"Hasta el año pasado atravesamos fuertes dificultades, este año será de cierres severos", sentenció un industrial para sintetizar el pronóstico que circula entre quienes dirigen las fábricas de la provincia de Buenos Aires. Con un escenario marcado por un nivel de actividad que no encuentra piso, la falta de acceso al crédito, la competencia importadora y márgenes de rentabilidad nulos, el sector manufacturero delinea una doble estrategia por la vía impositiva para garantizar su supervivencia operativa.
Según pudo saber PERFIL, industriales bonaerenses preparan el terreno técnico para pedirle a la Gobernación de Axel Kicillof la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos aplicado a la producción fabril. El argumento es que la carga impositiva corroe la competitividad ante una oleada de importaciones a la que es “imposible” hacerles frente, además de ser uno de los sectores con fuerte presión tributaria, pero con importantes aportes al PBI provincial y nacional.
El sector explica el 14% de la recaudación de la provincia y a la vez representa más del 20% del PBI territorial, siendo la jurisdicción que más participación industrial tiene, de acuerdo a los números que manejan entre los dirigentes. Por ese motivo, el proyecto que están elaborando los fabriles contempla una salida compensatoria para no generar un agujero fiscal. Una de las vías en las que se trabaja es la de trasladar el cobro del tributo al punto final de venta para neutralizar la evasión en el último eslabón de la cadena comercial, logrando que toda la economía llegue al mostrador con la misma carga y liberando el costo hundido que asfixia a las fábricas.
La economía mejora en los papeles, pero pierde en la calle
Es un punto clave de lo que será la discusión política en un contexto en el que Kicillof atraviesa una seria situación financiera, según describieron fuentes del entorno de la administración bonaerense a este medio. Un informe de la consultora Empiria indicó que el nivel de deuda ya equivale al 90% de los ingresos provinciales y los bonos cotizan con rendimientos del 13,4%, reflejando la fragilidad fiscal del distrito.
Avanzada judicial contra los municipios
La segunda parte del proyecto corporativo es la judicialización selectiva de las tasas municipales. Ante el encarecimiento de los servicios y la caída de ventas, las empresas apuntarán a llevar a tribunales a las intendencias que cobran gravámenes sin ofrecer una contraprestación real, utilizándolos como herramientas de recaudación encubiertas.
Un ejemplo emblemático es la suba de la Tasa Ambiental en Pilar, un tributo que grava con una alícuota del 2% calculado sobre el valor neto de IVA de los tickets de compra. La medida alcanza a grandes comercios, supermercados, hipermercados, centros comerciales, restaurantes y hoteles. Según los cálculos de las empresas afectadas, al acumularse con otras imposiciones distritales como la Tasa de Seguridad e Higiene, la mochila impositiva total trepa hasta un 6,5% en jurisdicciones clave. Un peso que los industriales consideran "confiscatorio" para estructuras que hoy liquidan stock solo para cubrir el pago de salarios.
La "recuperación en K"
La urgencia de esta avanzada territorial e impositiva se explica por la cerrazón que ofrece el Gobierno nacional ante los reclamos del sector. "Si a la macro le va bien, en promedio a la micro le está yendo bien", argumentó el ministro de Economía, Luis Caputo, la semana pasada en la Bolsa de Comercio de Rosario.
Solamente cuatro de cada cien mujeres viven en economías con igualdad legal
Sin embargo, los tableros técnicos exponen una disociación profunda entre el superávit financiero que celebra la Casa Rosada y la parálisis del tejido productivo. El director de la consultora EpyCA, Martín Kalos, advirtió sobre un error conceptual histórico en la interpretación oficial. “Es incorrecto y un debate histórico, simplemente porque las teorías de micro y macroeconomía son distintas y se aplican empalmadas”. Pero además, la expansión del PBI —traccionada hoy por sectores extractivos y la intermediación financiera— "no garantiza la sustentabilidad" de la economía real a mediano plazo, señaló a este medio.
Los datos respaldan esta "recuperación en K": mientras la inversión general se contrajo un -2,1% interanual, los registros de la Unión Industrial Argentina (UIA) marcan un retroceso profundo en sectores dadores de empleo como automotores (-25,7%), textiles (-23,9%) y maquinaria (-20,2%).
Frente a la sangría fabril, Caputo clausuró cualquier expectativa de intervención, protección o mejora en el tipo de cambio que devuelva competitividad exportadora. Apelando al modelo de especialización de Australia —un país que no fabrica autos ni celulares— el ministro ratificó que el Estado no alterará las reglas de juego y fulminó las críticas empresarias. "Tenemos que terminar de comernos el cuento que para ser competitivo hay que devaluar... me dan ganas de darles un zapatazo en el culo a todos", disparó.
El silencio corporativo
El silencio corporativo ante este escenario no es casual. Hacia adentro de las fábricas, los industriales admiten que el relato oficial y el optimismo financiero postergaron los reclamos, ocultando balances en rojo incluso en aquellas ramas productivas que teóricamente sostienen su nivel de actividad.
“Hoy el problema es que casi ningún negocio tiene rentabilidad y nadie lo habla. Hasta las industrias que en teoría están bien no andan tan bien, pero no lo pueden decir por ideología o por necesidad comercial; nos comimos la narrativa”, reconoció un empresario de la maquinaria agrícola.
El cálculo empresario para sobrevivir a la transición falló al chocar de frente contra la recesión. Las pymes intentaron absorber la escalada operativa sin trasladarla a precios —con ajustes que en algunos casos apenas rozaron el 10% anual— apostando a que futuras mejoras de productividad compensarían el rojo. Sin embargo, los volúmenes de venta se desplomaron.
Hoy el entramado productivo enfrenta costos financieros que duplican la inflación, subas siderales en los servicios energéticos y una carga tributaria inflexible. El resultado es una pérdida real del patrimonio, un cuadro crítico que se agrava por el ingreso de importaciones, la tensión de la cadena de pagos y una competencia interna feroz.
AM/ML