La Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un decreto de régimen de excepción que busca frenar la violencia desatada en el país. El mismo suspende durante 30 días derechos constitucionales como la libertad de asociación, derecho a la violencia y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones.
La medida se tomó como forma de contener una situación qué azora en el país centroamericano: tan solo en dos días hubo 76 muertos. Las fuerzas policiales y soldados salen a las calles equipados con chalecos antibalas y fusiles de asalto para controlar los barrios qué se encuentran dominados por las pandillas.
"El Salvador: cientos de personas detenidas por la policía tras ola de asesinatos"
Tan solo el sábado, 62 personas murieron a raíz de una balacera desatada por las pandillas. Dicha jornada se constituyó como la más mortífera desde la guerra civil, entre 1979 y 1992. Por su parte, el presidente Bukele, de 40 años, prometió en su campaña antes de ser electo, llevar orden a las calles de El Salvador, qué se ha convertido en uno de los lugares más violentos del mundo, con medidas que no contemplan los derechos humanos.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a funcionarios salvadoreños por su papel en la negociación de una “tregua secreta con dirigencia de las pandillas”. En el hecho, se vieron involucrados el viceministro de Justicia y el director de Reconstrucción del Tejido Social de la presidencia.
Por su parte, Bukele, negó las acusaciones sobre cualquier tipo de negociación con las pandillas. Además, rectificó que no hubo ningún tipo de tratamiento preferencial de los cabecillas encarcelados.
