Ni en paz ni en libertad, como quiso hacer creer Boris Johnson el 14 de junio, ese día tan caro para los argentinos: a 40 años del fin del conflicto armado de 1982, la realidad de las islas Malvinas es otra, por más que el primer ministro británico insista en que “han vivido y prosperado en paz y libertad” solo desde entonces.
La verdad es otra. Las poblaciones de las islas y del territorio continental argentino siempre tuvieron un relacionamiento pacífico, fruto de la buena fe de los distintos gobiernos argentinos más allá de la constante búsqueda de la solución pacífica de la disputa de soberanía (ofrecieron al menos tres veces el arbitraje internacional).
Si los isleños tuvieron un momento de prosperidad para destacar fue justamente gracias a los esfuerzos del gobierno argentino, que por distintos medios siempre se preocupó por sus intereses, como indican las resoluciones de la Asamblea General de la ONU al respecto.
Y quedó demostrado de sobra. Durante los momentos más críticos de la pandemia fue Buenos Aires quien se preocupó por ayudar a la población isleña de diversas maneras frente a la indiferencia de Londres. La última, la solicitud de la reanudación del vuelo regular Punta Arenas-Río Gallegos-Malvinas, fue confirmada en los últimos días gracias a la buena voluntad del gobierno argentino.
Por otra parte, después de 1982, lejos de lo que declama Johnson, Londres ha encarado una política militarista injustificada en el Atlántico sur, hasta volverlo uno de los territorios más militarizados del planeta. Esa situación no preocupa solo a la Argentina sino también a los países de la región, por tratarse de acciones violatorias de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (resolución 41/11 de la Asamblea General de la ONU).
Johnson justificó el envío de la flota británica en 1982 con la defensa de un pretendido derecho de libre determinación de los habitantes de las islas. Otra gran falacia del relato británico.
El de libre determinación es uno de los principios fundamentales del derecho internacional que permitió a numerosos pueblos sojuzgados lograr su independencia luego de la segunda mitad del siglo XX. Antes de 1970, el Reino Unido lo negó ante la Corte de La Haya y solo reconoció su importancia cuando el proceso de independencia de sus antiguas colonias había prácticamente llegado a su fin y con el fin de justificar su posición en los casos de Malvinas y Gibraltar. La Argentina, en cambio, lo ha sostenido siempre.
En la cuestión Malvinas, el principio de libre determinación de los pueblos es manipulado e impropiamente invocado por el gobierno británico una y otra vez con un doble propósito: mantener su presencia en la región del Atlántico sur y evitar solucionar la controversia de soberanía abierta con la Argentina desde 1833.
Hagan sus apuestas, los eventuales sucesores de Boris Johnson
Este 23 de junio el Comité de Descolonización de la ONU (C-24) emitió la 50ª resolución –entre el C-24 y la Asamblea General– sobre la Cuestión Malvinas. En ninguna de ellas se ha reconocido la existencia de un pueblo separado en el territorio y han seguido otro camino en cuanto a la manera de proceder a la descolonización de las islas Malvinas: la negociación entre la Argentina y el Reino Unido para la solución de la controversia de soberanía, teniendo en cuenta los intereses de la población de las islas.
Cuando el Reino Unido intentó incorporar una expresa mención al derecho de libre determinación, la Asamblea General lo rechazó de plano. La razón es simple: a diferencia de los casos comunes de colonialismo, en el caso Malvinas se trata del desplazamiento de un joven Estado independiente de una parte de su territorio por la máxima potencia colonial de la época. En Malvinas, la víctima del accionar colonial británico es el pueblo argentino, privado de determinar libremente parte de su territorio.
Controversia pendiente. En la publicación se sostiene erróneamente que el conflicto armado “reafirmó el dominio que el Reino Unido tiene en las islas Malvinas desde 1833”. En primer lugar, Londres no obtuvo la soberanía sobre las islas en 1833 (ni antes, ni después). El uso británico de la fuerza del 3 de enero de 1833 fue contrario al derecho internacional de la época: no había estado de guerra entre las partes, sino relaciones de paz y amistad concretadas en un tratado por lo que el respeto de la integridad territorial de la Argentina se imponía en esas circunstancias. Asimismo, desde el primer momento de la usurpación británica la Argentina protestó y nunca consintió la usurpación del Reino Unido.
Y el desenlace militar de 1982 no puso fin a la controversia. El derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza para dirimir las controversias, aun cuando se tenga razón. Por eso, varios Estados que apoyaban a la Argentina en su reivindicación de soberanía votaron a favor o se abstuvieron en la Resolución 502 del Consejo de Seguridad que ordenaba el retiro de tropas argentinas.
Aun más, a cuatro meses del cese de hostilidades, la Asamblea General adoptó la Resolución 37/9 –este 4 noviembre cumplirá su 40º aniversario– en la que reiteró que la situación colonial requería la solución pacífica de la controversia de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido teniendo en cuenta los intereses de los habitantes.
Hace cuarenta años que la Argentina solicita reanudar las negociaciones sobre soberanía. Los sucesivos gobiernos han adoptado a veces posiciones más duras o conciliadoras. La actual administración de Alberto Fernández volvió a colocar a Malvinas al tope de la agenda de la política exterior y avanzó en acciones sin precedentes como la creación del Consejo Nacional de Malvinas.
Del lado británico la respuesta negativa es siempre la misma. No sorprende. Sí lo hacen ciertas voces que, con un falso patrioterismo, declaman acciones incoherentes y voluntaristas con el único objetivo de no avanzar en alternativas reales para obtener un resultado diferente que lleve a la solución de la disputa.
Para recuperar el ejercicio efectivo de soberanía hay elementos que dependen de los argentinos
Para alcanzar la recuperación del ejercicio efectivo de soberanía hay elementos que dependen de los argentinos, y en ellos tenemos que trabajar apelando a todas las herramientas que las relaciones internacionales y el derecho internacional nos ofrece. Pero también debemos aprovechar las oportunidades externas que se nos presentan: hoy, la reputación del Reino Unido es la de un Estado que viola sistemáticamente el derecho internacional e incumple sus obligaciones internacionales.
Si el Reino Unido mantiene su posición intransigente y continúa incumpliendo su obligación de poner fin al colonialismo y de solucionar las disputas por medios pacíficos, debemos ponerlos en evidencia ante toda la comunidad internacional. La misma que, en el caso de Chagos (parte integral de la Republica de Mauricio), demostró no tolerar más la prepotencia imperial de mantener situaciones coloniales en pleno siglo XXI.
En homenaje a quienes ofrendaron sus vidas en defensa de nuestra soberanía y a quienes llevan sobre sus cuerpos y sus mentes los efectos del mayor sacrificio que una persona puede hacer por su Patria, debemos promover aquellas acciones que nos permitan encauzar genuinamente la cuestión por vías pacíficas que permitan su solución.
*Abogado en derecho internacional, magíster en relaciones internacionales, docente universitario.
