ECONOMIA
CIFRAS QUE DUELEN

La pobreza extrema en América Latina aumentó a 62 millones

El aumento de la pobreza "es preocupante y enciende señales de alerta", según el informe de la Comisión Económica Para América Latina (CEPAL).

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La pobreza extrema en América Latina alcanzó su nivel más alto desde 2008. | NA/Juan Vargas

La pobreza extrema en Latinoamérica alcanzó su nivel más alto en 2017, con 62 millones de personas que viven en condiciones paupérrimas, lo que no observaba desde 2008, según el resultado del informe "Panorama Social" de la región divulgado por la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El informe señala que la pobreza -medida por ingresos- se mantuvo estable y que la desigualdad se redujo  apreciablemente desde 2000. Así en 2017, el número de personas viviendo en la pobreza llegó a 184 millones (30,2% de la población), de los cuales 62 millones viven en situación de extrema pobreza (10,2% de la población, el porcentaje más alto desde 2008).

Según las proyecciones de la Comisión, en 2018 la pobreza bajaría a 29,6% de la población, lo que equivale a 182 millones de personas (dos millones menos que en 2017), mientras que la tasa de pobreza extrema se mantendría en 10,2%, es decir, 63 millones de personas (un millón más que en 2017).

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Entre 2002 y 2014 la pobreza y la pobreza extrema se redujeron considerablemente en la región: La tasa de pobreza bajó del 44,5% al 27,8%, y la pobreza extrema se redujo del 11,2% al 7,8%, con un ritmo de caída más acelerado en la primera mitad del período.

"Las cifras de 2017 muestran un incremento adicional de las tasas de pobreza extrema, con 52 millones de personas en esta condición, que corresponde a un 10,2% de la población, el porcentaje más alto desde 2008", dijo la CEPAL.

No obstante, en 2015 y 2016 se registraron incrementos sucesivos en las tasas de pobreza y pobreza extrema, sobre todo en el segundo indicador. Para la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la mexicana Alicia Bárcena, "aún cuando la región logró importantes avances entre la década pasada y mediados de la presente, desde 2015 se han registrado retrocesos, particularmente en materia de pobreza extrema".

El documento recuerda que "la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, así como la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, continúan siendo desafíos centrales para los países de América latina". Por eso, el aumento de la extrema pobreza "es preocupante y enciende señales de alerta", en especial en un contexto macroeconómico incierto, débil y aumento del desempleo.

El Panorama Social destaca los avances en términos de inclusión social y laboral obtenidos entre 2002 y 2016, pero, acotó, "persisten brechas estructurales que afectan en forma acentuada a las mujeres y los jóvenes, así como a indígenas, afrodescendientes y con discapacidad".

"Se requiere acompañar el crecimiento de las economías con políticas públicas que contribuyan a reducir la desigualdad de los ingresos, tanto a través de mercados de trabajo que garanticen remuneraciones dignas y condiciones laborales decentes", recomienda el informe Panorama Social.

Según el informe, en Chile, El Salvador y República Dominicana el aumento de los ingresos laborales en los hogares de menores recursos fue la fuente que más contribuyó a esa disminución, mientras que en Costa Rica, Panamá y Uruguay el principal factor fueron las pensiones y transferencias recibidas por los hogares de menores recursos.

"Esto corrobora la importancia de dotar de más recursos a la población en situación de pobreza, combinando el fortalecimiento de los ingresos laborales con la provisión de transferencias públicas y el fortalecimiento de los sistemas de protección social", remarcó Bárcena.

Por último, el organismo señaló que "aún es factible para la mayoría de los países de la región alcanzar las metas de reducción de la pobreza planteadas en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible".

"Para ello se requiere acompañar el crecimiento de las economías con políticas públicas que contribuyan a reducir la desigualdad de los ingresos, tanto a través de mercados de trabajo que garanticen remuneraciones dignas y condiciones laborales decentes, como de sistemas de pensiones y de transferencias que garanticen una base de ingresos para las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad", cerró.

 

D.S.