En diálogo con Canal E, Lucas Luchilo, profesor de Historia Latinoamericana en Ciencias Políticas, analizó el nuevo fallo judicial que frena momentáneamente una de las medidas migratorias más polémicas del presidente Donald Trump.
Una disputa que comenzó el primer día de mandato
“Este es un momento más en un proceso que se inicia el primer día que asume Trump”, explicó el entrevistado, al referirse a las primeras órdenes ejecutivas firmadas por el entonces presidente en 2017. Entre ellas, se incluía una medida que restringía el derecho automático a la ciudadanía estadounidense por nacimiento, contradiciendo directamente la Enmienda 14 de la Constitución.
“Trump dispuso que solo podrán adquirir ciudadanía automática los hijos de padres que sean residentes permanentes o ciudadanos naturalizados”, remarcó Luchilo, subrayando que esta decisión excluye a hijos de inmigrantes indocumentados o con residencia temporal.
El conflicto legal se desató de inmediato, cuando abogados de inmigración presentaron recursos judiciales. Aunque en un principio varias cortes lograron bloquear la implementación del decreto, el 18 de junio la Corte Suprema dictaminó que esos recursos individuales no podían frenar una norma federal de carácter general, aunque dejó una posibilidad abierta: las acciones colectivas.
La batalla legal sigue abierta
La clave del freno actual está en una acción de clase presentada por una asociación en defensa de los inmigrantes, que fue aceptada por un juez en New Hampshire. Esto permitió suspender la aplicación del decreto de Trump.
“Lo que pasó ayer es que el juez habilitó la suspensión del decreto de Trump por una acción colectiva”, explicó Luchilo. Sin embargo, la historia está lejos de cerrarse: el gobierno ya anunció que apelará la decisión.
“Ninguna de estas decisiones supone hasta ahora un juicio sobre el asunto de fondo”, advirtió el especialista, aclarando que aún no se ha determinado si la medida es constitucional o no. La Corte Suprema deberá pronunciarse eventualmente sobre la validez de la orden ejecutiva, pero aún no lo ha hecho.
Respecto a los plazos, Luchilo anticipó que “la apelación será presentada en muy corto plazo, si no la están presentando ya hoy”. Mientras tanto, el 27 de julio se mantiene como fecha clave, ya que es cuando vence el plazo establecido por la Corte antes de aplicar la medida, a menos que intervenga una nueva resolución judicial.
“Tarde o temprano, más temprano que tarde diría, la Corte va a tener que dictaminar sobre el fondo del asunto”, concluyó el profesor, dejando en claro que el futuro del derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos aún pende de una decisión histórica.
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