La idea de un acuerdo social vuelve a estar de moda. Es una de las “soluciones innovadoras” al problema de la inflación, según lo definió esta semana Matías Kulfas, uno de los asesores de Alberto Fernández. En esa línea, documentos de distintas cámaras, ONGs y sindicatos nutren el eventual acuerdo.
A priori, en los grandes títulos, son todas coincidencias. Hasta que se plantea algún pedido, como que las empresas alimenticias donen el 1% de su producción, que se presentó como parte del plan contra el hambre del Frente de Todos. Daniel Funes de Rioja, titular de la Copal —la Coordinadora de Industrias de Alimentación—, dijo que tenía que verse “empresa por empresa”. Los empresarios recibieron a Arroyo con una lista comparativa de los precios de los alimentos en la Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos e Italia. Con un dólar a $ 60, el país tiene los alimentos más baratos en dólares. En la comparación no hay menciones al salario mínimo. En la Argentina y Brasil ronda los U$S 280, mientras que en Italia llega a los 900 euros.
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La baja de impuestos fue la constante, como en la presentación del plan 2020/23 de la Unión Industrial Argentina, con 150 propuestas de política pública que van de lo monetario y cambiario a lo fiscal y los créditos, entre otros. La industria necesita crecer 13 años al 3% anual para recuperar su nivel máximo (de 2011).
En medio del año electoral, uno de los think tanks que sirvió como antesala al debate para un acuerdo económico y social es el Cippec, que trabajó en la iniciativa #META, Metas Estratégicas para Transformar Argentina, que definió 10 ejes centrales después de 60 reuniones con más de 400 especialistas. Los puntos definidos son revertir la pobreza crónica, mejorar la educación secundaria, fomentar las exportaciones, mejorar la planificación urbana, ampliar las coaliciones políticas, promover la energía sustentable, avanzar hacia la equidad de género, profesionalizar a los funcionarios públicos, priorizar a la primera infancia y guiar la gestión en base a metas de gobierno.
La lista “es el resultado de un diálogo sobre los consenso y disensos que hay sobre algunos de los problemas más urgentes y estructurales”, según Julia Pomares, directora de Cippec. Allí estuvieron presentes la Cámara de Comercio, la de Exportadores, la UIA, los aceiteros de Ciara y los empresarios nucleados en IDEA, entre otros. Por el lado de los gremios participaron la Uocra, UPCN y la CGT, junto con referentes del sector académico y organismos internacionales como la ONU, el BID y la Organización Internacional del Trabajo. Pero también buscaron cerrar la grieta: hubo participantes de Cambiemos, del Grupo Callao y del PJ, entre otros partidos.
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La OIT forma parte, con gremios y empresas, de la comisión de diálogo tripartito que generó el Estado. Y en sus foros las partes también son habitué. Para sus cien años, el organismo generó un conjunto de políticas que se aplican a la Argentina. Allí, los referentes que acompañaron las resoluciones son Funes de Rioja (UIA/Copal), y Gerardo Martínez (Uocra). Se propone poner el eje en las personas, con medidas como una cobertura universal de protección social desde el nacimiento a la vejez para todos los trabajadores en todas las formas de trabajo.
Coloquio. En el coloquio de IDEA, que se realizará esta semana en Mar del Plata, el acuerdo social volverá a hacerse oír. Con el lema “A los hechos”, en la apertura, el panel “Pensándonos como parte de lo mismo” reunirá a Miguel Blanco, del Foro de Convergencia; Héctor Daer, de la CGT y Graciela Fernández Meijide como dirigente política, en un debate sobre la versión local del “Pacto de la Moncloa”.
