Como en tantos órdenes de la vida, en la política se aplica aquello de que lo que está en el interior es lo que se manifiesta y pone en práctica en el exterior. En nuestro país lo comprobamos a diario, lamentablemente, en su aspecto negativo: el autoritarismo dentro de los partidos políticos devalúa la democracia. Este fenómeno no sólo afecta la concepción republicana, sino que también incide sobre nuestras posibilidades de desarrollo como nación y como sociedad, ya que las formas autoritarias van unidas, por lo general, a prácticas de corrupción.
En la República Argentina, lo digo con sumo dolor, los partidos políticos no son genuinamente democráticos. Esta crítica le cabe, en primer lugar, a mi propio partido. El justicialismo se formó y alcanzó su esplendor en una época en la que los autoritarismos tenían fuerte arraigo en todo el mundo, y nunca pudimos desprendernos del todo de esas rémoras. Salvo por pocos destellos en busca de una renovación, la falta de democracia interna continuó siendo un rasgo muy marcado en las prácticas y actitudes. Pero esta misma apreciación puede generalizarse a las demás organizaciones políticas vigentes. Incluso la que constituye la excepción, la Unión Cívica Radical, que ha sabido mantener formas de democracia dentro de sus estructuras partidarias, no puede considerarse libre de algunos pecados en este sentido.
Este mismo diagnóstico le cabe a la actual coalición gobernante que, luego de llegar al poder bajo la consigna del cambio, para sorpresa de muchos, vemos que en su práctica política diaria recurre a los mismos vicios que exhiben los partidos tradicionales, como ser: señalar quién puede o no presentarse a una elección interna o, directamente, señalar a alguien de su círculo íntimo y ser ungido sin competencia electoral. La discrecionalidad como método político.
Si se pretende reducir la democracia a la emisión del sufragio cada dos años en elecciones de renovación parlamentaria, y cada cuatro para los cargos ejecutivos sin ejercer los procedimientos democráticos, estaremos ante un vacío de representación. Lamentablemente, esto es lo que ha vivido la Argentina, me animo a decir, en todos sus períodos de institucionalidad constitucional desde 1958 hasta la fecha.
Un dato alarmante es que algunas encuestas muestran que hasta el 80% de la ciudadanía rechaza o desconfía gravemente de los partidos y los políticos, sin los cuales no puede haber funcionamiento democrático genuino. Esta desconfianza nos lleva a un círculo vicioso: la falta de representatividad erosiona la gobernancia, las reglas dejan de ser claras y firmes, el país no resulta confiable para las inversiones genuinas, se vuelve así ilusorio el desarrollo económico y social, lo que afecta negativamente el bienestar de la ciudadanía, que desciende un nuevo escalón en su grado de confianza hacia quienes deben ofrecerle propuestas de solución.
No nos llama la atención que un candidato y un jefe partidario se sienten a conversar y decidan, de espaldas a la masa partidaria, que no se harán elecciones internas.
Veamos este dato oficial, que es más que elocuente de la enorme distorsión de las instituciones partidarias, base de nuestro sistema democrático. Según datos de la Justicia Electoral, existen 41 partidos reconocidos en el orden nacional y 624 en los 24 distritos electorales del país. La provincia de Buenos Aires tiene 67 partidos. Capital Federal, 49. Los argentinos no podríamos citar más de cuatro o cinco, el resto es absolutamente desconocido.
Salvo excepciones, esos partidos no celebran elecciones internas para designar autoridades ni para elegir candidatos. Más aún, la inmensa mayoría funciona como franquicia que se alquila o vende para la constitución de frentes o para permitir que algún candidato rebelde vaya “por afuera”. Esto es así porque esos partidos no se deben a su masa de afiliados, muchos de los cuales no recordarán seguramente haber puesto su firma en una ficha de afiliación. Esos partidos tienen dueños.
Para salir de este círculo dantesco es necesario tomar el toro por las astas. La deformación de la representatividad que alguna vez tuvieron nuestros partidos ha llegado a un punto en el que percibimos índices cada vez más elevados de desacuerdo con la ciudadanía, lo que lleva a un mayor grado de confrontación en la sociedad.
Autoritarismo, corrupción y crisis recurrentes de los países que no logran encaminarse por el rumbo del crecimiento con equidad social nos han llevado a la actual pérdida de representatividad y son causa –según encuestas reiteradas– de que más de la mitad de la ciudadanía latinoamericana prefiera una solución a sus problemas antes que a la democracia.
La Justicia Electoral, hoy muy devaluada, debe velar por el funcionamiento democrático en los partidos. La imperfección de los mecanismos de representación y participación dentro de éstos nos hace pensar que se aplica un concepto de democracia restringida, en la cual las elecciones terminan ungiendo a los beneficiarios del “dedazo” o de componendas a puertas cerradas, nunca claras para el ciudadano.
Es necesario revertir estos males, para que efectivamente los partidos y los políticos sean instrumentos y actores que contribuyan a resolver las contradicciones de la sociedad, generadores de conciencia y representatividad republicana y factores que aseguren la convivencia e institucionalidad democrática plenas. Confiemos en que es posible y que estamos a tiempo de hacerlo.
*Ex presidente de la Nación.
