El “voto calificado estructural”: ¿una democracia distorsionada? Tal como señalamos en forma precedente, se observa la consolidación de un “voto calificado estructural” como una característica definitoria del sistema electoral actual. Este concepto describe un escenario en el que el voto positivo crece hacia la cima de la pirámide de estratificación social. En términos prácticos, esto significa que los individuos que pertenecen a estratos socioeconómicos más altos tienen una probabilidad demostrablemente mayor de emitir un voto positivo, aumentando así su peso político efectivo.
La consecuencia inmediata y profunda de este fenómeno es la creación de un fuerte sesgo de clase en los resultados electorales. Este sesgo, insistimos, perjudica directamente a los espacios de representación electoral anclados en la base de la pirámide de estratificación. Es decir, impacta negativamente a fuerzas políticas como el peronismo en Buenos Aires, cuya base de apoyo tradicional se encuentra en los sectores más vulnerables de la sociedad. Y, por el contrario, el sistema beneficia a los que se ubican en los estratos medios, medios altos y altos, favoreciendo así a los partidos e ideologías políticas que resuenan con estas demografías más pudientes.
Esta dinámica reconfigura principalmente el panorama político, inclinando la balanza de la representación hacia la defensa asimétrica de intereses socioeconómicos, en particular los representados por la ultraderecha. Si bien el sufragio universal garantiza formalmente un voto a cada ciudadano adulto, el “voto calificado estructural” socava exitosamente el espíritu de este principio. E implica que el peso político real de las diferentes clases y/o segmentos sociales ya no es igual en la práctica.
Los votos de los menos vulnerables, que tienen más probabilidades de participar, adquieren un peso efectivo desproporcionadamente mayor en la configuración de los resultados electorales. Esto constituye una forma sutil, pero potente, de privación de derechos, donde existen derechos formales para todos y todas, pero la influencia política práctica está sesgada por el estatus socioeconómico.
Si los resultados políticos están cada vez más determinados por las preferencias de los segmentos sociales más acomodados, es muy probable que los gobiernos elegidos promulguen políticas que favorezcan a estos grupos, lo que podría exacerbar las desigualdades sociales y económicas existentes. Esto, a su vez, aliena aún más a los sectores vulnerables y desenganchados, solidificando su no participación y afianzando el “voto calificado estructural” como una característica permanente del sistema electoral. Se perpetúa así la distorsión electoral, en lugar de desafiarla, lo que lleva a un sistema donde las formas democráticas enmascaran una creciente disparidad en el poder y en la influencia política.
Este fenómeno se viene sucediendo en las elecciones distritales que se han desarrollado a la fecha. El ausentismo en estas primeras seis elecciones del año se encuentra verificado empíricamente, así como también el sesgo de clase señalado en forma precedente. De acuerdo al Centro de Investigación para la Calidad Democrática (Cicad), en las votaciones de Chaco, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires se experimentaron reducciones de participación electoral mucho más pronunciadas al promedio de las últimas décadas, rondando entre 15 y 20 puntos porcentuales menos. Según el Centro, tomando como muestra alrededor de 900 elecciones ejecutivas, legislativas y de convencionales constituyentes del ámbito nacional y provincial, se alerta sobre una caída que se encuentra por encima de la media de entre el 5% y el 10%, que se despliega en cada década.
Así lo explica el especialista en sistemas electorales, el politólogo Facundo Cruz: “Cada década cae entre 5 y 10 puntos porcentuales la participación electoral, con momentos de alzas y bajas. En la década del 80 cayó; en la década del 90 cayó; con 2001 hubo una caída muy importante, pero entre 2003 y 2011 subió la participación electoral y después volvió a caer acercándonos a la pandemia, y con la pandemia hubo una caída un poquitito más marcada. Ahora estamos entrando en elecciones en las cuales debería estar votando entre el 60% y el 65% del padrón electoral, según esta tendencia histórica” (ausentismo récord, un fenómeno que marca el ritmo de las elecciones 2025. Portal web Nuevo Diario Web).
