Las puebladas de mayo de 1969 debilitaron al régimen militar, empujaron la caída del dictador Onganía y contribuyeron a abrir paso a la salida electoral que terminó concretándose en 1973 con el retorno del peronismo al gobierno. Un puente entre dos décadas cargadas de una violencia iniciada en el 55.
Enfrentamientos. A mediados de mayo de 1969 comenzaron los enfrentamientos entre grupos de estudiantes y trabajadores y fuerzas policiales. Corrientes, La Plata, Rosario, Córdoba fueron escenarios de importantes movilizaciones callejeras.
Los estudiantes protestaban por el encarecimiento de los comedores universitarios y contaban con el apoyo de las delegaciones locales de la CGT y de varios sindicatos. A la intervención policial en la represión, en Rosario se sumaba el Ejército.
El 12 de mayo de 1969 se había anunciado la Ley 18.204, que ponía fin a una tradición, la del “sábado inglés”. La nueva disposición unificaba el régimen para el descanso de los trabajadores en Córdoba y otras provincias. Dos días después, los trabajadores de la planta de IKA-Renault dejaban sus lugares de trabajo para concurrir a una asamblea de Smata, declarada ilegal por el gobernador de facto, Carlos Caballero.
Este hecho fue la mecha que encendió el polvorín social y culminó en la capital mediterránea el 29 de mayo, en lo que se transformaría en una de la más grandes protestas obreras en la Argentina: el Cordobazo.
La ciudad tenía 800 mil habitantes, y desde la década del 50 había asimilado en forma rápida un notable crecimiento industrial –en particular, de la dinámica industria automotriz–, lo que originó grandes concentraciones obreras en el cinturón del conurbano provincial. A ello se fue agregando una nutrida población local y de otras provincias asociada a la vida universitaria.
Pese a los piquetes, a la represión del Ejército y del cuerpo de Infantería de la Policía, los obreros entraron a las instalaciones del Córdoba Sport Club, lugar previsto para el encuentro. En esa asamblea, Elpidio Torres, dirigente de los mecánicos (Smata) y vinculado al líder metalúrgico Augusto Vandor, llamaba a resistir las medidas del gobierno y, particularmente, a combatir la política económica del ministro Adalbert Krieger Vasena. A la salida del edificio se producían enfrentamientos con la policía que se extendieron a gran parte del centro de la ciudad y culminaron con refriegas, tiros y detenidos.
“Ni extremistas ni agitadores”. En protesta por la represión, el comité liderado por Elpidio Torres convocaba a un paro general de 48 horas. Ese día, en Corrientes se produce la primera víctima fatal en las calles: el estudiante Juan José Cabral, muerto por la policía en una manifestación contra la privatización y aumento de precio del servicio del comedor estudiantil de la Universidad Nacional del Noreste.
Avezados dirigentes sindicales, que habían participado en la 51ª Conferencia de la OIT, como Isaac R. Negrete, del Cuero; Alfredo Maldonado, de Pasteleros, y José Alonso, del Vestido, al ser informados de los sucesos en Córdoba y otras ciudades del país, reaccionaron con asombro. Alonso manifestó entonces: “… Esto es muy grave, gravísimo, pues un obrero muerto es lamentable pero posible, pero un estudiante…”. Las manifestaciones estudiantiles y obreras se extendían a todo el país.
Rosariazo. En Rosario, otro estudiante resultaba herido por la policía y moría en el hospital horas más tarde. Se llamaba Alberto Ramón Bello. Capital Federal, Salta, Rosario, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires y otras ciudades del país se convierten en epicentros de movilización política a que las fuerzas de seguridad no pueden controlar más que por unas horas. Por momentos las manifestaciones parecen aplacarse, pero se reinician con renovado vigor y desbordan las previsiones de las autoridades.
El 16 de mayo se realiza en Córdoba el paro general convocado por las dos CGT locales y se decide impulsar la protesta programada para los días 29 y 30 de mayo. El descontento incorpora cada vez a nuevos sectores a las manifestaciones. También los alumnos de la Universidad Católica adhieren al reclamo y envían un telegrama al ministro del Interior, doctor Guillermo Borda, en el que dicen: “No conformistas decidimos paro 48 horas. Ni extremistas ni agitadores. Solo tres mil estudiantes de la Universidad Católica que adoptan compromiso activo por la liberación”.
