Paralelamente a la pulseada por la renegociación de la deuda, la economía fue imponiendo sus exigencias a medida que la cuarentena obligatoria iba paralizando la actividad. Dos desafíos que se terminarán vinculando al final de sus respectivas historias: cuando la reestructuración de la deuda haya llegado a buen (o mal) puerto y que la reapertura de actividades ya sea una realidad.
¿Cuáles son las urgencias por atender? En primer lugar, la caída de ingresos de la población, luego el riesgo de pérdida de empleos y finalmente la erosión de los ingresos tributarios en todos los niveles.
Para todas ellas, el Gobierno nacional dispone de una sola herramienta: la emisión monetaria.
Otras opciones que las demás administraciones de la región, por ejemplo, tienen a mano, ya no están disponibles. Aumentar los impuestos implica ir a contramano de lo que se hace cuando la actividad se desploma y la posterior caída de la demanda; con ganancias y flujos en mínimos históricos.
Deuda: lo urgente y lo importante
Utilizar el mercado de deuda voluntaria, parece inviable cuando se reperfilan vencimientos y se coquetea con el default como un recurso más de la política económica. El esfuerzo final por recobrar la normalidad, como se la pueda imaginar, no será otra que el de controlar el tsunami de pesos que inevitablemente se utilizó para socorrer a personas y empresas en la parálisis de la producción, primero y del consumo, después.
En este punto es que ya se están cocinando ideas que podrían parecer estrafalarias pero que a medida que van consiguiendo adeptos y la crisis presenta aparentes contradicciones, van tomando forma. La primea fue la del diputado oficialista Carlos Heller de financiar el mayor gasto público de la emergencia sanitaria con un impuesto extraordinario sobre el patrimonio de las personas físicas (con un piso a determinar). Se calcula que serían 12 mil los sponsors de esta patriada. Claro que por única vez. Como cuando se sancionó hace más de 80 años el impuesto a las ganancias.
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El otro proyecto, el que se encargó de promover la diputada María Fernanda Vallejos (elegida como cabeza de lista de Unión Ciudadana en 2017 por Buenos Aires) da un paso más allá: que la ayuda brindada por el Ejecutivo Nacional a las empresas tenga como contrapartida una participación accionaria posterior en las beneficiarias de tanta generosidad estatal. Y lo que parecía el fruto de una discusión de café estudiantil va encaminándose a mostrar otras intenciones.
La primera defensa fue la de comparar con lo que ocurre ahora mismo en otros países y el capítulo del salvataje financiero en los Estados Unidos y la UE en la crisis financiera de 2008.
Pero hay matices, semejanzas y diferencias entre esas iniciativas:
1. Alcance. El Gobierno Nacional puso sucesivamente dinero a disposición de cuentapropistas informales, monotributistas de las categorías más bajas, demás autónomos con ciertas restricciones de facturación; Pymes y luego empresas grandes para ayudarles a pagar sueldos. La ayuda fue sin reembolso, pero en otros casos como préstamos a tasa subsidiada o cero.
2. Menos que 0. En el caso de las empresas, haber convertido dicha ayuda en participación accionaria hubiera hecho al Estado en propietario de miles de mini compañías con valor negativo. O sea, les facilitaría la fuga hacia adelante o el vaciamiento a cambio de pasivos contingentes. Mal negocio.
3. El antecedente. El Estado heredó de las AFJP acciones de las grandes empresas que cotizaban en bolsa y que constituyen un reaseguro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad jubilatorio. No fue una elección ni una contraprestación.
4. Finalidad. No necesariamente tuvieron ganancias dichas compañías. ¿Para qué sirvió esa participación? A veces para balconear las decisiones corporativas, otras para inducir a los funcionarios en un mundo desconocido para ellos. Pero en la práctica, para muy poco.
5. Empresas reguladas. Las compañías licenciatarias de servicios públicos están sometidas a la regulación estatal por ser en muchos casos monopolios legales. El conflicto entre su salud financiera y el objetivo político del regulador fue clave para el desbalance de sus
ingresos por el atraso tarifario o la carga impositiva desmedida.
6. El salvataje de 2008. Tanto en los Estados Unidos como en la Unión Europea, con la crisis de las hipotecas subprime, voló por los aires el sistema financiero. Se lo rescató con restricciones, nuevo ordenamiento y una inyección de fondos que hizo al Estado partícipe
en las empresas hasta su posterior venta. Además, casi todas eran empresas cotizantes en bolsa con un mercado líquido para poder salir pronto.
7. El caso de la pandemia. A diferencia de la crisis anterior, los gobiernos de países ricos votaron ayudas que oscilan entre 7% y 15% del PBI en total, emitiendo moneda o deuda. Y empezó la discusión para ver cómo se financiará dicha ayuda a lo largo del tiempo. En el
caso de aerolíneas de bandera, que acusaron el impacto del COVID, el Estado participará del ruinoso negocio de quedare con una parte para luego monitorear el curso de acción.
Una agenda más que interesante para discutir y orientar las políticas destinadas a, finalmente, intentar poner al país de pie cuando la deuda no sea la prioridad. Con mucha incertidumbre, pero algunas pistas firmes: no hay magia y el capital destinado a la recuperación tendrá que salir de algún lado.
