El presidente Joe Biden se mostró confiado ayer de que los demócratas puedan unirse para respaldar sus ambiciosos planes de reforma, estancados en el Congreso, al que concurrió para impulsar sus proyectos para los que no puso plazo. “Se los digo: lo lograremos”, declaró a periodistas luego de reunirse a puertas cerradas con legisladores de su partido en el Capitolio “No importa cuándo, no importa si es en seis minutos, seis días o seis meses”, añadió.
El presidente, un ex senador con varias décadas en el Congreso, buscó así mostrar un partido unido detrás de sus ideas.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, había prometido una votación esta semana sobre el plan de infraestructuras del mandatario. Pero con sus declaraciones, el presidente dio a los jefes demócratas la oportunidad de comprar un tiempo precioso para lograr los equilibrios necesarios.
Biden prometió “reconstruir mejor” Estados Unidos después de la pandemia y frente al cambio climático. Quiere renovar la infraestructura física y rearmar la red de apoyo social.
El exsenador, cuya popularidad ha disminuido desde la caótica retirada de Afganistán, y que está luchando por despertar el entusiasmo popular por sus reformas, debe tener éxito en varios frentes.
Demócratas divididos. Por un lado, hay fuertes inversiones en carreteras, puentes, redes eléctricas, bastante consensuadas, apoyadas por varios legisladores republicanos y, en principio, por los demócratas. Y por otro lado, hay un gigantesco programa de gasto social (educación, salud, cuidado infantil) y ambiental, del que los conservadores no quieren escuchar y que divide al campo demócrata.
Su monto, aún incierto, se anunció inicialmente en 3,5 billones de dólares.
La relación entre los dos es objeto de negociaciones bastante incomprensibles para el público en general. Los demócratas progresistas se niegan a votar sobre infraestructura sin garantías sobre el gasto social. Su argumento: los demócratas de centro, una vez que se hayan financiado los puentes y las carreteras, podrían posponer por tiempo indeterminado una votación sobre este otro componente.
Para algunos demócratas centristas, entre los que se destacan el senador Joe Manchin y la senadora Kyrsten Sinema, el tema de fondo es el monto (que les gustaría bajar), y el financiamiento (que cuestionan), a través de aumentos de impuestos a los ricos y a las multinacionales.
Pero más allá de estos tira y afloje, el debate gira en torno a la filosofía misma del proyecto Biden, que se supone que hará del Estados Unidos del siglo XXI un modelo de prosperidad y estabilidad frente a China. Para estos demócratas de centro, y para todo el campo republicano, el Estado no debería interferir demasiado, incluso con las mejores intenciones, en la vida privada de los estadounidenses.
“Asistencialismo”. Así, el senador Manchin ha dicho públicamente que se opone al desarrollo de una “mentalidad de asistencialismo” en una sociedad en la que afrontar los gastos de educación, salud o una pérdida de ingresos proviene históricamente de la resiliencia individual e incluso de la caridad. Para los legisladores más izquierdistas, encabezados por el senador Bernie Sanders, por el contrario, existe una necesidad urgente de corregir enormes desigualdades.
Y en el medio, está Biden que intenta la síntesis, repitiendo sin cesar “soy un capitalista”, pero señalando también que es necesario apoyar a la clase media trabajadora.
Los demócratas controlan la Cámara de Representantes, pero su mayoría en el Senado es tan estrecha que cualquier deserción tiene un costo muy alto. Y además, podrían perder esa mayoría en poco más de un año, en las elecciones de mitad de período.
Para complicar aún más las cosas, los republicanos, frotándose las manos ante esta guerra interna, quieren que los demócratas se las arreglen solos, nuevamente a costa de tortuosas negociaciones parlamentarias, para votar un aumento del “tope de la deuda” antes de la fecha límite del 18 de octubre.
Esta maniobra, considerada por mucho tiempo técnica pero ahora prisionera de las divisiones partidistas, es necesaria para evitar un default de Estados Unidos, con consecuencias imprevisible.
