Según la Real Academia, una farsa puede ser cualquier situación o acción que se presenta como seria pero que es, en realidad, una burla o un engaño. En este sentido, se usa para describir algo que se ha vuelto ridículo o falso.
El presente análisis se adentra en el complejo panorama electoral argentino actual, con ausentismo en alza en todo el país y proscripción de la principal figura opositora, centrándose específicamente en la provincia de Buenos Aires, un distrito de crucial importancia estratégica. En ese marco, el actual bloque en el poder no podía dejar que Cristina Fernández de Kirchner (de aquí en más CFK) fuera candidata y que, con mucha probabilidad, preservara electoralmente la provincia de Buenos Aires para el peronismo: el “partido judicial”, apelando a una sentencia, a decir de la mayoría de los constitucionalistas más prestigiosos, con escaso sustento jurídico, proscribió a la principal dirigente opositora del país. Vivimos a partir de entonces una distorsión electoral y democrática.
Esta distorsión está intrínsecamente ligada a la consolidación de un “voto calificado estructural”, que parece servir crecientemente a los intereses del actual bloque en el poder, alineado con una agenda política y económica neoliberal de ultraderecha.
A partir de este momento, una mera crítica a los resultados electorales que no incorpore al análisis la proscripción de CFK, y no dé cuenta del cuestionamiento profundo que sobre la integridad y la autenticidad de la representatividad del proceso democrático mismo supone, es en nuestro concepto un error histórico severo.
El objetivo central de este cuadernillo es dar cuenta de: 1) la importancia central de la elección de septiembre (y octubre) en la provincia de Buenos Aires para el dispositivo del peronismo a escala nacional; 2) unido al punto anterior, desentrañar cómo impacta la jugada de la Justicia de proscribir a CFK y dejar a la oposición sin su principal figura, y 3) destacar que esta proscripción se combina con una crisis de representación (expresada en una tasa de ausentismo electoral cada vez mayor) que puede convertirse en letal para la democracia argentina.
El escenario electoral: la importancia de la “tercera”. La decisión estratégica de CFK de participar en las elecciones provinciales en la tercera sección bonaerense (ver mapa) subrayaba la relevancia de esta región, que alberga aproximadamente 6,5 millones de habitantes, lo que representa más de un tercio de los 17,5 millones de habitantes de la provincia de Buenos Aires. La lucha por esta sección del Conurbano se convertía así en una batalla por el poder político en la provincia más poblada del país.
En términos electorales, la “tercera” cuenta con 4.846.000 electores habilitados para votar en 13.546 mesas. Por otra parte, esta sección aporta al peronismo bonaerense el 50% de sus votos totales. La magnitud de esta base electoral es central para la sustentabilidad de cualquier proyecto político que tenga pretensión de incidir en la dinámica política nacional. Asimismo, esta cifra es fundamental, ya que posiciona a la región no solo como un distrito vasto, sino como un pilar esencial para la estabilidad y legitimidad del gobierno provincial. Cualquier variación significativa en sus dinámicas electorales podría, por lo tanto, repercutir en el entramado político a nivel provincial y, por extensión, al nacional.
Con sus conglomerados en La Matanza y Lomas de Zamora, sumados a un sur potente que se extiende desde Avellaneda hasta Florencio Varela, esta sección electoral de identidad histórica peronista emerge como un espacio geográfico electoral trascendental para cualquier elección provincial que tenga como centro la lucha por la hegemonía política.
La participación hoy negada a Cristina Kirchner fue concebida por la líder del peronismo como un desafío de proporciones “tan grandes como intransferibles”, y con el objetivo explícito de “volver a representar” a su base electoral. Aquel electorado “propio”, que se percibía desanimado tras la debacle distributiva del gobierno del Frente de Todos, que hizo que 4,1 millones de electores, que habían optado por el FdT como herramienta electoral para castigar al macrismo en la elección presidencial de 2019, se ausentaran de la votación de medio mandato del año 2021, encontraba en la figura de CFK una alternativa real a la desesperante situación económico-social.
Este contexto político electoral, entonces, caracterizado por la fuerte apuesta del bloque de poder económico a la consolidación del proyecto político de la extrema derecha en el país, requería ser enfrentado por una oposición de un tamaño político-electoral similar a los desafíos que implicaba (e implica) esta disputa en términos regionales y nacionales. La envergadura de la pelea y los “títulos” que se jugaban en la elección bonaerense determinaban la necesidad de una figura de gran volumen político y unificadora del espacio opositor peronista, para movilizar a un electorado desilusionado.
