Una vez más la infanta Cristina de España, hija del rey Juan Carlos, fue imputada por la justicia por presuntos delitos de blanqueo de dinero y fraude, en un caso judicial que minó la credibilidad de la Monarquía y se convirtió en un "martirio" para el rey y su familia. De hallarse más pruebas de su culpabilidad, la infanta podría verse sometida a un juicio sin precedentes contra un miembro de la monarquía española y a una condena que rondaría los once años de prisión.
El juez José Castro, del Tribunal de Justicia de las Islas Baleares, emitió la orden de imputación después de una ardua investigación detallada en un dictamen de 200 páginas. En ellas se exhiben pruebas de que la hija del rey español cometió delitos de fraude fiscal, cargos que niegan la infanta y su esposo, también investigado. El abogado de la infanta afirmó que está "absolutamente y plenamente convencido" de la inocencia de su cliente.
Iñaki Urdangarin, con el que la infanta está casada desde octubre de 1997, enfrenta desde 2011 la imputación por fraude, evasión fiscal y falsificación documental, entre otros delitos por desviar cerca de 6 millones de euros de fondos públicos a través de una fundación presuntamente benéfica. El duque de Palma enfrenta así cargos que podrían costarle 23 años de prisión.
Con estos nuevos cargos contra la infanta, el juez Castro fue en contra las recomendaciones de la Fiscalía Anticorrupción, que en diciembre pasado argumentó que no había evidencia de que Cristina de Borbón (de 45 años) haya cometido estos delitos. Sin embargo, desde diciembre se fueron conociendo detalles que demuestran la participación de la infanta en los negocios fraudulentos de los que se acusa a su marido.
Esta es la segunda vez que se cita como imputada a la infanta, pero cuando se hizo por primera vez (abril de 2013) la justicia suspendió la citación después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara recurso de amparo. El juez Castro argumentó la necesidad de investigar y tomar declaración a Cristina de Borbón para "evitar que la incógnita se perpetúe" y no desdecir la máxima que establece que la "justicia es igual para todos".
De todos modos, se continuó la investigación debido a que existían fuertes indicios de que Cristina pudo incurrir en posibles delitos fiscales y de blanqueo desde la empresa Aizoon, de la que es propietaria junto a su esposo.
Casi todos los principales partidos políticos españoles reaccionaron este martes ante la nueva imputación de la infanta. El Partido Popular se limitó a expresar su “respeto” a las decisiones judiciales, mientras que el PSOE pidió que la Justicia actúe con Cristina de Borbón “como lo haría con cualquier otro ciudadano”.
El Partido Nacionalista Vasco destacó que no sorprende la imputación de la infanta Cristina “después de los datos aparecidos en los medios de comunicación”, los cuales, a su juicio, “parecen corroborarse”. El partido UPyD exigió que la Justicia sea igual para todos ý que no se niegue el “derecho a la defensa” de la infanta.
Ahora se espera que la infanta apele los cargos y que éstos vuelvan a ser retirados, o que se le de al juez un lapso de varios meses para llevar el caso a un juicio sin precedentes en la historia de la realeza española. De hecho, el “Caso Nóos” es el escándalo más grave que debe enfrentar la monarquía y el que más afectó a su imagen pública desde que Juan Carlos de Borbón fuera coronado en 1975.
Este domingo, día del cumpleaños del rey, se supo gracias a una encuesta publicada en el diario El Mundo que el prestigio de la familia real cayó al nivel más bajo de la historia. El sondeo demuestra que más del 83 % de los españoles cree que la familia real manejó mal el Caso Nóos y el 62 % quiere que el rey Juan Carlos abdique y deje lugar al príncipe Felipe, cuyo prestigio se mantiene intacto. En palabras del jefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, la investigación se convirtió en “un martirio” para la Corona.
*Especial para Perfil.com
