Dos son los proyectos que están en plena operación y explotando el litio, el “oro del siglo XXI”. Hay comunidades que se oponen, y otras que lo aceptan impulsadas por las necesidades. Las provincias defienden la minería como impulsor de las economías locales. Aseguran que se cumple con la consulta y consentimiento de las comunidades originarias del lugar, que es exigido por ley.
El litio es considerado el “oro blanco”, un mineral que se ha vuelto estratégico para los países que poseen las mayores reservas mundiales. La Argentina es uno de ellos, ya que tiene reservas por 19,3 millones de toneladas.
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La comunidad atacameña de Catamarca
El proyecto “Fénix” funciona desde 1997, y opera diariamente en el Salar de Hombre Muerto en Catamarca, del cual se extraen entre 19 mil y 21 mil toneladas anuales de carbonato de litio. Esta explotación está a cargo de Livent, una empresa norteamericana subsidiaria de la compañía FMC Lithium. Al momento de publicación de esta nota, ninguna voz oficial de la compañía se expresó al respecto tras ser contactada.
Específicamente, se ubican en el noreste de la localidad de Antofagasta de la Sierra. Allí vive la comunidad de atacameños del altiplano que es liderada por el Cacique Román Guitián. El líder de la comuna dialogó con PERFIL y acusó que las mineras “compran gente”.
La comunidad está en el lugar hace años pero fue reconocida como tal en 1995. En aquel momento eran 80 miembros, y actualmente, son la mitad. Viven de la ganadería y tras múltiples reclamos, hace un año demandan por la vía legal el cumplimiento de sus derechos sobre las tierras explotadas por la minería.
“Hay incentivación del gobierno y de las mineras a los comuneros. Como nosotros no generamos ningún empleo ni tampoco dinero, los comuneros se vieron obligados a negociar con ellos. Son contratados por meses, luego los dejan y los vuelven a contratar. La necesidad les ganó”, relató el cacique atacameño.
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Guitián sostuvo en esta misma línea que la gente se fue yendo de la comuna no sólo para cubrir sus necesidades básicas, sino también porque fueron amedrentados. “Tuvimos persecuciones, metieron presos a nuestros comuneros de manera arbitraria. La pasamos mal. La gente de la comunidad no se quiere exponer a nada porque tienen miedo. El fiscal y todos están metidos con el gobierno”, finalizó.
Veronica Gostissa, abogada e integrante de Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA) dijo a PERFIL que hay un doble incumplimiento desde la gobernación provincial. Con lo cual las autorizaciones que se han dado en todos los proyectos de extracción de litio en el “Salar del Hombre Muerto” son ilegales.
“Por un lado, no se realizaron las audiencias públicas que son obligatorias para la Ley General de Ambiente en lo que es toda la zona de afectación directa e indirecta, o sea, el Salar del Hombre Muerto, Antofagasta de la Sierra y el Peñón. A su vez, la doble vulneración se da porque tampoco se realizó la consulta previa, libre e informada a la comunidad indígena de atacameños del altiplano de la cual Román Guitián es el cacique. Ellos son quienes habitan ancestralmente el salar, y tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, es obligación efectuar este tipo de consultas porque se trata de comunidades”, sostuvo.
La comunidad atacameña de Jujuy
El segundo proyecto está en Jujuy y es el Salar de Olaroz. Funciona desde 2015 y se extraen 17 mil toneladas anuales de carbonato de litio. Esta explotación se encuentra en manos de un joint venture, es decir, una asociación empresarial en la que los socios comparten los riesgos de capital y los beneficios según las tasas acordadas. Es un 66,5% de la empresa canadiense Eurocobre, un 25% de la compañía japonesa automotriz Toyota y un 8,5% de la empresa provincial Jemse. Al momento de publicación de esta nota, ninguna voz oficial de la compañía se expresó al respecto tras ser contactada por PERFIL.
La explotación minera está en Susques, una localidad de casi 1700 habitantes. En sus inmediaciones se extiende la Comunidad Aborigen Pórtico de los Andes, perteneciente a la comunidad Atacameña. Viven del pastoreo, principalmente de camélidos, y de pequeños cultivos.
Específicamente, la extracción del litio se lleva a cabo en Olaroz Chico. Según Araceli Clavijo, investigadora postdoctoral del CONICET, la comunidad atacameña de alrededor de 250 habitantes, ubicada al pie del Salar de Olaroz, fue la primera del pueblo de Atacama en brindar su permiso a una minera de litio.
Si bien al momento de la publicación de esta nota no se pudo establecer contacto con la comunidad originaria del lugar, investigadores del tema explicaron por qué aceptaron la actividad minera.