Se desprende de lo expresado en el estudio que 1) la abstención es un fenómeno activo en nuestro país, pero el piso de participación electoral se ha desacoplado de la tendencia histórica y 2) la participación aumenta cuando los esquemas socioeconómicos benefician a los sectores menos pudientes, como se observó en el ciclo 2003-2015.
Volviendo a las elecciones realizadas durante 2025, en la ciudad de Rosario este fenómeno vuelve a reproducirse ya que el porcentaje de abstención se eleva al 6,2%, creciendo en los barrios de la zona sur y llegando al 7,6% en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez. Una vez más la ligazón entre la abstención y los sectores más postergados. Igual ecuación se visualiza en Salta, como bien se analiza en este artículo.
En la Ciudad de Buenos Aires la vinculación entre el ausentismo y la situación económica y social de los electores ha sido destacada por Artemio López (López, Artemio. El sesgo de clase, diario PERFIL) y Mario Rodríguez. Este último ha resaltado que “en la Ciudad de Buenos Aires, las comunas con menor participación son también las más golpeadas socioeconómicamente. Esto habla de una insatisfacción estructural con la democracia y el desarrollo económico” (Rodríguez Mario, en: radioup.com.ar/ausentismo-electoral-en-buenos-aires).
En el cuadro precedente se observa en forma nítida que la abstención disminuye en los barrios y comunas menos pudientes y aumenta en las de mejor estatus socioeconómico.
Para cerrar este apartado, la evidencia empírica y teórica revela que, de acuerdo a diversos estudios realizados a inicios de siglo, donde la ecuación sostenida en este cuadernillo se ratifica, “se cree que una mayor participación electoral se asocia con diversos resultados, como una menor desigualdad económica y un mayor apoyo a los partidos laboristas y al gasto público social” (Bechtel et al., 2016, Chong y Olivera, 2008, Fowler, 2013, Mahler, 2008). En cambio, las bajas tasas de participación suelen asociarse con déficits en el proceso democrático, como la exclusión política de grupos marginados y de bajos recursos (Lijphart, 1997).
La proscripción de Cristina Kirchner: un golpe a la opción preferencial de los pobres. El inicio de este artículo subraya el valor estratégico crítico de la decisión de CFK de encabezar la lista peronista en la tercera sección de la provincia de Buenos Aires. Su participación fue considerada una estrategia adecuada para reforzar la “sustentabilidad” del actual Ejecutivo provincial. La participación activa de Cristina Kirchner en “la tercera” fue, por lo tanto, percibida como una amenaza para el bloque en el poder ya que el principal beneficiario resultaba el peronismo bonaerense. Se advertía, asimismo, que la capacidad única de la líder del peronismo para movilizar una porción significativa del electorado en estado de desconexión y apatía consolidaría los votos necesarios para derrotar al oficialismo nacional.
El “bloque en el poder”, a diferencia de muchos dirigentes incluso peronistas, leyó bien esta circunstancia y buscó impedir activamente la participación electoral de Cristina Kirchner. Esta obstrucción se manifestó a través de la intervención del eslabón más alto del Poder Judicial, y conllevó una vergonzosa campaña mediática de extorsión sobre la Corte Suprema, para que resolviera contra CFK en tiempo y forma, mediante la sentencia de culpabilidad en la no menos vergonzosa causa Vialidad.
La referencia explícita a un “partido judicial”, reafirmada en forma permanente por CFK, sugiere una estrategia deliberada para eliminar a un oponente político poderoso por medios no electorales. Para ello es utilizado eficazmente el aparato judicial como una “extensión” del poder económico dominante, justicia de clase en lugar del teórico lugar de “árbitro independiente”.
