Los “cuadernos de la corrupción”, como los llama todo el mundo, disparan muchas preguntas. Una de ellas invita a pensar si nos enfrentamos al Lava Jato argentino. Nadie sabe bien qué significa eso concretamente. Pero todas las definiciones que circulan tienen dos palabras: corrupción e impunidad. Esto es, la necesidad de desterrar el robo de dinero público. Por eso, cuando alguien lanza la hipótesis del Lava Jato, está deseando o especulando con que la investigación derivada de los “cuadernos” termine por descubrir una matriz de corrupción e identificando y sancionando a los responsables que, después de todo, no es un capricho sino lo que dice nuestra Constitución.
¿Es posible ello? No lo sabe nadie; sobre todo, porque nuestra democracia tuvo muchas oportunidades de iniciar un proceso de saneamiento de la vida pública y hasta ahora nunca terminó bien. Nuestra democracia convive envuelta en corrupción y los argentinos tenemos más veces que las deseables un pie dentro de la ley y uno afuera. Por eso, siempre esas chances tuvieron dos momentos. Una explosión inicial y luego un paulatino pero persistente proceso de disolución que terminó en el olvido.
Sobornos. En efecto, no hace tanto tiempo en términos históricos nos enfrentamos a los “sobornos del Senado”. Renunció el vicepresidente de la nación, Carlos Alvarez, las autoridades del Congreso, muchos senadores, se arrepintió Mario Pontaquarto y confesó su participación en los hechos. Llegó a contar cómo, quién y cuándo pagó. No obstante, los jueces muchos años después no le creyeron y terminó absuelto. El pedía que lo condenaran, pero los jueces no le creyeron. Quienes participamos de esa investigación pensábamos en una suerte de “manos limpias”, como ocurrió en Italia en los años 90. Pero no pasó nada. También los argentinos, a través del megacanje de Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo, que fue el antecedente del “que se vayan todos” de diciembre de 2001, tuvimos la oportunidad de inspeccionar judicialmente la amplia gama de negocios non sanctos que se tejen en derredor de la deuda externa. Maridajes varios a través de los que se escurría la riqueza colectiva de los ciudadanos. También trabajé en ese caso. Pero tampoco pasó nada. Somos testigos, además, de un ofrecimiento inédito en estos tiempos. Brasil ofrece a nuestra república toda la información que puede develar la dimensión local del Lava Jato brasileño. Ello supone que podríamos juzgar a los empresarios y a los políticos que pagaron y recibieron coimas, respectivamente, para asignar obras públicas. Lo hacen Perú, Colombia y Panamá. Pero pese a los esfuerzos del Ministerio Público Fiscal, el Estado en su conjunto no toma el toro por las astas para negociar con Brasil el intercambio de información. Argentina no decide qué hacer con esa caja de Pandora.
Oclocracia. La pregunta, entonces, no es si “los cuadernos” pueden desatar un Lava Jato, sino que es diferente: ¿qué hace falta para que en nuestro país se descubra y sancione la corrupción? Porque la Argentina es un país muy singular y con una vida pública muy pobre, que coquetea con una de las formas en que, para Aristóteles, degeneraba la democracia y que el estagirita llamaba “oclocracia”, cuyos rasgos distintivos son la violencia, la ilegalidad y la apropiación de una minoría del régimen político. El resultado son los pesares de la mayoría y la prosperidad de unos pocos. Por ello se impone la pregunta: ¿cómo se hace? No lo sé a ciencia cierta, pero se me ocurren algunas condiciones necesarias, pero no suficientes.
Para empezar, un desafío de esta magnitud no puede quedar en manos solamente de un juez y un fiscal. Reclama el compromiso de todo el sistema judicial y del Estado en su conjunto. Ese compromiso significa que todos los actores: jueces, fiscales, policías, peritos, testigos, empresarios, medios de comunicación y funcionarios en general deben ser leales a la Constitución por encima de cualquier interés particular. Es decir, lealtad solo y solo con la ley. Sin esa condición, que palabras más, palabras menos, se puede resumir en que todos tiren para el mismo lado, es literalmente imposible que un proceso que llega hasta los cimientos de nuestra vida pública tenga éxito. Y ello por varias razones. Pero la principal es que, aunque parezca mentira, la asimetría de poder entre la Justicia y los capitales económicos, sociales y simbólicos de los imputados requiere hacer realidad en nuestra dermis la fórmula del preámbulo de la Constitución, que invita a afianzar la justicia. Pero además de ese compromiso, hace falta algo que quizá sea uno de los aspectos más complejos.
Muertes. La sociedad en general no vincula sus problemas con la corrupción. Con las “tragedias de Once y Cromañón” descubrimos que la corrupción mata. Pero la corrupción también nos niega hospitales, jubilaciones y escuelas. Aún no hemos internalizado como sociedad que la calidad de la vida pública depende y mucho en las prestaciones del Estado. Este hiato genera que la indiferencia social sea uno de los incentivos más importantes de la corrupción. Por eso, la segunda condición necesaria, que me parece imprescindible, tiene que ver con la “apropiación social del caso”. Gran parte de esta investigación se juega en la vigilancia y la luz pública social que ilumine el trabajo del sistema judicial. Un sistema judicial que también debe entender eso y debe generar, con sinceridad, mecanismos de apertura que faciliten el trabajo de los ciudadanos. Porque la Justicia está en deuda con la sociedad.
En otras palabras, nuestra historia está plagada de chances que dejamos pasar para combatir de verdad la corrupción estructural. Necesariamente, ese desafío requiere compromiso estatal y apropiación social. Y tenemos un ejemplo: el juicio a las juntas militares de los años 80 del siglo pasado tuvo esas dos condiciones. Ambas generaron un “ecosistema” que dijo “nunca más” al terrorismo de Estado y en ese “nunca más” yacían las condiciones que hicieron posible el trabajo de la Justicia. Esta es, me parece, la respuesta a la pregunta que circula por todo el espacio público por estas horas. Es un interrogante que nos lleva a la pregunta más obvia y más crucial de cualquier sociedad: ¿queremos vivir en una comunidad organizada en base a derechos en la que gobierne la ley o preferimos la oclocracia? Si elegimos la segunda, recomiendo fervientemente la lectura del libro Liquidación final, de Petros Márkaris, porque ese texto destila todas las consecuencias de la versión degenerada de la democracia, irónicamente en la Grecia de estos tiempos, que fue la cuna de la democracia occidental.
*Fiscal, autor del libro Injusticia, de Editorial Ariel.
