Mauricio Macri fue sobreseído hace pocas semanas de la investigación que lo vinculaba a una presunta evasión impositiva por formar parte de compañías offshore en la causa derivada a partir del escándalo mundial conocido como Panamá Papers. Se trató de la empresa Fleg Trading, radicada en Bahamas, y la panameña Kagemusha. El expresidente figuraba como miembro del directorio en dichas compañías. El directorio era compartido junto con sus hermanos Mariano y Gianfranco y, su padre fallecido, Franco.
La causa que surgió a partir de la megafilgración de los Panamá Papers fue investigada por el juez federal en lo Penal y Económico, Diego Amarante. El magistrado determinó que “las empresas no habían tenido ganancias, ni en el país ni en el exterior, ni los directores cobraron honorarios”. Aunque, los hermanos del ex presidente seguirán siendo investigados por evasión fiscal.
Macri tuvo suerte. Es uno de los más de 70 jefes de Estado o ex jefes de Estado que aparecieron en las listas difundías de los Panamá Papers, donde desde hace tres años se divulgaron a los titulares de empresas offshore. Y a diferencia de otros líderes mundiales, el ex presidente argentino no tuvo problemas judiciales.
El Equipo de Investigación de Perfil Educación repasa en este informe los efectos que generaron las filtraciones del estudio Mossack Fonseca en otros líderes mundiales, menos favorecidos que Macri.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ su sigla en inglés) destacó, que desde la difusión de los Panamá Papers se iniciaron investigaciones en más de 82 países. En 22 Estados se han logrado recuperar más de $ 1.2 mil millones de dólares.
No obstante, la primera consecuencia política importante de la investigación de los Papeles de Panamá del ICIJ fue la renuncia del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson. El ex presidente del Partido Progresista debió dirimir a su cargo por las protestas masivas generadas en su contra, tras conocerse que había sido propietario de una compañía offshore en las Islas Vírgenes Británicas junto a su esposa.
Gunnlaugsson no reveló cuando ingresó al parlamento en 2009 que había sido dueño de la compañía offshore llamada Wintris Inc. Dicha empresa perdió millones de dólares en la crisis financiera de 2008 que afectó a Islandia, y elevó un reclamo por el pago de 4,2 millones de dólares a tres bancos islandeses. Gunnlaugsson estuvo involucrado en lograr un acuerdo para que los bancos pagaran a los demandantes, desde que fue nombrado primer ministro en 2013. Eso significó una violación a las reglas de ética parlamentaria y fue un conflicto de intereses no revelado. Además, vendió su mitad de Wintris a su esposa, Anna Sigurlaug Palsdottir el último día de 2009.
Luego de que se conociera la participación en Wintris, tras los documentos publicados en 2016, Gunnlaugsson dejó su cargo que fue reemplazado por Sigurdur Ingi Johansson, para mantener la coalición gobernante.
Joseph Muscat, es otro primer ministro que dará un paso al costado de sus funciones. El dirigente de Malta anunció que dejará su cargo a mediados de enero debido al escándalo del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia, quien se había encargado de investigar supuestas empresas offshore de Muscat radicadas en Panamá.
Caruana Galizia fue asesinada por un coche bomba frente a su casa en octubre de 2017. La investigación del asesinato de la periodista también salpicó de lleno al gobierno maltés. El jefe de gabinete del primer ministro, Keith Schembri, renunció y la policía lo interrogó sobre las acusaciones que lo señalan como autor intelectual del homicidio.
En la misma línea, el ministro de Turismo, Konrad Mizzi, dejó su cargo y el ministro de Economía, Chris Cardona, suspendió sus funciones a la espera del resultado de la investigación policial, que vincula a ambos ministros dentro del complot, según informó The Times of Malta.
Por otro lado, el ex presidente de El Salvador, Mauricio Funes fue acusado por el fiscal general del país caribeño de haber cobrado sobornos que fueron transferidos a empresas offshore, mientras estaba en funciones.
Al ex mandatario que estuvo en funciones desde 2009 al 2014 se le imputa haber lavado dinero por 3.5 millones de pesos, que recibió junto con colaboradores en el marco de sobornos de una contratista estatal. Funes fundó la offshore 'Latin America Spas', que tenía presencia en El Salvador, Suiza y Panamá. La esposa del expresidente, Mitchell Guzmán, era quien administraba la empresa en El Salvador y con quien se encuentra asilado en Nicaragua desde 2016, cuando estallaron los Panamá Papers, aseguró el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez.
