Un año y tres meses después de la declaración unilateral de independencia de Cataluña, sus principales líderes se sentaron este martes en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo español, donde se los acusa de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos.
La primera jornada del histórico juicio desnudó las íntimas conexiones entre la causa judicial y la política nacional. Los alegatos de los abogados defensores de los doce consejeros catalanes acusados, entre ellos el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, pusieron en tela de juicio el proceso y denunciaron una supuesta persecución contra el independentismo, mientras que la acusación particular del partido de extrema derecha Vox sostenía que integraban una organización criminal, en busca de una tajada electoral en las próximas elecciones generales –sin fecha aún- y en las autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo. El gobierno de Pedro Sánchez, en tanto, naufragaba en el Congreso con los Presupuestos Generales del Estado, donde los partidos independentistas le retiraron el apoyo, luego que el Ejecutivo se negara a convocar un referéndum de autodeterminación.
En una conferencia de prensa en la que participó PERFIL, el embajador de España en Argentina, Javier Sandomingo Núñez, afirmó que no se trata de un “juicio contra el indepentismo”. “Si lo fuera habrían más encausados. En Cataluña hay más o menos dos millones de independentistas, pero encausadas hay 25 personas. No es tampoco un juicio al modelo de encaje de Cataluña en la organización territorial del Estado, ni mucho menos es un juicio a la democracia española o al sistema judicial español”, aseguró. “Lo que está sometido a juicio es haber ignorado la Constitución española, haberla derogado en territorio catalán, haber derogado el Estatuto de Autonomía y haber desobedecido insistentemente las advertencias del Tribunal Constitucional. Todo el mundo entiende perfectamente que en el siglo XXI no se puede destruir y trozear un Estado al margen de la ley”, agregó.
—El abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, dijo que se trata de “una causa general” contra el independentismo, con toda la simbología que tiene esa expresión vinculada al franquismo. ¿Qué opina de su definición?
—Creo que es una exageración grosera. Esto lo dice un señor que seguramente es independentista, que no sólo está libre sino que está hablando en un tribunal. Si fuera una causa general contra el independentismo, lo primero que harían sería sentarlo a él en el banquillo. Allí estaba todo el gobierno catalán, independentistas también. El presidente del Tribunal Supremo salió a cumplimentar al presidente de la Generalitat, como corresponde, porque es lo que establece la ley cuando una autoridad de su nivel visita el Tribunal Supremo. Quim Torra es el representate del Estado español en Cataluña, en función de eso tiene alguna autoridad. Esta se la confiere la Constitución que él quiere ignorar y el Estatuto de Autonomía que en su momento ya derogó.
—El ex president Carles Puigdemont escribió un artículo de opinión en The Guardian, donde califica al juicio como un “alarmante acto de represión estatal” y hace hincapié en la violencia, recordando la represión policial del 1° de octubre. El tema de la violencia es esencial porque para probar el delito de rebelión, según el Código Penal español, tienen que probar que hubo violencia. ¿Qué opinión tiene con respecto a ese cargo en particular y cómo hará la justicia española para juzgar a Puigdemont?
—Puigdemont será difícil de juzgar porque se ha escapado, está más allá del alcance de la justicia española. Lo que ha escrito en The Guardian es su opinión, él cree que no ha habido violencia, faltará más teniendo en cuenta que él fue uno de los promotores. Pero yo creo que toca a los jueces decidir si hubo o no violencia. Nosotros vimos en aquel momento escenas de acoso a funcionarios judiciales que en el ejercicio de sus cargos visitaban dependencias para buscar pruebas, y todos vimos el acoso del que fueron objeto. También vimos lo que ocurrió con propiedades del Estado, como coches de policía de los que incluso se robaron armas. Si esa violencia es suficiente o no para configurar el delito de rebelión, eso le toca a los jueces. Afortunadamente no le toca al señor Puigdemont.
—¿No hay un mecanismo judicial para apresarlo?
—En Europa existe la euroorden, que es un mecanismo de cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión. Hay una serie de delitos que recoge la euroorden que lleva aparejada la entrega inmediata sin más consideración. Para cualquier otro delito, es necesario que un tribunal del Estado requerido valore si la figura por la que se lo reclama se corresponde o no con una figura existente en su ordenamiento jurídico. El tema de la rebelión es una cuestión relativamente polémica y disputada, en muchos Estados europeos existe pero con otros nombres y tipificaciones. Probablemente lo que no quiso el juez español es que, porque no hubiese una equiparación clara entre el delito de rebelión español y el de alta traición que configura el Código Penal alemán, se entregase a Puigdemont por saltarse un stop o por un delito de malversación, lo cual evitaría que se juzgase en España por los delitos que él ha cometido, a juicio de la fiscalía y del juez instructor del proceso.
