La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este viernes que revisará la constitucionalidad del decreto con el que el presidente Donald Trump intentó poner fin a la ciudadanía por nacimiento, una doctrina establecida desde fines del siglo XIX y considerada un pilar del derecho migratorio estadounidense. La decisión abre la puerta a un análisis inédito sobre el alcance de la 14ª Enmienda y el significado contemporáneo de nacer en territorio estadounidense.
El caso deriva de la orden ejecutiva que Trump firmó el 20 de enero, en su primer día de regreso a la Casa Blanca. El decreto establecía que los hijos de inmigrantes indocumentados y de ciertos residentes temporales dejarían de recibir automáticamente la ciudadanía estadounidense. La medida nunca entró en vigor: tribunales en Washington, Maryland, Massachusetts y New Hampshire la bloquearon de inmediato, y uno de ellos llegó a calificarla como “descaradamente inconstitucional”.
La administración Trump apeló y obtuvo, en junio, un triunfo parcial. En una decisión 6-3, el máximo tribunal limitó el alcance de los llamados “interdictos universales”, cuestionando la práctica de que jueces de distrito frenen políticas federales en todo el país. Sin embargo, ese fallo no abordó el fondo del asunto: si el decreto es o no compatible con la Constitución.
Reactivada la disputa, la Corte aceptó ahora examinar esa cuestión de fondo. Los magistrados escucharán argumentos en los próximos meses y se espera un fallo hacia finales de junio.
El debate gira en torno a la interpretación de la cláusula de ciudadanía de la 14ª Enmienda, adoptada tras la Guerra Civil, que establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del Estado donde residan”. Desde 1898, con el fallo United States v. Wong Kim Ark, esa disposición se ha entendido como una garantía de ciudadanía para todos los nacidos en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Los tribunales inferiores han coincidido en frenar la implementación del decreto, pero reactivada la disputa, la Corte ahora va a examinar el fondo de la cuestión.
El equipo legal de Trump sostiene que esa lectura es incorrecta. En su presentación ante la Corte, el procurador general D. John Sauer afirmó que la cláusula fue diseñada para asegurar derechos a los “nuevos esclavos liberados y sus hijos, no a los hijos de visitantes temporales o extranjeros ilegales”. Según Sauer, la interpretación vigente se volvió “invasiva, con consecuencias destructivas”, y el decreto presidencial se limitaría a “restaurar el significado original” de la enmienda.
Trump ha cuestionado públicamente la ciudadanía por nacimiento durante años. Tras su victoria electoral de 2024, declaró: “La vamos a terminar porque es ridícula”, reiterando que modificar esa práctica es una prioridad de su agenda migratoria.
Organizaciones civiles y especialistas constitucionales rechazan esa postura. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que presentó una nueva demanda colectiva horas después del fallo de junio, sostuvo que para miles de familias “la ciudadanía por nacimiento representa la promesa de que sus hijos pueden alcanzar su máximo potencial como estadounidenses” y advirtió que la política podría dejar “efectivamente apátridas” a los niños nacidos de padres que se encuentran ilegalmente en el país.
En un comunicado, Cecilia Wang, directora legal nacional de la ACLU, subrayó: “Durante más de 150 años, ha sido la ley y nuestra tradición nacional que toda persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana desde su nacimiento”. La organización acusó además al Gobierno de basar su defensa en “una mezcolanza de declaraciones históricas incorrectas, citas inapropiadas, doctrinas recién inventadas y preferencias de política”.
Los tribunales inferiores —tanto con jueces conservadores como progresistas— han coincidido en frenar la implementación del decreto. Un juez federal de Seattle sostuvo que la orden violaba la jurisprudencia de Wong Kim Ark; otro, en New Hampshire, autorizó una demanda colectiva que protege a todos los bebés que podrían verse afectados por la política.
El caso se suma a un período especialmente cargado para la Corte, que este término revisa otras medidas significativas del Ejecutivo, desde aranceles de emergencia hasta disputas sobre la autoridad presidencial para remover a funcionarios de agencias independientes. La decisión sobre la ciudadanía por nacimiento podría convertirse en una de las más trascendentes del período.
Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown aseguró que la incógnita ya no es si la Corte revertirá la medida, sino “sobre cuál de los múltiples fundamentos posibles lo hará”.