La empresa italiana Astaldi entregó los 3,5 millones de dólares para arribar a un "arreglo directo" terminara con el contrato de construcción de la represa El Chaparral. Astaldi dejó la obra por "imprevistos geológicos". La compañía estaba contratada desde 2008 por casi 220 millones de dólares, según detalló El País.
Además, el Gobierno de Funes acordó con Astaldi el pago directo de 108,5 millones de dólares, que incluía la cancelación de la obra, más un adicional de 45,2 millones de dólares. Sin embargo desde la fiscalía aseguraron que Funes y sus colaboradores lograron desviar un monto de 108,5 millones de dólares.
En la misma línea, los Panamá Papers tuvieron consecuencias en Pakistán donde el ministro de la provincia de Punjab, Aleem Khan renunció a su cargo tras ser arrestado por orden del tribunal de rendición de cuentas del país asiático, según detalló el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. El organismo advirtió que Khan está bajo investigación por múltiples delitos, entre los que se encuentra su presunta participación en una empresa offshore y que acumuló activos más allá de las fuentes de ingresos conocidas dentro de Pakistán y fuera de él.
El ministro de la provincia de Punjab para el desarrollo del gobierno local y la comunidad dejó sus funciones en febrero de este año. Se lo vinculó a distintas empresas offshore como Hexam Investment Overseas Ltd., una compañía con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Entre sus compañías se registraron operaciones relacionadas a los negocios inmobiliarios e inversiones millonarias en rupias. Según el tribunal, los activos adquiridos son de gran valor y están más allá de los ingresos declarados de Khan.
En un comunicado de prensa, el tribunal de rendición de cuentas explicó que el arresto se dio en el marco de una prisión preventiva porque, "es probable que el acusado pueda alterar las pruebas de la acusación a través de la coerción, la incitación criminal y la intimidación criminal". Posteriormente, el Tribunal Superior de Lahore (LHC) le concedió la libertad bajo fianza.
Estados Unidos y la Unión Europea ya pusieron en marcha cambios en sus legislaciones contra el lavado de dinero y la evasión fiscal.
En los documentos secretos del estudio Mossak Foncecca también aparece el nombre del ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi. Según publicó el diario L'Espresso, Il Cavaliere compró derechos de películas a una sociedad radicada en las islas Vírgenes Británicas.
La compañía American Film Company (AFC), con actividad registrada desde 1992 hasta 2008, fue la empresa a la que una compañía del político italiano le compró los derechos de dos películas norteamericanas.
No obstante, Berlusconi ya había sido condenado en 2012 a cuatro años de prisión por evasión de impuestos en la compra de derechos de películas estadounidenses a diversas empresas, dentro del llamado caso Mediaset. Como su edad excedía los 70 años, fue exento del encarcelamiento directo y, en cambio, cumplió su condena haciendo un trabajo social comunitario no remunerado
Cambios en las normativas. Luego del escándalo de los Panamá Papers, diversas administraciones pusieron en marcha proyectos de leyes para dificultar la creación de empresas fantasmas que no tienen actividad comercial real, sino que su finalidad es generar esquemas de evasión de impuestos o lavado de dinero.
En Estados Unidos, por ejemplo, no se exige que las compañías proporcionen detalles de su último propietario. Por ello, la senadora demócrata Carolyn Maloney, impulsó una nueva legislación que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y se encuentra a la espera de ser debatida en el Senado, según informó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
El proyecto de ley requiere revelar los beneficiarios reales de la corporación. Además, solicita presentaciones actualizadas anuales que detallen los beneficiarios actuales y cualquier cambio ocurrido. También propone registrar a los propietarios que ostenten un control sustancial, es decir que tengan 25% de la participación o más.
En la misma línea, los países miembros de la Unión Europea se comprometieron a partir de principios de 2020, a publicar registros de propiedad corporativa, donde se especifique quién controla a las empresas incorporadas en Europa. Esto permitirá conocer a los responsables reales de cada compañía, por medio de una base de datos de acceso público.
Sin embargo, 12 países de la Unión Europea rechazaron las medidas que permiten exponer a aquellas empresas que evaden impuestos. La resolución fue desarrollada para hacer obligatorio que las multinacionales publiquen los impuestos pagan en cada país por medio de informes.
La directiva propuesta, según informó The Guardian, tenía como finalidad transparentar las cuentas de las compañías más grandes del mundo, como “Apple, Facebook y Google, que evitan pagar aproximadamente $ 500 mil millones al año en impuestos al trasladar sus ganancias de países con impuestos más altos como el Reino Unido, Francia y Alemania a jurisdicciones de cero impuestos o de bajos impuestos, incluidas Irlanda, Luxemburgo y Malta”.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación.