Este proceso socava principalmente los principios de una competencia electoral justa, la separación de poderes y el Estado de derecho, difuminando las líneas entre las esferas legal y política. Crea un campo de juego desigual donde los fallos judiciales son percibidos como políticamente motivados y el Poder Judicial es visualizado como un partido o una herramienta de extorsión. En ese marco, la confianza pública en la independencia, la imparcialidad y la integridad de las instituciones democráticas se erosionan gravemente. Hoy, tanto el Parlamento como la Justicia son observados como espacios de pésima calidad institucional.
Esto contribuye significativamente a la crisis de representación general y a la percepción de distorsión electoral, ya que los ciudadanos pierden confianza, no solo en la utilidad y equidad de los resultados electorales, sino también en los pilares fundamentales del propio sistema democrático. Esta erosión de la confianza puede tener efectos perjudiciales duraderos en la cohesión social y en la estabilidad política.
La forzada declaración de “culpabilidad” contra Cristina Kirchner es, en este contexto, una acción directa que angosta las chances electorales del peronismo bonaerense. Más ampliamente, esta proscripción deja sin derecho a elegir a los ciudadanos que ven en Cristina Kirchner su opción preferencial, es decir un 30% de electores a nivel nacional, y un piso del 40% en la provincia de Buenos Aires, que aumenta proporcionalmente en la tercera sección electoral.
La combinación, entonces, de un previsible 45% de ausentismo electoral promedio (con sesgo de clase) y la proscripción de CFK, quien es la opción preferida en su mayoría por ciudadanos vulnerables, abona la tesis de la “farsa democrática” señalada al comienzo del cuadernillo como un escenario electoral factible para septiembre, y por extensión para las legislativas nacionales de octubre.
Ciertamente, el efecto combinado del alto ausentismo particularmente intenso entre los grupos vulnerables y la eliminación de la líder opositora, principal preferencia de ese electorado, distorsiona esencialmente el concepto de elección democrática. Si un gran segmento de la población, el más postergado, está efectivamente excluido o desempoderado de expresar su voluntad, la “elección” de los candidatos restantes no puede considerarse genuinamente representativa de la población en general.
Esta confluencia de factores, por demás sumamente peligrosa para hacer verosímil la conexión genética democrática entre los representantes y los representados, si se sostiene en el tiempo, lleva a un sistema de preferencia sesgado, donde, por ejemplo, a nivel nacional, los “ganadores” lo hagan con un programa de ultraderecha y puedan surgir con una “representatividad” que no supere el 15% del padrón nacional de electores.
De no encontrar una resistencia activa y pasiva en contrario, esto implica una forma de “consentimiento modelado” o un “autoritarismo por otros medios”, donde se mantienen las formas externas de la democracia (se celebran elecciones) pero el contenido de la soberanía popular se vacía, ya que un segmento social extenso no es representado.
Afirmamos que no hay nada de casual en este “voto calificado estructural”; más bien lo contrario: el modelo socioeconómico del gobierno actual solo cierra en esquemas autoritarios o con restricciones que transforman la democracia “representativa” en esta distorsión electoral que hoy padecemos. Esta es la implicación más profunda: un autoritarismo funcional o una democracia severamente restringida que se disfraza de gobernanza representativa.
Implicaciones. Democracia restringida y modelo socioeconómico. La pregunta queda planteada: ¿qué se elige cuando se elige en este país?, y sirve como punto focal para esta sección final. Una respuesta tentativa es que el proceso descripto líneas arriba intenta encapsular la profunda crisis de legitimidad y representación, desafiando la esencia misma de un proceso democrático real, a partir de un esquema en el que se “alienta” la desafección electoral de los sectores populares y de sus representantes. Lo dicho obliga a reflexionar sobre si el acto de votar aún supone un mandato popular genuino.
Una consecuencia directa y alarmante del “voto calificado estructural” y la proscripción de figuras claves de la oposición es, como ha sido señalado, la aparición proyectada de candidatos presidenciales etiquetados como “ganadores”, que promuevan un programa de ultraderecha. Es crucial, entonces, que se insista en destacar que estos “ganadores” lograrán una “representatividad menguada del padrón nacional de electores” y la oposición transitará por una penuria de representatividad política. En los hechos esto revelaría un grave déficit democrático, ya que un gobierno podría ser elegido y gobernar con el apoyo activo de una minoría estrecha del total de electores habilitados y con figuras opositoras “bochadas” por el sistema político.