“La problemática es común, pero la situación de cada comuna es particular. Hay diferente idiosincrasia. Tomemos los principales salares de Jujuy. En el de Olaroz tienen una tradición minera de años. Las comunidades tienen esta actividad incorporada a su vida, y por ende, le dieron la aceptación rápidamente para que avancen las empresas y ellos conseguir empleo. Mientras que, en Salinas Grandes, en donde no hay producción pero si un intento de avance; y no tienen historia de explotación minera, sino que trabajan con el salar, el turismo. Entonces, ahí sí vemos resistencia”, explicó a PERFIL Martín Kazimierski, becario de CONICET y miembro del grupo Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes.
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¿Negociación con la vulnerabilidad?
Desde el Área de Política Ambiental de la Fundación ambiente y recursos naturales (FARN) señalan que, si bien para algunas comunidades la minería ha representado una fuente de trabajo, para muchas otras ha impactado negativamente en sus formas de vida.
“Hay que tener en cuenta cuál es la condición en la que se da la negociación, porque en la gran mayoría de las veces las comunidades están en condiciones de gran vulnerabilidad. Están abandonadas por el Estado y las mineras vienen a suplir algunas necesidades básicas que tienen, y con eso ya logran que les den el consentimiento. Entonces no hay una negociación en un pie de igualdad”, indicó María Laura Castillo, coordinadora del Programa Altoandinos de FARN.
Las empresas mineras se llaman al silencio
Las empresas involucradas en los dos proyectos que ya están explotando “el oro blanco” fueron contactadas por PERFIL, pero al momento ninguna se expresó al respecto. Hay más de 50 proyectos, en distinto estadio, entre las tres provincias argentinas que conforman el “Triángulo de Litio”. Varias de ellas fueron contactadas, pero sólo Alpha Lithium respondió.
David Guerrero, CEO de Alpha Lithium en Argentina, indicó que la compañía minera tiene 27 mil hectáreas que conforman el “Salar del Tolillar” en Salta, y más de cinco mil hectáreas en el lado salteño del “Salar del Hombre Muerto”. En todos los casos están en etapa de exploración.
La conciencia ecológica da su última batalla
“Hay mucho mito urbano sobre las mineras que se replica sin demasiada información. Por ejemplo, Orocobre en Jujuy tiene un trabajo que se llama ‘valor compartido’ en donde hicieron participar a todas las comunidades de las zonas aledañas que se convierten en proveedores de la operación. Ellos son los que trabajan”, expresó.
“En mi experiencia, tanto en Catamarca como en Salta se hacen estudios de impacto social y ambiental. Tenemos contacto directo con las comunidades. Incluso, en las tres provincias se hacen relevamientos de agua participativo”, finalizó Guerrero.
La respuesta de Catamarca y Salta
Desde la Provincia de Catamarca señalaron que cuentan en su legislación minera, con un Programa de Participación Ciudadana que implica mecanismos de consulta pública a través de diferentes herramientas, como los monitoreos ambientales participativos, las asambleas, las reuniones técnicas informativas, las consultas públicas.
“Algunas de estas instancias son previas al inicio de cualquier actividad minera, como las reuniones técnicas informativas; otras, como las consultas públicas se llevan a cabo cuando las concesionarias están en etapa previa de aprobación de sus Declaraciones de Impacto Ambiental. En la mayoría de los casos, se aplican de manera paralela, pero en todas las etapas, y en todos los proyectos, las distintas herramientas de consulta a la comunidad y de participación ciudadana se cumplen tal cual lo establece la legislación vigente. La comunidad es informada a través de los diversos mecanismos y tiene una participación permanente como actor esencial de la actividad minera”, indicaron a PERFIL desde el Ministerio de Minería liderado por Fernanda Ávila.
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Por su parte, la secretaria de Minería de Salta, Flavia Royón, indicó que “hay mucha moda del litio, pero que en sí, los números de su explotación no son tan importantes como para impactar en la matriz de la Argentina”.
“Sin embargo, para nosotros sí son proyectos con gran impacto local que le puede cambiar la vida a las comunidades. Generan 300 puestos de trabajo en forma directa y 600 en forma indirecta. La minería permite el desarrollo en lugares como el nuestro que son remotos y poco hay para hacer”, argumentó la funcionaria.
En cuanto al reclamo, Ávila señaló que en su provincia realizan una mesa social en donde se sientan todos los actores que tienen injerencia en el territorio actual: las comunidades, el poder municipal, la Secretaría de Minería, la Secretaría de Asuntos Indígenas y las empresas.
Al momento de publicación de esta nota, ninguna voz oficial de la provincia de Jujuy se expresó al respecto tras ser contactada.
Jonatan Nuñez, becario de CONICET y miembro del grupo Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes, señaló a modo de conclusión que hay que pensar en modelos de desarrollo teniendo en cuenta que el mundo está haciendo la transición energética. “Digo qué rol juega la Argentina, qué rol juegan las poblaciones locales y cómo se ven perjudicadas. Hay que pensar el cambio en los patrones de consumo y cómo nos insertamos ahí”, indicó.
CP