El día 23, frente a la delegación de una de las dos centrales obreras, la CGT de los Argentinos de la capital provincial, se realiza un acto estudiantil que es violentamente reprimido. Los manifestantes se repliegan hacia el Barrio Clínicas y allí permanecen durante toda la noche; cortan la luz, y desde las barricadas y apostados en los techos, arrojan piedras y bombas incendiarias.
Al grito de “obreros y estudiantes…” Los referentes principales de la movilización obrera son Agustín Tosco, que a los 26 años era el secretario general del gremio de Luz y Fuerza de la provincia; Elpidio Torres, dirigente de los mecánicos, vinculado a la línea de Vandor y “hombre fuerte” del sindicalismo cordobés, y Atilio López, dirigente de la Unión Tranviarios Automotor, que adquiriría pronto un decisivo protagonismo en la provincia. Los acompañaba, entre otros, el abogado Lucio Garzón Maceda, que era asesor gremial de Smata.
El día 29, las fuerzas encargadas de la represión se desplegaron sobre el casco urbano para evitar que los obreros llegasen al centro de la ciudad. A las 11 de la mañana los trabajadores de las plantas IKA-Renault, Grandes Motores Perkins, y los empleados de EPEC, la empresa provincial de energía, se encolumnaron y marcharon hacia allí.
El primero de estos grupos estaba compuesto por tres mil obreros, a los que se sumaban los estudiantes que comenzaron a bajar desde el Barrio Clínicas. A las 12, en el centro, el combate se había desatado. Frente a las barricadas y a la gran cantidad de bombas Molotov, la policía se vio forzada a iniciar un repliegue. La columna de “la Káiser” (IKA) aún no había llegado al lugar de los hechos y la policía intentaba impedir que lo lograra; sobre el mediodía, cerca de la Terminal de Omnibus, los manifestantes eran sofocados con gases lacrimógenos y balas de goma.
En ese momento, el III Cuerpo de Ejército comienza a advertir de la situación por radio a la población, pero los obreros y estudiantes ya mantenían control sobre cincuenta manzanas del centro de la ciudad, gracias a la ayuda de buena parte de los vecinos.
Varios edificios, como el Ministerio de Obras Públicas, el local de Xerox y la confitería La Oriental, eran incendiados. Se combate y se discute, se multiplican las asambleas, y en todos los lugares se implementan dispositivos de defensa. A las 17.15 el Ejército ingresa a la ciudad, y luego de atravesar numerosas barricadas ocupa el casco céntrico al anochecer. Los últimos focos de resistencia se sitúan en el Barrio Clínicas, donde los estudiantes tenían experiencia de movilizaciones previas. En la madrugada, el Consejo de Guerra dictó sus primeras condenas expeditivas: entre ellas, tres años de prisión para Tosco y Torres, que fueron trasladados a una cárcel de Santa Rosa, La Pampa.
Al terminar la jornada, los datos provisionales arrojaban una cifra de seis muertos, más de cien heridos de relativa gravedad y varios centenares de detenidos. Córdoba estaba bajo toque de queda. Las dos CGT, Paseo Colón (de los Argentinos) y Azopardo, declaraban una huelga nacional de 24 horas para el 30 de mayo. Los puntos de la reivindicación incluían: defensa del sábado inglés; contra la represión; defensa del régimen previsional; medidas contra el alza del costo de vida; discusión de los convenios de trabajo.
La represión. El 30 de mayo el país se paraliza totalmente. Solo algunos pocos sindicatos del sector denominado “participacionista”, que no desean enfrentar al gobierno, quedan al margen de la acción; pero son superados por la mayoría que se pliega a la huelga. La dictadura de Onganía ha sufrido un revés del cual ya no podrá recuperarse.
