En la encrucijada entre negociar para llegar a un acuerdo que derive en el ingreso de dólares que reactiven la economía en el segundo semestre y sostener la épica de la pelea contra “la agresión externa”, la militancia kirchnerista encuentra motivos para acusar de imparcialidad y mal desempeño al añoso juez de la causa contra el país del fondo Elliot, Thomas Poole Griesa.
Tan es así que en espacios políticos y económicos afines al Gobierno, mientras los abogados de la Argentina se sientan con la contraparte convocados por el magistrado, aseguran sin tapujos: “No descartamos que Griesa esté sobrecomprado en seguros contra defaults y, con tranquilidad, lleve al país a una cesación de pagos que lo haga cobrar importantes sumas de dinero para dejarles una linda herencia a sus nietos”. La tesis, nunca retomada en público por ningún funcionario del oficialismo, sí es alentada por las duras palabras hacia el juez del Tribunal del Distrito de Nueva York que han tenido tanto el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, como el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien como última muestra del encono anoche le achacó abuso de autoridad.
Desde la prensa más cercana al Gobierno, en tanto, se ha agitado la idea de que Griesa “opera en tándem para los buitres”. En La Gran Makro, por ejemplo, no descartan incluso alguna operación conjunta de Griesa con el dueño del fondo demandante, Paul Singer, quien también estaría posicionado en estos seguros llamados credit default swaps, que se cobran cuando el país entra en cesación de pagos.
Las críticas a Griesa también apuntan a un eventual mal desempeño en toda la carrera del juez. Allí, el kirchnerismo sí encuentra pruebas más reales para fustigar al hombre nacido en 1930, que reniega en las audiencias de que lo hagan interrumpir sus vacaciones para oír sobre la Argentina. Según reveló el periodista de Página/12 Alfredo Zaiat hace una semana, el portal The Robing Room, donde los jueces son evaluados por su desempeño, Griesa suma apenas 4,1 puntos, una de las evaluaciones más bajas de todos los magistrados puestos bajos la lupa. El artículo ya circula como una referencia ineludible entre la militancia, que respira más tranquila al tener a quien culpar.
La tesis Verbitsky. En el comunicado que el jueves publicó el Ministerio de Economía para anunciar que “Argentina paga” y depositaba los fondos para cumplir con los bonistas canjeados a riesgo de un embargo que ayer finalmente no ocurrió, se advertía a Thomas Griesa de las consecuencias jurídicas de impedir al país cumplir con sus obligaciones. Entre ellas, se resaltaban posibles demandas en tribunales internacionales, como La Haya, una línea de trabajo que alientan entre otros el titular del CELS, Horacio Verbitsky, quien reconoció en un reciente artículo que es un camino posible, pero “con un proceso largo y complejo”.
