En el nuevo documento, los expertos del Fondo discuten cómo los gobiernos pueden abordar los desafíos emergentes de gravar estos criptoactivos “mientras su uso aún es limitado”, con el objetivo de “evitar una fuga en los ingresos fiscales y proteger la integridad del sistema tributario”.
No se trata de un tema menor si se tiene en cuenta que los criptoactivos que se pueden usar como instrumentos de pago llegaron ya a más de 10.000 variantes desde el debut de Bitcoin -el primero y más grande- en 2009. La “velocidad desconcertante” con la que se desarrollaron las monedas digitales dejaron a los sistemas tributarios con la lengua afuera, tratando de alcanzarlos, apuntaron los autores del paper, Katherine Baer, Ruud de Mooij, Shafik Hebous y Michael Keen.
Los economistas reconocen que “las opiniones sobre los criptoactivos son diversas y apasionadas”, pero remarcan que, incluso en medio de ese escenario de amor-odio, la perspectiva de liberar las transacciones financieras de la supervisión de los gobiernos y la participación de las instituciones financieras “es un sueño libertario”. En ese sentido, señalaron hacia El Salvador y la República Centroafricana, dos países que tuvieron el atrevimiento de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal.
Sin embargo, escribieron en el informe Taxing Cryptocurrencies, los críticos “ven los criptoactivos no solo como intrínsecamente inútiles, sino como una fachada para el crimen, las estafas y los juegos de azar. También apuntan a su vertiginosa volatilidad. Bitcoin, por ejemplo, se disparó de 200 dólares hace una década a casi 70.000 en 2021 antes de caer a alrededor de 29.000 en la actualidad”.
El colapso de FTX el año pasado y las recientes demandas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos contra Binance y Coinbase alimentaron la ansiedad entre los usuarios, mientras que el atractivo de las actividades delictivas se ha reflejado en incautaciones de alto perfil de miles de millones de dólares -escribieron Baer, de Mooij, Hebous y Keen-. Estos desarrollos provocaron un escrutinio cada vez mayor por parte de los formuladores de políticas y llamados generalizados a la regulación. Pero ya sea que los criptoactivos finalmente crezcan o se derrumben, se necesita una forma coherente de gravarlos”, enfatizaron.
¿Las cripto son propiedad o moneda?
Para empezar, una cuestión clave es cómo clasificar los criptoactivos, afirman los autores del reporte del FMI. “¿Deberían considerarse propiedad o moneda?”, se preguntan. “Cuando las criptomonedas se venden con fines de lucro -explican-, las ganancias de capital deben gravarse como lo harían con otros activos. Y las compras realizadas con criptomonedas deben estar sujetas a los mismos impuestos sobre las ventas o el valor agregado, o IVA, que se aplicarían a las transacciones en efectivo”.
“Por lo tanto, una tarea importante es garantizar la aplicación de estos principios, lo que requiere claridad sobre cómo caracterizar las criptomonedas a efectos fiscales: en esencia, como monedas para el IVA y los impuestos sobre las ventas y como activos a efectos del impuesto sobre la renta -agregan-. Si bien esto no es fácil debido a la naturaleza evolutiva de las transacciones de criptoactivos, es perfectamente posible”.
Se requiere claridad sobre cómo caracterizar las criptomonedas a efectos fiscales: como monedas para el IVA y como activos para el impuesto a la renta
Los desafíos más profundos, admitieron, “se encuentran entonces en la aplicación”.
Estimaciones “crudas” citadas en el informe sugieren que un impuesto del 20 por ciento sobre las ganancias de capital de las criptomonedas habría recaudado alrededor de 100.000 millones de dólares estadounidenses en todo el mundo en medio de los precios altísimos del 2021, un monto comparable con cerca del 4 por ciento de los ingresos del impuesto sobre la renta empresarial global, o el 0,4 por ciento de la recaudación total de impuestos.
Con la capitalización total del criptomercado un 63 por ciento por debajo del pico de finales de 2021, los ingresos fiscales se habrían reducido, acomoda el panorama preparado por el Fondo. “Si estas pérdidas se compensaran por completo con otros impuestos, habría una reducción correspondiente en los ingresos. En tiempos más normales y con el tamaño actual del mercado, los ingresos globales por impuestos” a las monedas digitales “probablemente promediarían menos de 25.000 millones al año”, una cifra que, “en el esquema más amplio de las cosas, no es una gran cantidad”, escriben los economistas del organismo con sede en Washington DC.
El problema de los “seudónimos”
Por otro lado, los expertos del Fondo recordaron en el paper que la dificultad “más fundamental” para gravar los criptoactivos es que son “seudónimos”. Es decir, se trata de transacciones que utilizan direcciones públicas que “son extremadamente difíciles de vincular con individuos o empresas”.
Eso, alertaron, puede facilitar la evasión de impuestos y debería activar los radares de las autoridades fiscales.
Dada la “complejidad de los desafíos fundamentales” que plantean el uso de “seudónimos”, la rapidez de la innovación, las grandes brechas de información “y las incertidumbres que se avecinan”, esta es una verdadera “batalla para incorporar adecuadamente las criptomonedas en el sistema fiscal más amplio”, se lee en la presentación del informe Taxing Cryptocurrencies en el blog del Fondo.
Algunos de los elementos necesarios para hacerlo, como la claridad en su clasificación a efectos fiscales, son evidentes, aseguran desde la capital estadounidense. “Pero los desafíos son fundamentales y los riesgos, en particular para el IVA y los impuestos sobre las ventas, pueden ser mayores de lo que la gente reconoce”.
Baer, de Mooij, Hebous y Keen dicen que, “como muchos gobiernos (aunque no todos) comienzan a darse cuenta, los legisladores deben desarrollar marcos claros, coherentes y efectivos para gravar las criptomonedas”.
Bancos centrales y cripto
El FMI se muestra menos inquieto cuando se trata de monedas digitales de bancos centrales. En ese caso, las propone incluso como un método posible para reducir los costos de las remesas y mejorar la “inclusión financiera”.
“Pero es necesario regular los criptoactivos para que permanezcan de forma segura en el sistema de pagos”, señaló en este frente un artículo de tres economistas del Fondo, Rina Bhattacharya, Dmitry Vasilyev y Mauricio Villafuerte.
Cuatro países de América Latina (Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador) se situaron en 2022 entre los veinte primeros en cuanto a la adopción de criptoactivos a escala mundial, buscando, apuntó la nota difundida en junio de este año, “obtener las ventajas que los activos digitales supuestamente ofrecen, como protección frente a condiciones macroeconómicas internas inciertas, elusión de controles de capital, mejor inclusión financiera de las poblaciones no bancarizadas, pagos más baratos y rápidos, y mayor competencia”.
“Pero la adopción de los criptoactivos también presenta un gran número de dificultades y riesgos, sobre todo para los países de América Latina y el Caribe con “antecedentes de inestabilidad macroeconómica, escasa credibilidad institucional, abundantes flujos de capitales, corrupción y vastos sectores informales”, matizaron Bhattacharya, Vasilyev y Villafuerte.
Algunos países, indicó el artículo de los economistas del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, prohibieron por completo los criptoactivos en vista de sus riesgos, “pero esta estrategia quizá no sea eficaz a largo plazo”.
“Más bien -completaron-, la región debería centrarse en abordar los factores que determinan la demanda de criptoactivos, como las necesidades desatendidas de pagos digitales de los ciudadanos, y en mejorar la transparencia, para lo cual deben registrar las transacciones de criptoactivos en las estadísticas nacionales”.