A partir del éxito masivo de la huelga del 30 de mayo y de la movilización que continuó en varias provincias, se reanudaron las gestiones de unidad entre las dos CGT. La Mesa Coordinadora de las 62 Organizaciones toma a su cargo las gestiones. El 4 de junio, Onganía introduce cambios en el gabinete y nombra nuevos ministros –entre ellos el general Francisco Imaz, en Interior, José María Dagnino Pastore, en Economía, y José Cáceres Monié, en Defensa–. Apelando al régimen de la ley contra actividades comunistas, establece penas de hasta ocho años de prisión para los líderes de la protesta.
Uno de los interrogantes sobre los sucesos de mayo del 69 en Córdoba se refiere a la tardanza de los militares en actuar. Algunos la adjudicaron a una decisión del jefe del Ejército, general Alejandro Agustín Lanusse, que contemplaba el desgaste del régimen de facto imperante. El Cordobazo desencadenó fuerzas que obligarían a Onganía a renunciar menos de un año después, desmantelando el programa económico gubernamental y algunas de sus pretensiones autoritarias y abriendo caminos para una desembocadura electoral. Lanusse era el verdadero “hombre fuerte” de la dictadura y era, al mismo tiempo, un militar que creía en la necesidad de ponerle fin al régimen de proscripción instalado en el 55.
El Cordobazo impulsó fuertemente una cultura contestataria en la Argentina. Un aspecto de esa cultura dio prioridad a lo que se denominó la “democracia en las calles”, mediante la acción directa, no electoral sino de tipo insurreccional: la consigna “Ni golpe ni elección, revolución” expresaba aquella visión. Surge y se desarrolla una fuerte corriente clasista, que tendrá su expresión avanzada en Córdoba (los sindicatos autónomos Sitrac y Sitram, con Gregorio Flores y José Páez, Agustín Tosco en Luz y Fuerza y, poco después, René Salamanca, trabajador de IKA-Renault, en Smata), con especial impacto en las ciudades industriales ubicadas sobre el río Paraná: Villa Constitución, San Nicolás de los Arroyos, Zárate y Campana, donde estaban instalados importantes complejos fabriles, como Somisa y Acindar.
Pero esa metodología encontró sus límites y las movilizaciones obreras terminarán tributando a la estrategia que les daría a los líderes gremiales más resultados: golpear y negociar. Al poco tiempo, lograrán el manejo de las obras sociales, lo que vendría a suplir la deficencia del Estado en la cobertura de la salud pública.
La ley de obras sociales
Cuatro días antes de la fecha de un nuevo paro, el dictador Juan Carlos Onganía recibe a catorce dirigentes de la Comisión de 20, sector del sindicalismo más proclive a la negociación con el poder político. Como condición previa al tratamiento de cualquier tema, el presidente exige el levantamiento del paro. A raíz de esta posición, estalla la crisis en las 62 Organizaciones y se produce un acercamiento entre los participacionistas y parte del sector peronista de las 62.
El 3 de octubre del 69, 37 organizaciones de ambos sectores son recibidas en audiencia por Onganía, acompañado por el interventor de la CGT, Valentín Suárez. El interés oficial estaba centrado en la normalización de la central obrera, y se incluye en la agenda un aumento escalonado de salarios ante el fracaso de las paritarias, la restitución de personería a algunos sindicatos y una ley –que será la 18.610– sobre obras sociales.
Esta legislación permitió el fortalecimiento económico de los sindicatos, dotándolos del pleno manejo de los servicios asistenciales para los trabajadores. Hasta entonces, la mayoría de las obras sociales existentes carecían de servicios asistenciales propios y debían concurrir al hospital público, que mostraba, en la mayoría de los casos, muchos problemas para la asistencia de poblaciones masivas, o a la medicina privada, para la atención de sus beneficiarios.
Tosco, Torres y López
El Cordobazo encumbró a la primera línea a tres dirigentes gremiales surgidos de las bases obreras: Agustín Tosco, Elpidio Torres y Atilio López. Descendiente de una familia de campesinos del Piamonte, Agustín “Gringo” Tosco nació en Coronel Moldes, Río Cuarto, el 22 de mayo de 1930. Trabajador de la empresa de energía provincial EPEC, es electo delegado en 1952 en el Sindicato de Luz y Fuerza. En adelante, gana las elecciones para la conducción del gremio en la provincia y en 1954 se integra al secretariado nacional de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (Fatlyf), siendo relevado de su cargo por la intervención militar.
