La huelga de hambre realizada por presos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires terminó la semana pasada. Pero el problema de carácter humanitario que representan sus condiciones de detención sigue vigente: según cifras oficiales, a las que accedió el Equipo de Invetigación de Perfil Educación hay 49 mil personas privadas de la libertad en los penales bonaerenses, pero oficialmente existen 23 mil plazas, lo que representa una sobrepoblación de más del 100%, según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La protesta fue impulsada por los internos nucleados en pabellones universitarios y llegó a alcanzar a unos 10 mil detenidos, el 20% del total. Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) –el ente del Estado Provincial encargado de monitorear situaciones de violencia institucional– creen que se plegaron hasta 18 mil personas a la huelga de hambre. Se extendió desde el 5 hasta el 20 de diciembre y tuvo como principales reclamos la morigeración de penas y la mejora de las condiciones de detención. Fue en el marco del cambio de gobierno provincial.
Semanas antes, y para aportar al combo de descontento, la gestión saliente de María Eugenia Vidal tuvo inconvenientes para proveer de comida a las cárceles. Según informaron fuentes oficiales de la gestión anterior al Equipo de Investigación habían dejado de entregar carne y pollo, pero nunca dejaron de llegar los alimentos secos o las verduras. La crisis se generó por dificultades en el pago a los proveedores.
La huelga de hambre se extendió desde el 5 hasta el 20 de diciembre, en el marco del cambio de gobierno provincial
“La comida siempre es mala y es poca. Hace un mes dejaron de proveerla y eso detonó una situación de descontento. La verdad es que se sustenta mucho en base a lo que llevan las familias, pero cuando hay crisis afuera, tienen menos para llevar y se complica”, describió Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la CPM.
El gobernador Axel Kicillof tomó como una urgencia para el comienzo de su mandato la problemática de las cárceles bonaerenses. Dispuso la creación de una “mesa de diálogo interinstitucional” para atender el tema que está presidida por el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak. El grupo ya tuvo su primera reunión la semana pasada, con la presencia de autoridades penitenciarias, de derechos humanos y judiciales, como el presidente de la Corte Suprema, Eduarzo de Lázzari, y el procurador general, Julio Conte Grand.
Desde el gobierno de Kicillof señalaron como parte del problema el aumento de la cantidad de detenidos durante el gobierno de Vidal, con más de 13 mil nuevos internos. “La infraestructura es en muchos casos obsoleta, en otros hay situaciones de riesgo y obviamente que hacen falta más espacios”, informó Alak, que fue ministro de Justicia de la Nación entre 2009 y 2015. Y completó: “El número de detenidos ronda 49 mil dentro de las cárceles, 4 mil en domiciliarias y 4 mil en comisarías. Esto hace un universo de casi 56 mil privados de la libertad, lo cual es una cifra alarmante y excesivamente alta para la infraestructura que heredamos del Servicio Penitenciario provincial”.
Hay 56 mil privados de la libertad en la Provincia: 49 mil en cárceles, 4 mil en comisarías y 4 mil con domiciliarias
En diálogo con el Equipo de Investigación, el ministro de Justicia de la gestión de Vidal, Gustavo Ferrari, reconoció el incremento. “Tuvimos una política criminal muy activa, con muchísimas detenciones, derribos de bunkers, fuimos muy fuerte contra el narcotráfico. Y todo eso repercutió en la situación de las cárceles”, manifestó.
Ferrari apuntó a un déficit “estructural” en la Provincia por la falta de construcción de cárceles. “No ha habido a lo largo de la historia un plan sistemático y mantenido de construcción de cárceles, siempre se privilegiaron otras decisiones”, dijo. E informó que durante los cuatro años de la gestión Vidal se habilitaron unas 1.500 plazas penitenciarias y otras 1.400 quedaron cerca de ser finalizadas para que sean completadas por el nuevo gobierno.
Para la CPM, en tanto, la solución no pasa por la infraestructura, sino por una menor cantidad de detenciones. “La construcción de cárceles no te lleva a ningún lado. Para cubrir la sobrepoblación habría que hacer el doble de los penales que hay. Terminar uno lleva como mínimo tres años. Es una carrera que no podés ganar. Hay que detener menos y apelar a mecanismos como la prisión domiciliaria para los delitos de menor cuantía”, sostuvo Cipriano.
Durante la gestión de Vidal se habilitaron 1.500 plazas penitenciarias y hay 1.400 cerca de terminarse
La CPM le reclama al procurador Conte Grand la derogación de dos resoluciones que, según su óptica, aumentan la sobrepoblación: una fomenta que los fiscales apelen las excarcelaciones y otra hace que los detenidos queden alojados en comisarías hasta que declaren personalmente ante la Justicia. “Y al Gobierno le planteamos que los informes criminológicos que hace el Servicio Penitenciario pasen a la órbita del Poder Judicial. Con esos informes el juez decide si la persona puede pasar a una morigeración de pena, y los que hace el SPB siempre son negativos y restrictivos”, sostuvo Cipriano.
Según las últimas estadísticas disponibles de la gestión Vidal, a los que tuvo acceso el Equipo de Investigación, de los 45 mil presos en penales y alcaidías, el 41% corresponde a delitos contra la propiedad, el 20% a delitos contra las personas, el 15% a la seguridad pública, el 13% a otros delitos y el 11% a atentados contra la integridad sexual. El 44% son personas de entre 18 y 29 años y el 36% de entre 30 y 41 años. El 95,8% son hombres, el 4% mujeres y el 0,2% restante corresponde a población trans. De los 43.683 alojados en unidades y alcaidías penitenciarias, un 49,9% está penado, mientras que el 49,2% está procesado sin condena. También hay 1.249 personas en alcaidías departamentales, entre los que el 82,3 % está procesado sin condena.
Un 49 % de los detenidos está penado, mientras que el 49,2 % está procesado sin condena
Según el informe anual de la CPM, a lo largo de 2019 hubo 12.421 casos de agravamiento de las condiciones de detención que se constituyeron en malos tratos o tortura. También hubo 1.857 hechos de falta de atención de la salud o deficiencias y se produjeron 140 muertes en cárceles, el 72% por problemas de salud no asistidos.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación.
