El paso del virus por el continente americano –que aún sigue produciendo un altísimo costo en vidas y un efecto profundo sobre el sistema sanitario en todos los países de la región– también produce un daño económico paralelo cuyas consecuencias aún no es posible estimar. Los organismos internacionales están analizando la cuestión. ¿Cuánto caerá el producto bruto de la región? ¿Cómo puede medirse la pérdida en cantidad de empleos y empresas cerradas? ¿Existe una estrategia para el día después? Dos informes aparecidos en los últimos días analizan la cuestión. Uno es el cuarto informe de la Cepal (la Comisión Económica para América Latina y el Caribe) de Naciones Unidas. El otro es un diagnóstico de una posible salida formulado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para el día después, una vez atravesado lo que el mismo reporte define como el túnel pandémico. Los números son alarmantes y hay consenso en la necesidad de políticas económicas expansivas (que deberán ser acompañadas de un alto espíritu de creatividad y capacidad de innovación) como para salir de la crisis.
El informe “Sectores y empresas frente al Covid-19: emergencia y reactivación”, de CEPAL plantea un horizonte sombrío: uno de los números más impactantes es que “cerrarían unas 2.700.000 empresas a partir de la crisis”. Ambos estudios coinciden en que hasta hoy se hizo mucho pero que resulta insuficiente, una línea en la que coinciden economistas heterodoxos y no tanto.
El informe del BID, del que participan varios economistas de una línea más ortodoxa, igualmente considera que hay que reorientar la estrategia y plantearse nuevos objetivos. Ambos coinciden en que el eje central del trabajo debe estar enfocado hacia los sectores más vulnerables.
Antes. El informe de Cepal dice que “la crisis económica generada por la enfermedad del coronavirus (Covid-19) tiene un impacto importante en los países de América Latina y el Caribe y golpea una estructura productiva y empresarial con debilidades, que se han originado a lo largo de décadas”. Y más tarde agrega que “es un fenómeno global, que afecta a todos los países del mundo, aunque con intensidades distintas. En cada economía de la región, se producen consecuencias económicas asociadas a la demanda y la oferta internas, y también a la demanda y la oferta mundiales”.
Algo que también aparece en el informe del BID: “Ante semejante desafío, volver al crecimiento mediocre previo a la crisis del Covid-19 no es una respuesta satisfactoria para América Latina y el Caribe. Además, las respuestas de política durante esta crisis deberán ser de mayor calidad que las que se implementaron durante la Gran Recesión de 2008-2009. Estas en buena medida resultaron en expansiones de gasto público con pocos resultados en términos de crecimiento inclusivo y más bien fueron orientadas a subas salariales y de transferencias, con fuertes filtraciones hacia sectores no pobres, lo que a su vez llevó a altos niveles de deuda pública en la región, sin resultados relevantes sobre crecimiento y equidad”.
Más allá de las diferencias en las estrategias que se asuman y se propongan, a clave deberá estar regidas por la idea de equidad. Y también necesitarán responder a las particularidades de la región.
Trabajo. El informe de Cepal selala tres debilidades serias para el empleo en la región. La primera de ellas es “la alta informalidad prevaleciente en muchos mercados laborales –que llega al 54% del empleo total, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– dificulta especialmente el desarrollo de las microempresas y las pequeñas empresas”. A eso hay que sumar que “más de un tercio del empleo formal y un cuarto del PIB se generan en sectores muy golpeados por la crisis”. En este sentido, los números son también preocupantes en cuanto al futuro: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que “un 34,2% del empleo formal y un 24,6% del PIB de la región corresponden a sectores fuertemente afectados por la crisis derivada de la pandemia. Más aún, menos de la quinta parte del empleo y del PIB se generan en sectores que serían afectados solo de forma moderada”.
Por eso, la clave está en el cuidado y protección activa de los sectores más vulnerables. El informe del BID profundiza la idea de pacto y la enfatiza planteando la necesidad de un “compacto”. Lo explica de la siguiente manera: “Un nuevo compacto social permitirá a las sociedades de América Latina y el Caribe lidiar con varios otros retos que enfrentan. El cambio climático y los altos niveles de contaminación y deterioro ambiental están afectando a los países de la región cada año con más intensidad y a un ritmo creciente. Las sociedades que crecen más y con más equidad tienen mayores recursos para resistir y lidiar con el cambio climático, así como para controlar la contaminación local y fortalecer la protección ambiental. Tendrán además más capacidad para llegar a los acuerdos políticos necesarios que les permitan llevar a cabo este esfuerzo, ya que el compacto dará más confianza a los ciudadanos en que el compromiso será compartido entre todos. Del mismo modo, con un nuevo compacto social, los países podrán resistir mejor los efectos de la desglobalización y otros retos importantes, como la migración”.
Empresas. Tal como se suele discutir, el organismo de Naciones Unidas señala el doble impacto en la economía. Están amenazadas tanto la oferta como la demanda: “La crisis económica tiene su origen tanto en la oferta como en la demanda. Las restricciones sociales han generado la suspensión, total o parcial, de las actividades productivas. Este efecto ha sido más fuerte en sectores cuyas actividades implican aglomeración y cercanía física (turismo, espectáculos, hoteles y restaurantes, transporte y servicios personales), mientras que ha sido menor en aquellos que se han considerado indispensables (alimentos, desinfectantes, artículos de limpieza, medicamentos e insumos y equipos médicos)”.