En 1972, estando aún preso del gobierno militar, es nuevamente elegido dirigente del gremio y secretario adjunto de la delegación regional. En 1973, en vísperas de la tercera elección de Perón, el PRT –brazo político del ERP– le ofrece llevarlo en una candidatura a presidente de la Nación. Tosco declina el ofrecimiento. No opta por la vía de la lucha armada. En 1974 pasa a la clandestinidad, al ser intervenido el Sindicato de Luz y Fuerza. Sufre una enfermedad –encefalitis bacteriana– pero es imposible que lo internen en los hospitales locales, porque estaba perseguido por la Triple A, cuerpo parapolicial de extrema derecha bajo la órbita del ministro López Rega. Por ello, lo trasladan a Buenos Aires de incógnito en una ambulancia. Muere el 4 de noviembre de 1975.
Elpidio Torres nació en Córdoba en 1929. En 1947 fue dirigente de la filial Alta Gracia del Sindicato de Panaderos. Diez años después ingresó en la planta IKA y, tras actuar en el sindicato de ese sector, fue elegido titular de la filial Smata de Córdoba, en 1958. En ese cargo fue reelecto hasta su renuncia, en marzo de 1971. Ocupó en varias oportunidades la mesa directiva de las 62 Organizaciones de Córdoba y participó en la conducción de la filial Córdoba de la CGT hasta que, en 1970, fue elegido secretario general de la misma.
En el ámbito político había sido titular del PJ de Alta Gracia, en 1954. Tras la caída de Perón estuvo detenido y confinado. Tras estar preso durante la vigencia del Plan Conintes, en 1962, fue precandidato a vicegobernador de Córboba en 1963. Tras intensa actividad política, durante la dictadura fue secuestrado, en enero de 1979, por orden del general Menéndez. Con la llegada de la democracia, fue candidato a diputado nacional por Córdoba en 1983. Años más tarde fue diputado constituyente de la provincia de Córdoba que, en 1987, sancionó una nueva Constitución provincial. Posteriormente fue asesor del bloque de senadores justicialistas de la provincia hasta 1996. Fallece el 6 de mayo de 2002 en su ciudad natal.
Hipólito Atilio López, más conocido como Atilio López, a quien pusieron ese primer nombre como homenaje de su padre, quien era activo militante radical, a Yrigoyen. Abandonó la escuela primaria para dedicarse al trabajo y al deporte. A los 15 años ingresó en una fábrica de galletitas. Como deportista llegó a ser campeón argentino de los 200 metros llanos. A los 21 años trabajó como chofer en la empresa de transporte automotor CATA. Al poco tiempo fue delegado sindical de la Unión Tranviarios Automotor de Córdoba. Al producirse el golpe del 55 sufre prisión. Al recuperar la libertad, reorganiza el gremio. Actúa en las 62 Organizaciones y a los 27 años es secretario general de la CGT provincial.
Se integra al Frejuli en el 73 y acompañará en la fórmula como vicegobernador al odontólogo Ricardo Obregón Cano en los comicios que ganan en la segunda vuelta de abril de 1973. Con la vuelta de Perón, es combatido por los sectores “ortodoxos” por su alineamiento con la denominada Tendencia. En febrero del 74, Obregón Cano ordena la remoción del jefe de la Policía de Córdoba, el teniente coronel Antonio Navarro. Sus subordinados se amotinan en el Cabildo aduciendo la “infiltración marxista” del gobierno cordobés. Se produce el Navarrazo y López, junto con Obregón Cano, son desalojados del gobierno por la fuerza. El 16 de septiembre de 1974, cuando llega a Buenos Aires, es secuestrado y asesinado por la Triple A.
(*) Santiago Senén González y Fabián Bosoer, periodistas e historiadores. Autores de "La lucha continúa. 200 años de historia sindical en la Argentina" (Vergara), entre otros libros. Colaboró Vittorio Hugo Petri.