Esta circunstancia es el sueño húmedo del actual bloque en el poder: que solo voten los propios a los propios, lo que sugiere una estrategia deliberada para reducir el electorado y asegurar resultados favorables.
Llevado a un extremo, este fenómeno se desplegó históricamente en los albores del siglo XIX en la Europa noratlántica. El modelo de representación de notables, como se lo ha denominado por la literatura académica –un trabajo medular que analiza el vínculo representativo es el de Bernard Manin La metamorfosis del gobierno representativo. En dicho texto, el autor advierte sobre las tres etapas históricas en las que transitó la representación política, a las que denomina como de “notables”, “de masas” y “electoral”. La primera se caracteriza por tratarse de una representación personalizada e individual en donde los votantes y votados pertenecen a la misma clase social (“los notables”) y en los que el juego democrático se definía a partir de un lazo directo entre los sectores más acomodados de la sociedad–, se asentaba en el voto censitario (propietarios e instruidos solo accedían a derechos políticos), en el que una minoría acomodada votaba a otra minoría acomodada. Las condiciones actuales impiden reeditar un tipo de fenómeno político-electoral como el mencionado, pero la búsqueda de esquemas similares, aun con el voto universal, comienza a ser pergeñada por una derecha que no descansa.
Insistimos: este proyecto económico llevado adelante por el bloque de poder más concentrado requiere de la baja participación electoral y la proscripción de la principal figura opositora para poder enfrentarse con oportunidades de triunfo.
En lo concreto, la necesidad de achicar el cuerpo electoral, sin siquiera imponer a discusión el “voto calificado” de otras épocas, solo deslegitimando a “la política” (a “la casta”) juega en tándem con la proscripción de CFK en el marco de un modelo económico destinado al fracaso y, por lo tanto, carente de fuerza para soportar un amplio escrutinio democrático.
El propósito subyacente de estas elecciones distorsionadas, desde la perspectiva del Gobierno, es mostrar “a los mercados” que el modelo socioeconómico, que hoy encabeza Javier Milei y conduce Caputo, es “electoralmente sustentable”. Esta validación externa es crucial para su agenda. La sustentabilidad electoral sesgada y excluyente, a su vez, les permite profundizar la entrega de recursos naturales y la toma de deuda, lo que habilita la articulación entre la manipulación electoral y la implementación de políticas económicas específicas, potencialmente impopulares.
Esta es una observación central: el modelo socioeconómico actual, caracterizado por políticas de entrega de recursos naturales y toma sistemática de deuda externa, es incompatible con una democracia verdaderamente representativa y participativa. Para que este modelo sea implementado y sostenido, los mecanismos democráticos deben ser restringidos, eludidos o transformados en una “farsa”. En esta visión, la democracia no es un marco para el desarrollo económico equilibrado, sino un obstáculo para una agenda económica impopular. Buena parte de las medidas llevadas adelante desde el Poder Ejecutivo Nacional van en esa dirección.
Concluimos con una advertencia severa y ominosa: la deuda externa acumulada, facilitada por estas políticas gestionadas por los mismos personajes de siempre, y que a todas luces sabemos que finalmente se torna impagable, desatará otra megacrisis (peor que la de 2001 ya que la virulencia de las medidas actuales así lo indica) cuyas proporciones son todavía inimaginables. Esto establece un vínculo causal directo entre la trayectoria económica actual, habilitada por la “distorsión electoral”, y una catástrofe socioeconómica inminente de una escalada sin precedentes.
