La Constitución de Venezuela, enmendada por el propio Chávez en 1999, establece que el mandato del presidente puede ser revocado mediante una consulta popular. Si el referéndum se realiza antes de que se cumplan los cuatro primeros años de gobierno, y el mandatario pierde la votación, se convoca a elecciones inmediatas para designar al sucesor. En cambio, si el revocatorio se produce luego de ese lapso, no hay comicios sino que asume el vicepresidente hasta completar el período.
La oposición pretende que el referéndum se celebre antes del 10 de enero de 2017, cuando Maduro cumplirá sus cuatro años en el poder. Ante la contradicción que supondría resistirse a un instrumento ideado por Chávez, el gobierno venezolano ha optado por una estrategia de reducción de daños: intenta demorar la consulta tanto como sea posible.
El Consejo Nacional Electoral, acusado por la oposición de ser funcional al chavismo, anunció el martes pasado que la recolección de los cuatro millones de firmas necesarias para dar curso legal al revocatorio no se realizará hasta fines de octubre, lo que no deja margen para que la consulta popular se realice este año. De esa forma, la chance opositora de forzar a un llamado anticipado a elecciones por vía constitucional queda descartada.
Sin embargo, la celebración del revocatorio en 2017 se mantiene en el horizonte como un escenario más que probable. Esa alternativa es incluso contemplada con simpatía por sectores del chavismo que ven a Maduro como un lastre. El halo de disconformidad sobrevuela también en las Fuerzas Armadas Bolivarianas, algunos de cuyos voceros oficiosos ya no disimulan sus reparos. “Maduro no representa al chavismo”, disparó esta semana el mayor general retirado Cliver Alcalá, un peso pesado de la corporación militar durante los gobiernos de Chávez.
Si Maduro perdiera el referéndum el próximo año, sería reemplazado por su vice. Lo que deja en el centro de la escena al experimentado Istúriz, a quien el mandatario designó en la vicepresidencia en enero pasado, cuando la oposición aún no había lanzado su propuesta de revocatorio. Para abrirse una puerta hacia la primera magistratura, Istúriz sólo necesita permanecer en su cargo hasta el 10 de enero.
Es cierto que, en Venezuela, el vice es elegido a dedo por el presidente. Maduro tiene potestad para removerlo del puesto. Sin embargo, cambiar a su vicepresidente a menos de un año de haberlo designado, y en la antesala de un referéndum, sería un sincericidio: implicaría admitir que se prepara para abandonar el poder. Una vez más, todo parece acomodarse en favor de Istúriz.
Docente de vocación, este profesor de 69 años fue alcalde, parlamentario, constituyente, ministro de Educación (2001-2007), gobernador y hasta conductor de TV. A fines de los 90, recaló en el chavismo luego de haber militado en Acción Democrática, una de las fuerzas de la “partidocracia” venezolana que alternaron en el poder entre 1959 y 1994 y que hoy forma parte de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD).
Istúriz es uno de los pocos dirigentes chavistas valorados por la oposición. Cuando fue confirmado en la vicepresidencia, el presidente del Parlamento, el antichavista Henry Ramos Allup, lo elogió con una cuota de acidez: “Tiene experiencia y manejo político; a lo mejor sea para compensar las carencias de Maduro”.
Fausto Masó, popular escritor y analista político venezolano, fue todavía más explícito. “Al nombrar a un vicepresidente con peso político, Maduro se pegó un tiro en la sien –escribió en febrero pasado en el diario El Nacional–. Con Aristóbulo, el chavismo tiene mil razones para librarse de Maduro y ganar tiempo. Con él de vicepresidente, Maduro está de sobra”. Un año después, para Istúriz será cuestión de permanecer en el lugar y en el momento indicados.
