En medio del plan de deportaciones masivas, una jueza de Estados Unidos se declaró inocente en una causa que la investiga por presuntamente haber obstruido el arresto de un migrante indocumentado.
La detención de la jueza Hannah Dugan a finales de abril por la Policía Federal (FBI) marcó una escalada en el pulso del presidente estadounidense Donald Trump con el Poder Judicial, e indignó a la oposición demócrata.
Según documentos judiciales, la magistrada habría ayudado a un migrante de origen mexicano de 30 años, Eduardo Flores-Ruiz, a escapar de la sala del tribunal donde comparecía por un delito por la puerta reservada a los miembros del jurado, para que pudiera eludir a los agentes de migración que se disponían a detenerlo. El hombre consiguió salir del edificio, pero fue detenido.
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El martes Hannah Dugan, magistrada en el estado norteño de Wisconsin, fue acusada de "obstruir o impedir un procedimiento de un servicio o agencia de Estados Unidos" y de "ocultar a un individuo para impedir" su arresto, según la acusación emitida por un tribunal federal.
El miércoles, sus abogados presentaron una moción para desestimar la acusación, alegando que la magistrada goza de "inmunidad judicial durante sus actos oficiales". Se basan en un dictamen de julio de 2024 de la Corte Suprema, según la cual un presidente tiene amplia inmunidad en el ejercicio de sus funciones.
Este jueves, la magistrada desestimó los cargos que se le imputan mientras que el tribunal ha fijado la fecha del juicio para el 21 de julio. Se expone a una pena de hasta seis años de prisión.
"Si albergas a un fugitivo, no nos importa quién seas, si ayudas a esconder a uno (...) quienquiera que esté ilegalmente en este país, lo perseguiremos y te procesaremos", dijo la secretaria de Justicia, Pam Bondi, en el momento de la detención de la magistrada.
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Desde que regresó al poder en enero, Donald Trump intenta extender al máximo las prerrogativas del Ejecutivo frente a los contrapesos del Poder Judicial y del Congreso, sobre todo en su ofensiva antimigratoria. Pero muchos de sus decretos y otras medidas han chocado con los tribunales. Recientemente, en dos casos distintos, dos jueces acusaron a su Gobierno de actuar de mala fe con los juzgados que se oponen a su política de deportaciones masivas.
CD/EM
