Se aproximaba el Día del Niño, y Sergio Durán decidió ir a comprarle un regalo a su nene. Era el 6 de agosto de 1992, cuando se lo llevaron detenido. Su madre fue a la Comisaría 1ª de Morón, donde le dijeron que volviera al otro día con el documento, 600 dólares, y “el chico no queda manchado”. Cuando Olga fue con la identificación, le comunicaron que su hijo, de 17 años, había muerto por un paro cardiorrespiratorio. Luego se sabría que los policías lo torturaron, incluso con picana eléctrica, hasta matarlo. De los cinco uniformados acusados, tres recibieron condena pero ya están libres, y otros dos permanecen prófugos sin que nadie los busque.
El caso Durán es uno de los miles de asesinatos por parte de las fuerzas de seguridad de Argentina desde el regreso de la democracia hasta fines de 2016. Según la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), del 83 a fines del año pasado, la policía mató a 4.960 personas, de las cuales un 46% fueron víctimas de gatillo fácil y otro 39% murieron cuando estaban detenidas. ¿El dato? No hay un registro oficial sobre la cantidad de efectivos acusados por esos delitos, ni mucho menos un porcentaje de cuántos finalmente son llevados a juicio. Las organizaciones afines calculan que un porcentaje muy mínimo es juzgado.
De ese pequeño porcentaje de acusados de las fuerzas de seguridad que es llevado a juicio, la mayoría obtiene condenas irrisorias. O bien, como es el caso de uno de los policías acusados de torturar a Sergio Durán, Jorge Ramón Fernández, que recibió cadena perpetua en 1995, pero fue liberado en 2003 porque el fallo no estaba firme. Además de quienes se encuentran prófugos y, pese a que los familiares denuncian que los ven en las calles, ya no los buscan.
Sin datos oficiales. “Hay un problema central, y es que el gobierno nacional no produce información estadística sobre violencia institucional. El dato de cuántas personas mata la policía yo tendría que poder decirlo con datos oficiales. No los produce el Poder Ejecutivo, ni tampoco el Poder Judicial hace una sistematización de cuántas causas llegan a juicio y cuántas se caen”, explica a PERFIL el coordinador del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Tufró.
La titular de Correpi, María del Carmen Verdú, sostiene que uno de los datos más difíciles de conocer es la cantidad de integrantes de las fuerzas de seguridad que son juzgados, pero por su experiencia se atreve a decir: “Haciendo un cálculo benévolo, estimamos que sólo el 10% de los casos llega a juicio, y no todos son condenados, o los condenan a penas leves, manipulando las figuras penales, como cuando dicen apremios en lugar de tortura o cuando un tiro por la espalda resulta un homicidio en exceso de la legítima defensa”.
Tufró asegura que hay casos que llegan a juicio, pero que depende mucho en primera instancia del fiscal que investiga y de las máximas autoridades judiciales. “Hay jueces que, salvo que se trate de una ejecución flagrante, siempre tienden al uso de la legítima defensa. Lo que le llega primero al fiscal es el sumario policial. La propia Policía escribe la primera versión de los hechos. Si el fiscal no ve algo muy raro en el armado de esa historia, o si no tiene la voluntad de desarmarlo, eso pasa y la investigación se orienta en ese sentido”.
“Nos matan más rápido de lo que escribimos”. Correpi realiza un informe anual que presenta cada diciembre en Plaza de Mayo. De acuerdo con los últimos datos, se desprende que las muertes en democracia fueron en aumento gestión a gestión. De los 4.960 asesinatos de 1983 a 2016, el 20% se produjo durante el gobierno de Néstor Kirchner y el 43% en los dos mandatos de Cristina Fernández. Mientras que tan sólo en el primer año de gobierno del presidente Mauricio Macri, de diciembre de 2015 al mismo mes de 2016, ya se acumulaba el 5%.
Según Verdú, en lo que va de 2017 ya hay 120 casos confirmados y 60 para chequear. “Yo creo, por mi experiencia, que este año supera una muerte cada 25 horas (como en 2016), ya es seguro un caso por día. No tengo dudas. Uno de los compañeros del equipo me dijo: ‘Nos están matando más rápido de lo que escribimos’”, explica la abogada.
En este punto, desde el CELS sostienen que no tienen registrado un aumento en la cantidad de casos entre 2015 y 2016, sí encuentran un pico en 2014, cuando el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, decretó la emergencia en seguridad. Hay que aclarar que, en el caso de los informes del Centro, se remiten sólo a los casos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia, que son los dos territorios que más muertos registran.
