, aparecen los cortes en la prestación de los servicios.
Las dos nuevas obras sociales ya funcionan, aunque con dificultades diferentes. En términos financieros, el área más comprometida sería el Ministerio de Seguridad. En materia prestacional, en cambio, los mayores desafíos recaen sobre Defensa. Cada cartera eligió una estrategia distinta para afrontar la transición.
La apuesta del Ministerio de Seguridad por Medicus
El Ministerio de Seguridad eligió priorizar la continuidad de la atención médica de su personal. Para eso, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva firmó un acuerdo con la prepaga Medicus, mediante el cual deriva los aportes de gendarmes y prefectos a esa compañía, que se comprometió a brindar cobertura a través de su red de prestadores. El convenio alcanza a cerca de 200.000 afiliados.
Según revelaron fuentes del Ministerio de Seguridad a PERFIL, Medicus cobra $127.500 por afiliado, un valor que, según fuentes del sector, se encuentra por debajo de los precios habituales del mercado actual. Este medio consultó a fuentes de Gendarmería y Prefectura, que coincidieron en señalar que el sistema ya está operativo. "Nos dieron una credencial de Medicus y estamos teniendo cobertura", afirmaron.
Resuelta la cuestión prestacional, la discusión pasó al plano financiero. El Ministerio de Seguridad rechaza que mantenga una deuda de alrededor de $100.000 millones con el IOSFA, como sostienen algunas fuentes, y plantea una diferencia conceptual que considera central: asegura que, en realidad, se trata de un crédito a favor del instituto.
La distinción no es menor. Mientras una deuda constituye una obligación de pagar dinero o entregar bienes —es decir, un pasivo—, un crédito representa el derecho a cobrar dinero o bienes de un tercero, por lo que integra el activo de quien lo posee.
Con ese criterio, la cartera sostiene que el crédito a favor del IOSFA ronda los $30.000 millones y atribuye su origen a una liquidación incorrecta de haberes que se habría realizado desde la creación de la obra social, en 2013.
"Se liquidaba mal porque no se descontaba al trabajador el porcentaje correspondiente a la obra social sobre el total de sus haberes. Cuando hacían el descuento no incluían, por ejemplo, el ‘suplemento zona’, que es un adicional que percibe el personal destinado fuera de la Ciudad de Buenos Aires", explicaron a PERFIL. Ese adicional alcanza a más del 85% de los integrantes de las fuerzas federales.
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Siempre según la versión del Ministerio de Seguridad, esa metodología respondía a una decisión de "no descontarle tanto al personal" y el reclamo del IOSFA apareció recién “cuando la obra social comenzó a evidenciar sus problemas financieros”.
Más allá de la discusión sobre el origen y el monto de ese crédito, en Seguridad admiten que todavía no está definido cómo ni quién lo cancelará. "Se está trabajando con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud", señalaron a PERFIL. En ese escenario, la alternativa que aparece con más fuerza es que el Tesoro Nacional asuma el pago.
La estrategia del Ministerio de Defensa para reemplazar al IOSFA
La estrategia elegida por el Ministerio de Defensa fue exactamente la inversa. En lugar de tercerizar la cobertura médica en una prepaga, la cartera que conduce Carlos Presti decidió concentrarse primero en construir una estructura propia, tanto administrativa como prestacional, mediante convenios con médicos, sanatorios, clínicas, droguerías y farmacias.
En ese marco, fuentes de la nueva obra social militar confirmaron a PERFIL que no existe ningún plan para celebrar un acuerdo similar al que OSFFESEG mantiene con Medicus. El objetivo, aseguran, es que la OSFA brinde por sí misma todas las prestaciones médicas.
Mientras avanza con ese esquema, la nueva obra social firmó el pasado 27 de mayo un "Convenio Marco Interadministrativo Prestacional y Transitorio" con el IOSFA. La decisión despertó cuestionamientos dentro de sectores castrenses porque, a primera vista, podría interpretarse que la nueva obra social terminó delegando la atención de sus afiliados en el mismo organismo que originó el descalabro y que el Gobierno decidió disolver.
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Sin embargo, desde la OSFA sostienen que la prioridad inicial fue otra: sanear financieramente al instituto durante la transición. Según confirmaron a PERFIL, a fines de mayo desembolsaron $81.000 millones correspondientes al crédito a favor del IOSFA.