Luego hace un diagnóstico, país por país, de la situación durante la pandemia. “La gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades: tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo. Hasta la primera semana de junio de 2020, información recopilada por las cámaras empresariales resaltaba que:
◆ En Colombia, el 96% de las empresas tuvo una caída en sus ventas (el 75% registró una disminución superior al 50%); el 82% de las empresas formales podría subsistir solo entre uno y dos meses con sus propios recursos (Confecámaras, 2020).
◆ En el Brasil, el 76% de las empresas industriales redujo o paralizó su producción y el 55% ha tenido dificultades para acceder a crédito para capital de trabajo (CNI, 2020).
◆ En la Argentina, el 44% de las empresas industriales no tenía liquidez para pagar el 50% de los salarios de abril (un 12,3% no pudo pagar la nómina); el 38% no pudo pagar servicios públicos; el 48% no pudo pagar a sus proveedores y el 57% no pagó los impuestos (UIA, 2020).
◆ En Chile, el 37,5% de las empresas redujo su personal entre abril y mayo, y el 44% de las empresas está en un estado financiero malo o crítico, cifra que aumenta al 51% entre las microempresas (CNC, 2020).
◆ En el Uruguay, el 59,4% de las empresas de comercio y servicios ha enviado a sus empleados al seguro de desempleo, y se destacan entre ellas las empresas de alojamiento y servicios de comida (81,5%). Entre las empresas que enviaron empleados al seguro de desempleo, el 41,2% envió a más del 75% de la planilla (CNCS, 2020).
◆ En Panamá, los sectores que registraron las mayores caídas de sus ingresos fueron los de hoteles (-99,4%), construcción (-86,4%), restaurantes (-85,0%), comercio al por menor (-83,8%) y servicios turísticos (-78,7%) (Cciap, 2020).
◆ En Centroamérica, el 50% de las empresas necesitaría entre cuatro y nueve meses para recuperar el nivel de facturación previo a la crisis. Esta situación se agrava entre las microempresas, que necesitarían un período que va de siete meses a más de un año para lograr este objetivo (Fecamco, 2020)”.
Crisis. El estudio del BID, a su vez, señala que “la pandemia ha desatado niveles de incumplimiento sin precedentes. Es más, 18 países de la región, desde Barbados y Chile hasta Uruguay y Trinidad y Tobago, han anunciado moratorias en el pago de créditos, lo que podría dificultar aún más la situación bancaria. En buena medida, esto se debe a la impresionante caída de ingresos de las firmas. Por ejemplo, una encuesta reciente de Argentina indica que el 72% de las firmas ha visto caídas en sus ventas superiores al 60%. Pero son las firmas más pequeñas las que están sufriendo más: mientras que solo el 56% de las firmas grandes (300 empleados o más) experimentó caídas en sus ventas mayores al 60%, esta cifra llega al 76% para las firmas pequeñas (50 empleados o menos)”.
Una salida posible, por ejemplo, podría ser “la reasignación de gastos hacia la infraestructura, que suele tener un efecto multiplicador alto tanto en actividad como en empleo, así como las políticas de reducción de costos no salariales de crear puestos de trabajo”.
Insuficientes. Las medidas hasta ahora fueron muchas, importantes pero insuficientes para paliar lo suscitado por la crisis: “En conjunto, el monto comprendido por las medidas de crédito anunciadas en 19 países representa el 3,9% del PIB de la región en 2019. Las medidas de crédito son la herramienta en la cual los gobiernos han comprometido más recursos, aunque el panorama es heterogéneo entre países. En la mayoría, los fondos correspondientes a las medidas para impulsar el crédito tienen un peso menor al 4%. Además de la compra pública, entre las escasas medidas de apoyo directo existen algunos programas para capacitar a las mipymes en materia de digitalización o proveerles plataformas de venta en línea. Ello les permitiría adaptarse a la marcada reducción de las ventas presenciales”, dice el informe de Cepal. Y lo compara con otras regiones: “En Europa, el carácter estratégico de algunas empresas en términos de desarrollo tecnológico, militar o económico ha llevado a que algunos gobiernos adopten medidas de rescate de grandes empresas. Estas intervenciones a menudo son condicionadas a la suscripción de compromisos y su correspondiente cumplimiento. Por ejemplo, en Alemania se otorgará crédito a la empresa Adidas, condicionado a que no se repartan utilidades mientras el crédito esté vigente. En Dinamarca y Polonia, por su parte, no se otorgarán préstamos a empresas con sedes en paraísos fiscales”. En cambio, “en 23 países de la región se adoptaron 91 medidas en las que se enfatiza la pertenencia a un sector para acceder a los beneficios. La mayor cantidad de medidas se dirigieron al sector del turismo y las mipymes agropecuarias y de alimentación, aunque hay diferencias geográficas en el tipo de medidas sectoriales implementadas o anunciadas. En América del Sur, se prefirió extender las facilidades para el acceso al crédito de los sectores más afectados. En Centroamérica, se adoptaron medidas de ayuda directa enfocadas en el turismo, la actividad agropecuaria y la alimentación, mientras que en México se ha optado por ampliar los presupuestos a programas ya existentes ligados a la agricultura, la cultura y las artes. En el Caribe, cuya economía depende mucho del turismo, las medidas de ayuda monetaria en forma de bonos, subsidios y suspensión de cobros se han focalizado en el sector hotelero”.
