Esta elección legislativa, que definió el Congreso que viene, nos invita a profundizar la mirada sobre el problema del uso de recursos públicos para hacer campaña electoral. A pesar de que los protagonistas de cada campaña varían, existe un elemento constante que siempre se encuentra presente a través de los años en Argentina: el uso ilegal de recursos del Estado para beneficiar al partido político en el poder.
El 17 de julio de este año, el Presidente Mauricio Macri inauguró el Centro de Transbordo La Matanza junto a los candidatos a diputados por Cambiemos para la Provincia de Buenos Aires Graciela Ocaña y Héctor Flores. Similarmente, a tres días de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 2015, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un aumento para los jubilados, acompañada por distintos candidatos oficialistas, incluyendo a Daniel Scioli y Aníbal Fernández.
A pesar de que es una práctica frecuente, el uso electoral de los actos de gobierno constituye una violación al Código Nacional Electoral. Según el art. 64 de esta ley, “durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan; expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales”. Asimismo, la ley prohíbe durante los 15 días anteriores a los comicios “la realización de actos inaugurales de obras públicas, [y] el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo”.
El uso de recursos públicos para fines proselitistas se ha convertido en un problema extendido y de larga data en Argentina. La promoción de candidatos en la publicidad de actos de gobierno como la inauguración de obras es sólo una de las muchas maneras en las que los partidos en el poder han aprovechado ilegalmente los recursos del Estado para obtener ventajas electorales.
Otra conocida forma de abuso de recursos públicos con fines partidarios es la publicidad oficial. Según el artículo 42 de la Ley de Ética Pública, “la publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos”. Según una reciente investigación conducida por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en el 2016, el gobierno Nacional dispuso al menos $389 millones en promocionar spots que tenían al presidente como protagonista central, violando así la Ley de Ética Pública.
Por último, otra práctica ilegal que se vuelve común durante el periodo electoral es la presión a empleados públicos para que participen de las campañas en favor de los candidatos del partido de gobierno. Esto viola la Ley de Empleo Público, la cual establece la prohibición para los empleados y funcionarios públicos de “valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos a dicha función o para realizar proselitismo o acción política”. A pesar de lo establecido por la ley, la falta de mecanismos de control apropiados ha permitido la continuidad y expansión de este problema. Es por esta razón que en el 2015, ACIJ y Poder Ciudadano lanzaron la campaña “Que No Te Pongan La Camiseta” para monitorear casos en los que empleados públicos fueran presionados para hacer campaña. Durante las elecciones legislativas de este año, ambas organizaciones siguen monitoreando estas denuncias, que se pueden realizar en modo confidencial en quenoteponganlacamiseta.org.
Las prácticas mencionadas no sólo desvían recursos de sus fines legítimos —promover el bienestar social— sino que además crean un efecto de “cancha inclinada” a favor del partido que ocupa el poder. Es por eso que para asegurar un sistema electoral verdaderamente democrático, es fundamental implementar mecanismos de control apropiados que permitan terminar con el uso de recursos públicos para fines partidarios.
*Miembro del área Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).
