Uno de los socios de Nicolás Caputo en Central Puerto, la segunda empresa eléctrica de la Argentina, con activos también en el negocio del gas, lo definirá en los próximos meses, pero la decisión ya está en su agenda: se irá a vivir a España junto con su familia si el panorama económico se complica. El dueño de otra distribuidora de gas imagina sus próximas inversiones fuera de país. “Tal vez termino comprando y refaccionando edificios en Milán”, especuló en un café con este medio. Los referentes del negocio regulado de energía (distribución y transporte de gas y electricidad) se preparan para una transición compleja. Después de las PASO empezaron a tender puentes con asesores del Frente de Todos para indagar sobre el futuro inmediato. Los indicios no son alentadores.
La decisión del gobierno de Mauricio Macri de postergar –para descomprimir la agenda electoral– la mayoría de los aumentos tarifarios previstos para el segundo semestre de 2019 dejará un pesado lastre que se acentuó aún más con la última devaluación. Con un dólar de 60 pesos, las tarifas de gas deberían aumentar un 65% en abril. Las de electricidad, un 63% en febrero. Los empresarios saben que eso no sucederá. En términos inflacionarios, no hay margen económico ni social para aplicar una suba de esa magnitud.
Desde el espacio que lidera Alberto Fernández lo descartan. Sin embargo, economistas como Matías Kulfas y Cecilia Todesca saben que, en un escenario de alta inflación y depreciación del tipo de cambio, no hay margen fiscal para congelar las tarifas por mucho tiempo. Los técnicos que preparan un diagnóstico del área energética señalan que un nuevo congelamiento in eternum de los contratos generaría una oleada de demandas en el Ciadi como la que se produjo a la salida de la convertibilidad. Los asesores del Frente de Todos admiten que, al final del día, esos juicios arbitrales en Nueva York se perdieron y le costaron cifras millonarias al Estado. No quieren repetir esa historia.
¿Qué alternativa barajan entonces? El plan de contingencia, hasta ahora incipiente, contempla dos etapas. Una primera, de choque, prevé una negociación inicial con las empresas de servicios públicos para cancelar la recomposición tarifaria correspondiente al segundo semestre de este año. A cambio, los privados podrán reducir, por una cifra equivalente, el plan de inversiones comprometido durante la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Es, en rigor, la misma solución que tomó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, cuando pateó para adelante los aumentos previstos para agosto y octubre. “No queda otra que encarar una renegociación con las empresas del segmento regulado. No hay forma de reconocer los aumentos que prevé la RTI, pero tampoco se pueden romper todos los contratos y terminar en el Ciadi”, reconoció a PERFIL un asesor energético del Frente de Todos.
Sin embargo, el presidente de una empresa de gas cuestionó la inconsistencia de esa medida. Por la postergación de la última actualización, el Estado acumuló una deuda de unos $ 5 mil millones con las distribuidoras. “Aunque nos autoricen a bajar a cero las inversiones (una decisión que, en la práctica, la mayoría de las empresas ya adoptó), en nuestro caso nos quedaría un remanente a favor porque lo adeudado excede lo que podríamos ajustar por inversión en 2020”, advirtió.
Por eso, en una segunda instancia, en el Frente de Todos consideran que será inevitable revisar los mecanismos de recomposición de tarifas incluidos en la RTI que cerró el ex ministro Juan José Aranguren, a principios de 2017. En particular, cuestionan que se utilice la evolución del índice de precios mayoristas (IPIM) –que sigue la evaluación del dólar– para actualizar tarifas. “La RTI concluye a fines de 2021. Habrá que analizar opciones para renegociar antes de ese plazo las fórmulas utilizadas para actualizar las tarifas, pero lo primero es ver cómo se estabiliza la macroeconomía”, plantearon.
Lanziani, el nuevo interlocutor del FdT
Directivos de una multinacional de equipos de perforación que opera en Vaca Muerta aterrizaron en Buenos Aires en las últimas horas para monitorear cómo seguirán las políticas en un sector donde tienen importante participación. Quisieron conocer el pensamiento del tema del posible presidente, Alberto Fernández. El candidato del Frente de Todos los derivó con quien definió como el interlocutor en materia energética del espacio: Sergio Lanziani, el ministro de Energía de Misiones.
Se trata de un ingeniero nuclear, formado en el Instituto Balseiro, aunque sin conocimiento profundo del negocio petrolero, un dato que alarmó a las compañías que operan en el sector, que hasta ahora venían teniendo como referencia del ramo en el albertismo al ex secretario Guillermo Nielsen.
Lanziani habría llegado al entorno de Fernández a raíz de cierto vínculo de su esposa con la pareja de Fernández y a partir de distintas relaciones de la política.
Desde que empezó a tener reuniones de trabajo en Buenos Aires, Lanziani, que no tenía equipos propios, comenzó a interactuar con asesores del Partido Justicialista como Gustavo Atencio y Daniel Lasalle y también se sumó al espacio un histórico cercano a los tiempos de Julio De Vido, Federico Bernal.
“Tenemos que revisar las tarifas. Las familias y las empresas no pueden pagar estas tarifas con este nivel económico. Hay que compatibilizarlas con las variables macroeconómicas, las tasas de interés, los valores de lo que consume la gente”, dijo en una entrevista reciente en el portal puenteaereodigital.com.
Allí, además, planteó la necesidad de una “mesa de concertación” con “las empresas, los sindicatos, los políticos, los técnicos, las universidades” para “armar un proceso energético de veinte años que tiene varios capítulos”.
Además, apunta a vincular la ciencia con el desarrollo de Vaca Muerta. “Yo confío en los científicos y técnicos argentinos. Vaca Muerta puede ser una oportunidad para el país; el recurso es de Argentina”, dice.