Sabemos que el consumo de estos temas suele ser semivoluntario, por lo que se necesita camuflarlo con el entretenimiento para lograr la comunicación efectiva de la política con los ciudadanos.
Y si no se logra captar esa atención no es solo un fracaso profesional, sino institucional.
El problema es que si solo es atractiva en una democracia la figura presidencial, casi que volvimos al Antiguo Régimen, donde en el centro de la escena pública está el rey, la familia y su corte. En este juego de tronos el otro foco de interés fue la campaña de la Reina Cristina, con su nueva versión discursiva y escenográfica.
Pero los planes de campaña están para no cumplirse. La desaparición y muerte de Santiago Maldonado fue el centro de la atención pública y, como siempre ocurre, la campaña pasó por donde estaba la gente. Las hipótesis se tiñeron de electoralismo. En el discurso de muchos era difícil discernir cuán electoral o cuán genuina era su argumentación. Se instaló que todos tenían una segunda intención en lo que decían, y la credibilidad se hundió.
La calidad periodística es sistémica, no depende solo de los periodistas. En los países de alta calidad periodística hay también una alta calidad de comunicación institucional. En lo ocurrido con Santiago Maldonado, eso se vió con claridad.
Si las instituciones públicas encargadas de la investigación hubiesen comunicado en forma profesional, se hubiera ordenado la discusión social. En un país democrático desarrollado, la voz del Poder Judicial hubiese sido más clara y constante, y posiblemente también la voz de la Gendarmería. La comunicación de estas instituciones se realizó, en forma dispersa, en su inmensa mayoría a través de contactos con periodistas determinados y, en muchos casos, en off the record. Estos son recursos legítimos de las instituciones y de los periodistas pero, en casos de sensibilidad institucional, se exige una voz nítida, pública e identificable que le ponga límites a la confusión social, aclarando qué es lo cierto y qué no.
Sin ese límite que le podría poner la voz fuerte de las instituciones públicas, aquellos periodistas que son poco profesionales, o que son políticos con pluma o micrófono, tienen más impunidad para contaminar la discusión; y también hay más margen para una comunicación interesada de las distintas partes involucradas en la causa, y eso también tironea el expediente social.
Desde ese punto de vista, las declaraciones institucionales, que se realizan en público frente a todos los periodistas a la vez y, las conferencias de prensa, donde se responden preguntas a todos a la vez, acotan tremendamente la impunidad para circular de las mentiras y de las medias verdades, que son las que hacen tóxica la deliberación. El objetivo es unificar socialmente el expediente, no que cada uno tenga su propio expediente en la cabeza y que opine de acuerdo a el.
Cuando está todo el país expectante, las instituciones tienen que dar la cara. Hasta ahora, este caso judicial cerró una etapa con un juez dando el mensaje más importante que recibió el país en las últimas semanas hablando, de parado, en la salida de la morgue, sosteniendo él un micrófono a un periodista. Así no debería funcionar una institución democrática. La buena voluntad de un juez tiene que adquirir dimensión institucional. Esta sociedad democrática necesita una voz del Poder Judicial acorde a su importancia institucional.
La calidad de la información no es responsabilidad solo de periodistas, sino de todos. Y esa calidad sistémica, como esta vez, sí impacta en una campaña.
(*) Fernando J. Ruiz. Profesor de Periodismo y Democracia de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral.