Casos recientes de gatillo fácil. En los últimos meses, las palabras “gatillo fácil” resonaron en los medios, debido a algunos casos de asesinatos policiales que llamaron la atención por la alevosía. Uno de ellos fue el del subteniente Hugo Pos, que mató de un disparo en la nuca a Rodrigo Correa, de 14 años, en Billinghurst, partido de San Martín. Según el efectivo, el joven junto a otros dos adolescentes le apuntaron con un arma para robarle. Sin embargo, luego se constató que los chicos no iban armados, y se encontraron 16 cartuchos pertenecientes al agente de seguridad.
Otro caso fue el de Cristian “Paragüita” Toledo, de la Villa 21-24, que volvía de bailar junto a dos amigos cuando el bombero de la Policía de la Ciudad Adrián Gustavo Otero lo mató de un disparo. El pasado 2 de agosto, se realizó una misa en contra del gatillo fácil, frente al Palacio de Justicia, para exigir justicia por la muerte del joven, de 22 años.
¿Connivencia? “Son muy comunes los casos de connivencia entre el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, ya sean policías o penitenciarios. Son excepcionales los casos en que penitenciarios o efectivos son condenados por abuso de poder, violencia o tortura”, asegura a PERFIL Violeta Burkart Noé, del Observatorio de Derechos Humanos (ODH) de la Ciudad de Buenos Aires.
Burkart explica que en el caso puntual de quienes están detenidos es más difícil aún darlos a conocer: “Los que se dan en condición de encierro, es decir, en establecimientos penitenciarios, son muy pocos los que llegan a ser denunciados. Esto se debe a que, por lo general, las víctimas deben seguir conviviendo con sus victimarios, con el temor a las represalias que puedan surgir como consecuencia de la denuncia efectuada”.
Otra de las sospechas recae sobre aquellos integrantes de las fuerzas de seguridad que se encuentran prófugos. En el caso Durán, de los cinco policías acusados al momento de comenzar el juicio, cuatro estaban prófugos. A dos de ellos, los encontraron cuando iban a festejar Navidad a la casa de sus familiares, gracias a una investigación periodística. Los otros dos aún continúan fuera de la ley.
“Pasaron 25 años y el dolor es el mismo del primer día porque es una injusticia. Cuando sabés que hay impunidad, el dolor es más grande. Mientras los dos prófugos sigan libres, yo voy a seguir, no puedo descansar. Se lo prometí a mi mamá”, asegura Marcela Durán, la hermana de Sergio, mientras mira la foto del joven de 17 años sobre una credencial plastificada que supo llevar a cuanta marcha por justicia en la que participó. La credencial dice: “No se olviden de Durán”. Un mensaje como el de tantas otras familias que piden que no nos olvidemos de ellos.
Mayoría de efectivos fuera de servicio
Un dato que destacan los informes del CELS es que durante los últimos cinco años, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, los casos de gatillo fácil fueron cometidos en mayor medida por policías que estaban fuera de servicio. Entre enero y abril de este año, el porcentaje llegó casi a un 80% de uniformados que mataron cuando no estaban en el trabajo.
Desde el CELS explican que el aumento se debe a que, en los últimos años, en la Ciudad de Buenos Aires se redujo el número de efectivos que en servicio dispararon y ocasionaron la muerte. “Casos de la Federal o de la Ciudad que viven y matan en el Conurbano fuera de servicio nos parecen especialmente graves porque hay una especie de exportación de la violencia. Esos policías que trabajan en la Ciudad no matan en la Ciudad, cuando están en servicio, sino que matan en el Conurbano, cuando están fuera de servicio, y retroalimentan esa violencia que hay allí”, explica Manuel Tufró.
Hasta finales de los 90, principios de los 2000, de acuerdo a las fuerzas policiales, era obligatorio que quienes pertenecían al servicio debían llevar el arma incluso cuando estaban fuera de servicio. Desde esa fecha, dejó de ser obligatorio y pasó a ser un derecho y una decisión de cada agente estar armado las 24 horas del día.
De enero a abril de 2017, la PFA y la Policía de la Ciudad mataron a 12 personas, diez de esas víctimas fueron por efectivos de civil. En tanto, de las 21 muertes registradas a manos de la Bonaerense, 17 fueron por efectivos fuera de servicio. Dos de los casos más resonantes de los últimos meses fueron los citados en la nota central del joven de 14 años, Rodrigo Correa, y Cristian “Paragüita” Toledo. Ambos fueron asesinados por efectivos que se encontraban de civil en el momento de matarlos.