Este modelo de exclusión social y entrega económica y política nacional solo es factible en términos de estabilidad, con restricciones político-electorales que van transformando la democracia “representativa” en una caricatura de lo que alguna vez supo ser. Esto no es simplemente una crítica, sino una hipótesis: el actual proyecto político-económico inherentemente necesita un Estado crecientemente autoritario para implementar su agenda y demanda para ello un consenso sesgado. La proscripción político-electoral de CFK y el estímulo hacia un “voto sesgado de clase” resultan ser, a la fecha, las estrategias legitimadas desde el bloque de poder económico y político.
La “distorsión electoral” no es, por lo tanto, una disfunción accidental, sino una adaptación estructural deliberada, diseñada para eludir la rendición de cuentas democráticas e imponer una visión económica específica, perjudicial para amplios sectores ciudadanos.
Conclusiones. La consolidación de la “distorsión electoral” . El sistema electoral argentino, de no mediar cambios en sus alineamientos partidarios y en los grados y sesgos de abstención, se dirige hacia la consolidación de un “voto calificado estructural”. Este cambio se presenta como el resultado acumulativo de varios factores interconectados: un incremento acelerado del ausentismo electoral particularmente agudo entre las poblaciones socialmente vulnerables (un sesgo de clase marcado y sostenido empíricamente a lo largo de este texto), un desempeño gubernamental cada vez más censurado por el electorado en diferentes niveles territoriales, sobre todo a partir de 2015, y la proscripción político-electoral de la principal figura de la oposición y dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Estos elementos convergen para producir una democracia que, si bien mantiene la apariencia externa de representación, ha degenerado efectivamente en una “distorsión”, donde la voluntad popular genuina se diluye o se elude sistemáticamente.
La consecuencia inmediata de este sistema distorsionado es un panorama político donde los “ganadores”, que hoy defienden agendas de ultraderecha, pueden ascender (y mantenerse en el poder) con niveles alarmantemente bajos de representatividad, antes del balotaje que los suplementará parcialmente. Esto sugiere un objetivo estratégico deliberado detrás de las distorsiones electorales como el ausentismo y las proscripciones: un grave déficit democrático, donde la voluntad de una minoría puede dictar la política nacional. Y esto a su vez conlleva un peligro, y es que la existencia de un patrón histórico discernible en el que el desenganche y la distorsión electoral resultan significativos es una señal que precede a las principales crisis nacionales. El comportamiento electoral pasado (específicamente en el año 2001) es una guía para comprender el sentido de la actual crisis de representación (en el citado texto de Manin, el autor prefiere hablar de “metamorfosis” y no de crisis de representación, al destacar que se trata de una representación de distinto tipo. En este cuadernillo, la crisis de representación aludida se define a partir de una verdadera transformación de la representación en la que los sesgos y la proscripción son decisivos para revalidar el esquema político imperante).
Las dislocaciones político-electorales actuales no son meramente síntomas de una crisis existente, sino más bien indicadores o precursores potentes de un colapso económico y social más profundo. La “distorsión electoral” actúa, así, como una alarma anticipatoria, señalando una inestabilidad sistémica más amplia, que podría reflejar o incluso superar la experiencia crítica del año 2001.
La advertencia final y más grave de este trabajo es que el modelo socioeconómico actual, que es habilitado por la dislocación electoral largamente analizada, es inherentemente insostenible. Esto predice que, de no mediar ajustes reales a este escenario por demás desalentador, este camino conducirá a una deuda que, todos sabemos, finalmente será impagable y desatará otra megacrisis cuyas proporciones son todavía inimaginables. Un modelo económico que, por su propia naturaleza, requiere restricciones democráticas conduce inevitablemente a distorsiones electorales.
Estas distorsiones, a su vez, permiten la implementación de políticas (como la acumulación de deuda insostenible y la extracción de recursos naturales) que están connaturalmente destinadas a causar otra megacrisis. Se crea un bucle pernicioso en el que la democracia es continuamente socavada o vaciada, para mantener una agenda socioeconómica en última instancia insostenible, lo que lleva a un estado persistente de “distorsión electoral” que cuestiona los fundamentos del propio sistema democrático.
*Director de Consultora Equis.
** Doctor en Ciencias Políticas.