Esa diferencia de criterios expone, además, una interna entre ambos ministerios. Desde Seguridad deslizan con ironía que "no sabemos con qué dinero Defensa le pagó al IOSFA". Del otro lado responden en el mismo tono: "No sabemos cómo hicieron el convenio con Medicus sin tener la habilitación para realizar ese tipo de acuerdos".
Más allá de esas diferencias, la intención de la OSFA es convertirse en una obra social que preste directamente los servicios de salud, una decisión que justifican tanto “por tradición” del sistema sanitario militar como por las particularidades de su padrón de afiliados. "Se está trabajando en los convenios y también en una app que, mediante un token, habilite las prestaciones", explicaron a este medio.
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El desafío de reemplazar al IOSFA
Mientras el Gobierno avanza con la reorganización del sistema, los problemas de atención continúan afectando a gran cantidad de afiliados. Este jueves, un suboficial retirado de las Fuerzas Armadas se encadenó frente a la sede del IOSFA de Rosario para denunciar que no tenía cobertura médica. La protesta generó momentos de tensión y contó con el apoyo de militantes de ATE, que además anunciaron una movilización al Ministerio de Defensa, una medida que podría profundizar el conflicto.
Desde la OSFA reconocen que la transición todavía está lejos de completarse. "Somos conscientes de que hay dificultades para la atención en ciertas zonas. No está funcionando la atención médica al 100%, lo sabemos, pero no es factible en este momento", admitieron ante la consulta de PERFIL. Al mismo tiempo, remarcan que el objetivo es evitar "un copiar y pegar del modelo anterior" y construir un sistema propio que no sea un simple “pagador de facturas”.
Según explicaron, la obra social militar apunta a prestar directamente los servicios de salud una vez concluida la transición. Para eso continúa cerrando convenios con prestadores y desarrollando las herramientas tecnológicas mencionadas.
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Los plazos, sin embargo, son ajustados. Desde la OSFA aseguran que trabajan a contrarreloj y recuerdan que el IOSFA tardó cuatro años en alcanzar un funcionamiento pleno. "Nosotros prevemos un año", sostienen y recuerdan que la operatividad completa del IOSFA demoró cuatro.
Mientras tanto, aseguran que las prestaciones de mayor complejidad nunca dejaron de brindarse. "Los medicamentos de alto costo, las prácticas complejas y las derivaciones para cirugías se están realizando normalmente", afirmaron. No obstante, reconocen que todavía existen afiliados que pueden encontrar dificultades para acceder a determinadas prestaciones.
En esos casos, explican, el paciente puede atenderse en otra institución —aunque se encuentre más alejada de su domicilio— sin abonar la atención o, en su defecto, pagarla y solicitar posteriormente el reintegro, que según el “Convenio Marco Interadministrativo Prestacional y Transitorio” debe abonarse dentro de los 30 días.
Las dificultades también comenzaron a modificar los hábitos de algunos beneficiarios. Veteranos de la Guerra de Malvinas consultados por PERFIL admitieron que dejaron de utilizar la cobertura que actualmente presta la OSFA a través del IOSFA y optaron por atenderse mediante “el plan especial que el PAMI tiene para los excombatientes”.
La crisis del IOSFA llegó al Congreso de la Nación
En paralelo, el conflicto empezó a trasladarse al Congreso. La diputada nacional Agustina Propato, del peronismo, presentó un proyecto para crear una comisión bilateral destinada a “monitorear la deuda consolidada del IOSFA, su origen, evolución y mecanismos de cancelación, el proceso de disolución y liquidación del instituto”
Además, busca supervisar “el traspaso de activos, pasivos y patrimonio hacia las nuevas obras sociales, y las causas judiciales en trámite y las eventuales condenas que involucren al IOSFA, a sus exdirectivos o a la OSFA y la OSFFESEG por hechos vinculados con la gestión financiera, prestacional y laboral del organismo”.
La iniciativa fue presentada durante el receso invernal, por lo que todavía no fue girada a comisión. Con la reanudación de la actividad parlamentaria comenzará su recorrido legislativo y habrá que ver si obtiene los apoyos necesarios para sancionarse.
Sin embargo, más allá de la discusión política, administrativa y judicial, el principal desafío sigue estando fuera de los despachos oficiales. El decreto 88/2026 fijó un plazo de 365 días para completar la liquidación del IOSFA. Eso significa que, a partir del 5 de febrero de 2027, el instituto dejará de existir. La incógnita es si para entonces las dos nuevas obras sociales habrán logrado completar la transición y garantizar plenamente la cobertura de sus más de 600.000 afiliados.
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