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ELOBSERVADOR / analisis
domingo 24 febrero, 2019

Comodoro Py refleja la degradación de la inteligencia y la Justicia Federal

Las acusaciones cruzadas de los últimos días muestran los riesgos de un marco institucional perverso, que permite que los “espías” operen en el plano doméstico al servicio de opacos intereses de todo tipo.

Diego P. Gorgal

Escándalo. El último que estalló en los tribunales de Retiro fue el que involucra al fiscal Carlos Stornelli y a una figura controvertida como la de Marcelo D’Alessio. Foto: cedoc
domingo 24 febrero, 2019

La trama de espías, seudo-espías, fiscales, y jueces envuelta detrás del affair D’Alessio representa una nueva muestra de la degradación en la que han caído el sistema de inteligencia y la administración federal de Justicia en la Argentina. Tal degradación no es una novedad, por lo que la reflexión que corresponde no es tanto sobre sus causas sino sobre las implicancias de la misma y, sobre todo, la aptitud de la dirigencia política para revertirla.

Riegos. En el mundo actual, la inteligencia se ha convertido en una función sustantiva de las organizaciones, tanto públicas como privadas. En el ámbito público, ya no solo la política exterior, la defensa y la seguridad requieren inteligencia –esto es, información analizada– para operar de manera efectiva, sino que organismos como los aduaneros, impositivos, financieros, etc., la reclaman cotidianamente.

En el ámbito privado, la tradicional inteligencia empresaria ha evolucionado a complejos sistemas de captación de información sobre los consumidores, ayudándose de la minería de datos, y su procesamiento para informar las estrategias de comercialización, precio, logística, etc.

Por ello, hoy más que nunca, la inteligencia es una actividad que comporta importantes riesgos. En el plano público, el secreto sobre el que se basa la reunión y acopio de información; el cultivo de fuentes, el empleo de métodos, identidades y operaciones clandestinas; la utilización de fondos exentos de todo control; y el uso de instrumentos intrusivos para captar información fueron aspectos que generaron una importante tensión durante el siglo XX en las repúblicas democráticas de Occidente, basadas en principios como la publicidad de los actos de gobierno, la responsabilidad de los gobernantes por sus actos, y la transparencia en el accionar gubernamental.

Estos riesgos se amplificaron en la actualidad, pues la ciberinteligencia tiene la capacidad de influir en procesos electorales, en la opinión pública, o hasta en el funcionamiento del sistema financiero.

La dirigencia política consolidó, con la Alianza y el kirchnerismo, un sistema centrado en el Presidente de la Nación, a través de la AFI. 

La manera por las cuales las repúblicas de Europa occidental, Estados Unidos  y Canadá minimizaron tales riesgos ha sido estableciendo regulaciones que diferencian cuidadosamente la actividad de inteligencia que practican en su territorio y respecto de sus propios ciudadanos, de aquélla que practican fuera de su territorio y respecto de los ciudadanos de otros países. En general, en el interior y para con sus ciudadanos se tiende a restringir y controlar con rigor la actividad de inteligencia, mientras que en el exterior y para con extranjeros se tiende a flexibilizarla.

Degradación en Argentina. Al igual que en el resto de Latinoamérica, en Argentina la dirigencia política consolidó –a través de las leyes 25.520 del 2001 (Alianza) y 27.126 del 2015 (kirchnerismo)– un sistema centrado en el presidente de la Nación, a través de la AFI, donde la inteligencia se ejerce con idéntica amplitud e indeterminación sea dentro del propio país como en el exterior y sin discriminar entre ciudadanos propios y extranjeros. Entonces, al no efectuar distinción alguna entre la inteligencia interna y la externa, otorga al poder de turno la oportunidad de usar la flexibilidad propia de la inteligencia exterior –identidades adulteradas, dinero en efectivo de libre disposición, métodos intrusivos de captación de información, etc.– en el plano doméstico y para connacionales.

Además, se asimiló la inteligencia criminal o delictual con la inteligencia de Estado, haciendo que los servicios de inteligencia de las fuerzas de seguridad federales deban sujetarse a restricciones propias de la inteligencia estratégica. Esto trae fuertes complicaciones para la recopilación, análisis y difusión de información sobre delincuentes, modalidades delictivas, patrones criminales y demás análisis necesarios para la prevención y investigación de los delitos, pero sutilmente brinda un marco que justifica formalmente los lazos entre el organismo central de inteligencia y la Justicia Federal.

La no diferenciación de la inteligencia externa de la interna ha permitido que los presidentes de turno tengan en el plano doméstico la mano libre que en el resto de Occidente solo se tolera en el exterior. En la práctica, significa disponer de una importante cantidad de recursos económicos, tecnológicos, y humanos sin ningún tipo de control, los que pueden ser empleados para desprestigiar a un periodista inquisitivo, presionar/extorsionar a un político molesto, contratar/desarrollar estudios para influir sobre la opinión pública, entre otras utilidades.