En este contexto, nuestra tesis central es que con la proscripción de CFK el sistema de representación electoral argentino contemporáneo ha degenerado en una “distorsión electoral”, que puede dar lugar, en el corto plazo, a una “farsa democrática”.
Las proscripciones. Las proscripciones suelen ser comunes en América Latina, y durante los últimos años las sufrieron Luiz Inácio “Lula” da Silva (hasta la salida de prisión), Rafael Correa y Evo Morales, entre otros. Esta estrategia ha sido la forma que encontraron las derechas económicas y políticas de la región para desplazar candidaturas que se presentan difíciles de vencer por el ejercicio electoral. Aunque en menor medida, Argentina también tuvo sus nombres propios y la figura emblemática de Juan Domingo Perón emerge cuando se recuerdan las históricas proscripciones políticas, Durante 18 años la Justicia (en sus diferentes formas) intervino para impedir que el líder del peronismo se presentara a elecciones competitivas.
Sin embargo, y a pesar de que muchos expresidentes fueron investigados, imputados y/o condenados, nunca se les impidió participar en las elecciones, ya que no pesaba en las sanciones la inhabilitación electoral total sellada por la Corte Suprema, última instancia de apelación en la Justicia argentina.
Los antecedentes en la materia que pesaban sobre Perón, y su tercera esposa, Isabel Martínez, fueron dictados por dictaduras que sucedieron a los gobiernos encabezados por ellos y omitían la inhabilitación total. En el caso de Menem existió una inhabilitación de por vida que más tarde fue rectificada por instancias judiciales superiores.
El ausentismo electoral: un nuevo fenómeno con sesgo de clase. Las seis elecciones desarrolladas durante este año, que representan el 25% del padrón nacional de electores, han revelado un fenómeno electoral novedoso por su espontaneidad, extensión e intensidad: un ausentismo generalizado.
Esta tendencia sugiere un “desenganche” profundo y expandido a nivel nacional del proceso de votación, que crece a medida que desciende el nivel socioeconómico de la población, distinto de los patrones anteriores de desacople que se han desplegado a lo largo de nuestra historia electoral, que hoy se expresa mediante el ausentismo creciente.
La precuela del ausentismo electoral como modalidad de rechazo ciudadano debe ubicarse en las elecciones legislativas del año 2021, donde 4,1 millones de electores del FpV en el año 2019 se ausentaron de los comicios legislativos.
Desde allí que, en este contexto de desconexión, la proyección de participación electoral para el año 2025 en la tercera sección electoral de la PBA se revele crítica, notablemente baja, y estimada, siguiendo el promedio nacional verificado, en no más del 55% del padrón de electores habilitados para votar. Esta alarmante proyección implica que casi la mitad de los votantes habilitados se abstendrían, lo que indica una profunda crisis de participación electoral, que daría continuidad a lo observado en las elecciones distritales ya realizadas.
Llegados a este punto, el paralelismo histórico inmediato se encuentra en las elecciones legislativas del año 2001. Un contexto socioeconómico neoliberal, con baja del consumo, aumento de la pobreza y la indigencia, señales de deflación, una desocupación en aumento, una clase media empobrecida a grados miserables, un enojo indisimulable con el sistema político en general y una importante disconformidad con el devenir del gobierno asocian la experiencia con la administración Milei.
En ese marco, un componente analítico cuali-cuantitativo crucial es la comparación directa entre los niveles de ausentismo proyectados para el año 2025 y el “voto rechazo”, combinado con los votos en blanco y nulos observados durante las elecciones intermedias de octubre de 2001, previos a la primera crisis de salida del neoliberalismo en democracia.
Insistimos: este paralelismo histórico es sumamente significativo, dado que las elecciones de octubre del año 2001 ocurrieron apenas dos meses antes de la megacrisis socioeconómica e institucional de diciembre de ese año en Argentina. No estamos sugiriendo que la historia se repita del mismo modo y con similares formas, pero el contexto que precede a la crisis es sumamente similar en muchos aspectos.
