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ELOBSERVADOR / memorando con iran
viernes 22 junio, 2018

No señora, es un error

Antes de su votación en el Congreso, Dante Caputo advertía del riesgo de convertir en ley el acuerdo con Teherán, que pasó a ser una obligación de la Nación, y no del gobierno de turno.

por Dante Caputo

En el muro. Posando junto a un fragmento del emblema de la guerra fría en la redacción de PERFIL. Foto: Abbate

El memorando de entendimiento con Irán sigue en el centro de la discusión política. Luego de algunos cambios de posición, tanto DAIA como AMIA expresaron su oposición al texto acordado, pidiendo que se ampliaran y aclararan algunas de sus partes. Una reciente encuesta hecha entre los miembros de la comunidad judía –la séptima más importante del mundo– muestra un fuerte rechazo a la creación de la comisión de la verdad con Irán. Curiosamente, los representantes de los partidos políticos estuvieron, casi todos, durante esta semana, en el silencio. Con la excepción de algunas personalidades de la oposición como la diputada del GEN Margarita Stolbizer o la señora Elisa Carrió, entre otros pocos, el resto no pareció enterarse del tema. Quizá la triste táctica de hacer silencio para no pagar costos electorales fue la que se impuso a la obligación de opinar. También pudo haber sido por desconocimiento o por las múltiples tareas que exige la preparación de la campaña electoral. Este no fue el caso de la Presidenta, quien presentó extensamente sus argumentos y anunció el envío al Congreso del texto firmado en Etiopía para su aprobación.

De esta forma, se transformará en ley el acuerdo con Irán. Así se cambiará la naturaleza del compromiso asumido por el Gobierno: dejará de ser una obligación del actual Poder Ejecutivo para pasar a ser una obligación de la nación argentina. Volver atrás será difícil e internacionalmente costoso. En cambio, Irán, hasta hace poco el malo de la película, podrá mostrar su acatamiento a la palabra dada y a sus obligaciones internacionales. Sería un lamentable final para una dolorosa historia.

Ninguna de las sugerencias o pedidos que se trasmitieron al ministro Timerman fueron recogidos. Tal como sucede con los tratados, no se tocó ni una coma. Creo que hay pocas posibilidades de que el proyecto de ley sea rechazado. Por un lado, el oficialismo cuenta con el número de legisladores necesario para la aprobación, y, por otro, el silencio de la oposición no parece complicar el objetivo del Gobierno. Esta evolución dibuja un panorama preocupante sobre el estado del sistema institucional de la Argentina. El Gobierno ignora el reclamo de los principales interesados y la oposición no los representa.

Habría sido natural, en una democracia sana, que un asunto controvertido como éste fuera materia de discusión y esclarecimiento. Tenemos los mecanismos para hacerlo como la interpelación a los ministros. Habría sido un excelente síntoma de la salud republicana que el señor Timerman compareciera en el recinto de la Cámara de Diputados y del Senado para aclarar, responder, en fin, debatir, ante la audiencia de todos los argentinos. Más aún, habría sido mucho mejor que su presentación se debiera a su propia iniciativa y no a una citación del legislativo. Si Héctor Timerman está convencido que su política es la adecuada, ¿qué razón hay para no defenderla? Incluso si la defendiera con éxito, no debería menospreciar el rédito político que le daría su decisión de explicar y debatir públicamente.

Debo decirle, lector, que imaginé que podríamos ver en estos días dos hechos políticos. Una oposición reunida en torno a una cuestión que no negaría ninguna de las naturales diferencias de los grupos que la componen, explicando a la sociedad de qué se trata. Esa oposición se habría expresado diciendo “vamos paso a paso; primero conozcamos bien qué implica este acuerdo, discutámoslo. Nos negamos a aprobar un acuerdo que no precisa ser ley”. Esa misma oposición, sin prejuzgar sobre el fondo de la cuestión, habría sido útil para sus representados si hubiese promovido la interpelación del ministro.

No se está discutiendo un tema marginal. Nuestro debate es sobre la agresión de un país extranjero al nuestro, ¿qué otra cosa es, si no, lo que sucedió con Irán, Hezbollah y la AMIA?; sobre la necesidad de asegurar que se haga justicia por el asesinato de 85 personas; sobre la sospecha de que el acuerdo con Irán responda a intereses comerciales; es, en fin, sobre el acto arbitrario de un Poder Ejecutivo que no explica a sus ciudadanos qué hace y por qué lo hace. Además, a medida que pasan los días, hay razón para que nuestras inquietudes aumenten.

En casos como éste es necesario prestar una especial atención a las distintas versiones del texto. El documento en inglés, que es el que se usaría en caso de controversia, puede aclarar algunos temas centrales que en la versión en castellano generan dudas. Por lo tanto, es conveniente que los miembros del Congreso estén seguros de que cuentan con todas las versiones. Votar sin la versión inglesa es una irresponsabilidad.

Otra práctica útil es leer los diarios de Teherán. Allí, quien se interese se podrá enterar de detalles que en la Argentina no se mencionan o, en todo caso, apenas se sugieren. Fíjese en este párrafo de la edición del 4 de febrero del Tehran Times: “El memorando también da la posibilidad de hacer preguntas a la persona acusada en la reunión que tendrá lugar en Teherán […] Algunos comentadores expresaron su preocupación en el sentido de que el Poder Ejecutivo ha excedido sus límites e interferido en cuestiones judiciales […] y pudo haber violado los derechos individuales”.

“Como la reunión tendrá lugar en territorio iraní, la ley de Irán prevalecerá y un juez iraní presidirá la reunión. Pero desde el momento en que las personas no han sido acusadas por un juez iraní, (el presidente) no tendrá permiso para hacerles preguntas. Finalmente, resulta claro que nuestra diplomacia ha sido cuidadosa en la preservación de los derechos individuales durante las negociaciones del memorando de entendimiento”.

“Esta es la razón por la cual el texto dice ‘nada en este acuerdo afectará los derechos de los individuos otorgados por ley’. De acuerdo con la ley iraní y a la constitución iraní, los ciudadanos iraníes sólo pueden ser llamados a comparecer y a ser interrogados por una corte competente iraní sobre la base de una evidencia firme”.

Además de la fina discusión sobre la preservación y respeto por los derechos individuales, que en Irán se asemeja a un relato fantasioso, los argumentos jurídicos y las citas del artículo parecen ciertos. En todo caso, merecerían ser considerados con cuidado antes de que la guillotina caiga sobre la Justicia.

¿Cómo se torna compatible la afirmación de la Presidenta diciendo que ahora se destraba el funcionamiento de la causa con la frase citada: “los ciudadanos iraníes sólo pueden ser llamados a comparecer y a ser interrogados por una corte competente iraní”?

Ayer se conoció la decisión de un grupo de legisladores de realizar un encuentro para expresar su oposición al acuerdo. También se supo que el ministro visitaría la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para informar, no para ser interpelado en el recinto. Sin duda, ésta no es una movilización ni la apertura de un debate, pero son señales que pueden anticipar un cambio de rumbo. Suficiente para volver a soñar un poco.

Mientras tanto, sigue inhallable la versión inglesa del memorándum. Ni en Buenos Aires ni en Washington se puede encontrar. Este es el texto que vale y que dará mayor precisión a una redacción equívoca y ambigua, que da la posibilidad que las partes “aclaren” en el sentido que les conviene.

* Columna publicada el 10 de febrero de 2013.


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