Hay un maridaje entre espías sin control y con amplios recursos a disposición y funcionarios judiciales sin ningún mecanismo serio de rendición de cuentas.

A su vez, la asimilación de la inteligencia sobre los delitos a la inteligencia de Estado ha permitido que la AFI se convierta en una especie de “brigada policial” orientada a investigar delitos complejos, lo que convenientemente requiere una fluida relación con la Justicia Federal. Ello abre la posibilidad de utilizar a ésta como una extensión de la arena política, pero a expensas de contar con un servicio capaz de proveer al presidente de la Nación de la información necesaria para tomar decisiones relativas a las políticas exterior, de defensa, económica y otras, y a la protección de los intereses nacionales.

Entente. Del maridaje entre espías sin control y con amplios recursos de libre disponibilidad, y funcionarios judiciales exentos de cualquier mecanismo serio de rendición de cuentas, ha surgido una entente que desde hace algunos años opera bajo un autogobierno. Ello no implica que hacen lo que quieren, pero sí que tienen la capacidad de “negociar” términos y condiciones con los gobiernos de turno, dado el andamiaje legal que los protege.

Ante ello, cabe preguntarse si en algún momento la dirigencia política que fue capaz de desarmar el partido militar que durante medio siglo intervino en la política argentina, podrá hacer algo respecto a la entente mencionada. Como sentencia el antiguo adagio, “quien no tenga cabeza para pensar, deberá tener espalda para aguantar”.

En EE.UU. todo es muy claro: la CIA afuera, el FBI adentro

El diseño institucional del sistema de inteligencia de Estados Unidos es un adecuado caso de estudio, no como modelo a replicar sino como referencia para anticipar los desafíos que conlleva desarrollar servicios de inteligencia efectivos.

En general, el sistema se basa en tres criterios fundamentales. Primero, diferenciación y especialización de la producción de inteligencia según sea en el exterior o el interior de los Estados Unidos. Los que hacen inteligencia exterior, no hacen interior, y viceversa. Segundo, diversificación de organismos, que reportan a distintos funcionarios políticos, para evitar el desarrollo de un organismo poderoso que no pueda ser conducido y controlado (síndrome Edgar Hoover). Tercero, los organismos de inteligencia exterior tienen facultades amplias (secreto, operaciones encubiertas, cambios de identidades, compra de informantes, dinero en efectivo para operaciones, etc.), mientras que los que tienen jurisdicción interna poseen facultades restringidas para producir inteligencia.

Estructura. Este sistema es encabezado por un Director de Inteligencia Nacional que depende y reporta directamente al presidente de la Nación, pero que no tiene estructuras de inteligencia propias, sino que coordina las existentes. Una de ellas es la Agencia Central de Inteligencia (CIA), encargada exclusivamente de obtener y analizar inteligencia externa mediante fuentes humanas, realizar actividades de contrainteligencia referidas a amenazas externas, y llevar a cabo operaciones encubiertas en el exterior. Cuando excepcionalmente debe realizar operaciones domésticas, necesita solicitar aprobación al Procurador General y ser acompañado por un agente de las fuerzas federales.

Quien hacen inteligencia dentro del territorio norteamericano son agentes policiales, con un número de placa e identidad real.

Otra estructura es el Bureau Federal de Investigaciones (FBI), quien tiene las funciones de contrainteligencia, contraterrorismo, y obtención de inteligencia de amenazas a la seguridad interna dentro del territorio estadounidense.

Así, mientras la jurisdicción de la CIA es exclusivamente externa, la del FBI es interna. Esto hace que quienes hacen inteligencia dentro del territorio norteamericano son agentes policiales. Así, la inteligencia interna la llevan adelante funcionarios con un número de placa e identidad real, sujetos a un sofisticado sistema de autorizaciones y controles previstos en las Directivas del Procurador General para Operaciones Domésticas del FBI, que tipifican las distintas operaciones, establecen los medios que pueden emplearse en cada caso y los requisitos para su autorización, de modo que todas las acciones sean consistentes con las leyes vigentes.

El sistema de inteligencia se completa con un amplio conglomerado de organismos que producen inteligencia externa, como la Agencia de Inteligencia de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional (inteligencia de señales: comunicaciones, internet, etc.), la Oficina Nacional de Reconocimiento (aéreo), y una Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial.

También existen organismos que realizan inteligencia, pero con información de fuente abierta, en el ámbito de los Departamento de Estado, del Tesoro, de Seguridad Interna, y de Energía, entre otros.

*Especialista en seguridad.


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