Si repasamos los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires y en la estratégica tercera sección, observamos que, en el orden provincial, en octubre de 2001 el Partido Justicialista obtuvo 805.107 votos, lo que representó el 41,42% del total. Sin embargo, el segundo lugar fue para los votos anulados, 12,21% que superaron tanto a los blancos (9,63%) como a los obtenidos por la Alianza (11,51%). Cabe acotar que, a nivel nacional, las proporciones se mantuvieron con ligeras diferencias.
Este “voto bronca” del año 2001 es una guía para imaginar la extensión de la crisis de representación que se está desarrollando actualmente en este año 2025 en el país. Esta recurrencia de patrones de descontento electoral sugiere que el alto ausentismo actual no es simplemente una manifestación de apatía, sino una forma más profunda de rechazo comunitario activo o pasivo.
La evidencia empírica revela que los votos anulados ocuparon el segundo lugar en las elecciones legislativas del año 2001. En la actualidad el castigo al sistema político no parece nadar por los mismos andariveles políticos que hace 24 años, pero sí indica la existencia de una fuerte objeción a las opciones políticas disponibles, lo que sugiere un sentimiento similar, aunque quizá menos explícito. En la actualidad, la ciudadanía ni siquiera concurre a votar, el rol activo que implicaba acercarse a la escuela para hacer explícita la “bronca” hoy devino en pasividad, ya que la sociedad ni siquiera se molesta en desplazarse a los centros de votación.
Asimismo, en el contexto actual, hay una diferencia que vale la pena marcar, ya que distingue la experiencia de 2001 de la que se viene desarrollando en las elecciones provinciales a la fecha: el sesgo de clase.
El análisis muestra que el ausentismo observado en el año 2025 no se distribuye de manera homogénea en todo el electorado. Por el contrario, es particularmente intenso en la base de la pirámide de estratificación social. Los datos están revelando que los sectores sociales más desprotegidos son los que con mayor fuerza expresan esta táctica electoral. Si una parte sustancial del electorado, en particular los más vulnerables, está rechazando el sistema pasivamente a través de la no participación, esto apunta a una crisis fundamental de legitimidad para todo el marco democrático –insistimos: esto podría ser un precursor de una inestabilidad social más amplia, similar a las condiciones que precedieron a la crisis del año 2001, pero manifestándose a través del desenganche electoral en lugar de protestas abiertas como votar en blanco o anular el voto vía sobres con fetas de salame y la introducción en su interior de figuras de historieta, como hace casi un cuarto de siglo–.
Esto indica un claro sesgo socioeconómico en la no participación. Hay una relación directa: a mayor vulnerabilidad social, más ausentismo electoral. Esta heterogeneidad señala a los segmentos de la población socioeconómicamente más desfavorecidos como aquellos más desconectados, o que rechazan pasivamente el proceso electoral.
Esta distribución desigual del ausentismo se destaca como particularmente perjudicial, en este caso que analizamos, al peronismo bonaerense, debido a la base de apoyo histórico y tradicional del movimiento peronista que, aunque menguante, sigue sustentada en los sectores sociales vulnerables. Esta circunstancia advierte que el desenganche no es aleatorio, sino que está profundamente arraigado en las condiciones materiales de existencia.
Esto implica que aquellos más afectados por las dificultades económicas, la desigualdad social y la falta de oportunidades son quienes se sienten menos representados o empoderados por el proceso electoral. Su no participación es una consecuencia directa de su realidad socioeconómica degradada, lo que indica una desconexión percibida entre la participación democrática, en particular la electoral, y cualquier mejora tangible en la vida cotidiana.
Si los segmentos más vulnerables de la sociedad son sistemáticamente excluidos (o autoexcluidos debido a la desilusión) del proceso de votación, el sistema democrático pierde su carácter representativo. Esto evidencia que la agenda política y los resultados de las políticas económicas son cada vez más propensos a ser moldeados por las preocupaciones e intereses de los estratos socioeconómicos más altos, marginando aún más las necesidades de los más vulnerables.
Este conjunto de elementos analizados (proscripción-ausentismo-sesgo de clase) crea un círculo vicioso peligroso, exacerbando las desigualdades existentes y potencialmente conduciendo a un bucle de desenganche y falta de representación, socavando los mismos cimientos de una sociedad democrática.
La segunda parte de este artículo se publicará mañana.
